Pedro Sánchez incinera a Montesquieu

A Montesquieu lo mataron los socialistas en 1985 y ahora ellos mismos lo han incinerado y han tirado al suelo sus cenizas para que sean arrastradas por el vuelo de las togas de los fiscales. La justicia independiente siempre es un inconveniente para cualquier tirano que se precie y el primer paso para el cambio de régimen que persigue el actual gobierno de coalición socialista-comunista, es someter a los pocos jueces y fiscales que no coinciden ya con sus deseos u obedecen, mansos y sumisos, sus instrucciones. Fue por eso que el gobierno socialista de Felipe González decidió en 1985 matar a Montesquieu, es decir, poner fin a la idea defendida por el filósofo francés de que los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser ejercidos por órganos del gobierno distintos, autónomos e independientes.

Hasta entonces los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-encargado de los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, del Constitucional, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia, y hasta de los Presidentes de las Audiencias Provinciales- eran elegidos: 4 por el Congreso, 4 por el Senado y los otros 12 directamente por los jueces. Pero en 1985 el PSOE, viendo que la justicia no se plegaba a sus deseos, decidió cambiar las cosas y a partir de entonces sus 20 miembros son nombrados por las Cortes. Fue entonces cuando Alfonso Guerra anunció que “¡Montesquieu ha muerto!”. Y una vez fallecido el filósofo francés ha sido enterrado varias veces con el consentimiento del Partido Popular, que ha logrado mayorías absolutas llevando en su programa electoral la promesa de devolver al CGPJ la independencia perdida y ha incumplido siempre esta promesa para regocijo de los socialistas.

Posteriormente fue Cándido Conde Pumpido, el fiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero a los tres días de llegar a la presidencia y que ocupó ese puesto durante sus ocho años al frente del Gobierno de España, quien en 2006 degradó el cargo que representaba afirmando aquello de que «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», en relación a que los fiscales se adaptarían a la situación política en relación con el “alto el fuego” declarado por ETA unos meses antes y el consiguiente «proceso de paz» con los terroristas del gobierno de Zapatero. Y tal y como lo prometió Conde Pumpido cumplió, siendo el sanguinario terrorista Iñaki de Juana Chaos, en libertad desde 2008, buena prueba de ello. Tras 25 asesinatos terroristas y más de 3.000 años de condena, de Juana Chaos pasó sólo 18 años en prisión.

Ahora Sánchez ha designado como fiscal general del Estado a la socialista Dolores Delgado, ex ministra de Justicia y diputada del PSOE que hace sólo dos meses daba mítines pidiendo el voto para el Partido Socialista. El currículum de la nueva fiscal general demuestra que a Sánchez ni siquiera le preocupa que tenga la más mínima apariencia de independencia. Tras arrasar con la Abogacía del Estado, forzando a esta institución a cambiar su opinión respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras en beneficio personal de Pedro Sánchez y su investidura, el presidente destroza ahora la Fiscalía General del Estado para acabar con la judicialización del que ahora llama «conflicto político catalán», así como para blindar a su vicepresidente Pablo Iglesias de las indagaciones de la fiscalía boliviana que investiga si dinero procedente del narcotráfico sirvió para financiar a Podemos. Se puede asegurar sin ninguna duda que, bajo el mandato de Sánchez, los fiscales no eludirán el contacto con las cenizas de Montesquieu.