Sánchez fulmina de la mesa el «respeto a la Justicia» tras pedirle Aragonès amnistía para 3.000 violentos

Pedro Sánchez ERC
Pedro Sánchez y Pere Aragonès. EFE/Quique Garcia

Pedro Sánchez se ha presentado este miércoles ante Pere Aragonès con su autollamada «agenda del reencuentro», un documento de respuesta a las exigencias del separatismo y que sirve de base de negociación para La Moncloa. El texto entregado en esta nueva reunión entre el Gobierno central y el catalán es una versión renovada del que Sánchez llevó a su encuentro con el después inhabilitado Quim Torra, en febrero de 2020. Entre los 44 puntos actualizados, destaca la supresión de la mención al respeto al Poder Judicial. 

Así figura, en concreto, en el punto noveno, relativo a la «reducción de la conflictividad institucional». En el texto entregado hace dos años se podía leer lo siguiente: «El Gobierno está dispuesto a escuchar y atender demandas sobre resoluciones y textos legislativos pendientes de recurso o de sentencia». Y añadía una advertencia: «En cualquier caso, el Gobierno respetará la independencia y las resoluciones del Poder Judicial y velará por su cumplimiento».

Esta última alusión desaparece ahora por completo, de forma que el nuevo texto entregado al Govern independentista queda así: «El avance en la solución de conflictos es significativo. La subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat-Estado ha resuelto discrepancias competenciales en relación con 11 normas».

El hecho de que el nuevo documento suprima el respeto al Poder Judicial no ha pasado desapercibido, especialmente por los desplantes del propio Pedro Sánchez hacia los jueces.

Con «reducción de la conflictividad institucional» el Ejecutivo asegura referirse a la negociación de posibles conflictos de competencias para evitar que lleguen al Tribunal Constitucional, el órgano encargado de dirimirlos.

Sin embargo, cabe recordar que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Con ello, la alusión a este órgano en el primer documento, la que ahora desaparece, añade un punto de incertidumbre sobre las intenciones reales del Ejecutivo. Más aún, cuando una de las exigencias clave para los independentistas, además del referéndum, es la «amnistía», y cuando Sánchez ha atacado sin pudor a la Justicia, como cuando trató de justificar los indultos a los condenados del procés señalando que «la venganza no es un valor constitucional», una afirmación que fue interpretada como un rotundo desprecio a la sentencia del Tribunal Supremo.

«Amnistía»

El separatismo tiene pendientes múltiples causas en los tribunales. De hecho, apenas unas horas antes de la reunión, el ahora conseller de Empresa, Roger Torrent, había acudido a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir dos debates sobre la Monarquía y la autodeterminación en 2019. Este martes, la Audiencia Nacional procesó por terrorismo a 13 presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Y todo mientras el ex presidente Carles Puigdemont sigue fugado de la Justicia española y los separatistas insisten en su mantra de los 3.000 «represaliados» relacionados con el procés.

En el documento, el Gobierno vuelve a utilizar además el concepto «seguridad jurídica», la misma que incluyó en la declaración de Pedralbes que acordó con Quim Torra en diciembre de 2018 para evitar referirse a la Constitución. El Ejecutivo destaca que «se avanza en encontrar soluciones a los problemas políticos en el marco de la ley y el respeto a la seguridad jurídica como lo prueba el evitar recursos judiciales a través de la negociación» en referencia a su intención de «evitar la judicialización de la política».

Sánchez y Aragonès se han reunido a solas durante casi dos horas, antes de dar paso a sus respectivas delegaciones. Después, en su comparecencia, el presidente socialista ha celebrado que la llamada «mesa de negociación» debe trabajar «sin prisa pero sin pausa y sin plazos» frente al ultimátum de dos años que el separatismo fija para un referéndum. Sánchez ha confiado en llegar a una «solución pactada» aunque ha descartado los dos objetivos del independentismo. «Ni el referéndum ni la amnistía son posibles y no sólo porque desde el punto de vista de la Constitución no se incorporen, la sociedad catalana no puede sufrir más desgarros», ha zanjado.

«Desjudicializar el proceso»

Por su parte, el presidente catalán, Pere Aragonès, se ha jactado de haber conseguido «que el Estado español se siente en una mesa de negociación». «Hemos reiterado el reconocimiento institucional mutuo y hemos constatado que estamos ante un conflicto político cuya solución debe ser refrendada por la ciudadanía», ha afirmado el separatista.

Aragonès ha advertido a Sánchez de que «los indultos han sido un paso», pero «un primer paso». «No ha terminado la criminalización del proceso independentista. Hoy Roger Torrent, un miembro de nuestra delegación ha tenido que declarar ante el TSJC por haber permitido debatir unas propuestas de los Comunes cuando era presidente del Parlament. Hay que desjudicializar el proceso, y por tanto, el fin de la represión», ha avisado. Antes de empezar su rueda de prensa, un bedel de la Generalitat retiró la bandera española.

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