Sánchez gastará lo mismo que Rajoy en contratar aviones para expulsar a los ilegales: 10 millones

Una de las primeras decisiones de Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa en junio de 2018, gracias a la moción de censura, fue autorizar el desembarco de los irregulares del Aquarius. El Ejecutivo socialista enfatizó entonces su compromiso con la inmigración y criticó a quienes lo cuestionaban. La realidad, un año después, es bien distinta. El líder del PSOE no sólo parece haberse olvidado de aquellas expectativas de cambio, sino que ha adoptado una línea dura contra los ilegales. Por ejemplo, en lo relativo a las deportaciones: Sánchez gastará 9,9 millones de euros en año y medio para expulsar inmigrantes a sus países de origen y para trasladarlos entre distintos centros de internamiento Se trata de una cantidad idéntica a la presupuestada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a las críticas que el partido de Gobierno hizo a su política migratoria.

Así consta en el anuncio de licitación del ‘Transporte aéreo de pasajeros para traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia’, que el Ejecutivo acaba de hacer público. Bajo ese epígrafe se incluye la contratación de los vuelos para expulsar a los irregulares.

Inmigrantes ‘climáticos’

El presupuesto base del contrato es de 9,9 millones para los próximos 18 meses, aunque el valor estimado final asciende a 10,89. El anterior contrato, firmado por el Ejecutivo de Rajoy, entró en vigor en mayo de 2018 con una duración también de 18 meses y, por tanto, seguirá vigente hasta noviembre de este año. Para sus cálculos, los socialistas se basan en el gasto de los años 2017 y 2018 para estos contratos, concluyendo que, cada mes, se gastaron alrededor de medio millón de euros. 

El contrato contempla dos servicios: por un lado, la expulsión de irregulares a sus distintos países. Y por otro, el traslado de extranjeros entre CIE’s e instituciones a cargo de organismos públicos y ONG’s, encargados de su tutela.

No obstante, la propia memoria justificativa admite que el grueso del contrato lo ocupan los primeros. «El propio objeto del contrato, que no es otro que los servicios de transporte aéreo a sus países de origen de aquellas personas que se encuentran en los supuestos de expulsión o de repatriación previstos en la legislación de extranjería, trae causa del fenómeno de la inmigración y en concreto de la inmigración ilegal en nuestro país», se destaca en el texto.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez admite que el número de vuelos es difícil de predecir, ya que depende de «factores económicos coyunturales» en España, Europa y países de origen, «factores políticos y sociales en los países de origen e, incluso, factores climatológicos» que «van a determinar la afluencia de la inmigración ilegal a nuestro país y, consecuentemente, el número de personas en dicha situación». Cabe recordar que Podemos pide en su programa que se reconozca la figura del ‘refugiado climático’, en referencia a quienes se vean obligados a emigrar debido a las situaciones medioambientales extremas en sus países.

El Gobierno subraya la necesidad de evitar vuelos regulares y de pasajeros para estos traslados y optar por vuelos específicos, destacando que «es el medio que resulta más adecuado» tanto por el número de irregulares que se suelen trasladar, como por razones de seguridad.

Más deportaciones

Lo cierto es que las cifras contradicen el discurso migratorio del Gobierno. Según datos de la Dirección General de Policía, entre junio y octubre del año pasado, las expulsiones se había incrementado casi un 15% en relación a las efectuadas en el mismo periodo del año anterior, cuando Rajoy era presidente y Juan Ignacio Zoido estaba al cargo de las políticas de Interior.

En el borrador de Presupuestos contempla además 9.000 devoluciones de extranjeros a lo largo de este 2019, casi el doble que en 2018, cuando fueron de 5.100.

El mismo borrador -tumbado en el Congreso- recogía no obstante la intención de Pedro Sánchez de conceder hasta 30.000 autorizaciones de residencia y trabajo a los inmigrantes, una estimación notablemente superior a las del Gobierno de Rajoy en años anteriores, y que era de 18.000.

Según los datos del Ministerio del Interior, el Gobierno socialista batió cifras récord en entrada de ilegales: 59.048 inmigrantes entraron en España de forma irregular en 2018, un 129% más que el año anterior.