OKDIARIO con los expropiados del Ayuntamiento socialista de Fuenlabrada: «Es un atraco»
Después de casi treinta años regentando el bar ‘Mezclas’, ubicado en la calle de la Plaza nº 24 de Fuenlabrada, Julia Rincón y Andrés Fernández se han enterado de rebote de que el alcalde del municipio, el socialista Javier Ayala, va a expropiarles su local. «Es un atraco», aseguran en declaraciones a OKDIARIO en las que lamentan que el Ayuntamiento quiera quitarles su propiedad y dejarles sin trabajo en plena pandemia y, además, no se haya puesto en contacto con ellos.
El Consistorio de Fuenlabrada ha aprobado la expropiación en el centro de la ciudad de 16 inmuebles que incluyen el negocio de este matrimonio, casas habitadas y viviendas de renta antigua para construir un centro cultural, viviendas y zonas verdes en el marco del proyecto ‘Distrito Centro’, una «iniciativa de regeneración urbana e impulso económico de la ciudad» que va a dejar sin sus propiedades a más de una decena de familias.
A Yolanda Martín le expropian más de la mitad de la casa en la que lleva residiendo su familia desde hace 76 años. «Es una vivienda familiar en la que llevamos residiendo de forma ininterrumpida desde 1945, habitada, que no está en ruinas, no está dejada, es nuestra casa», afirma a este periódico.
La propietaria denuncia que se enteró de que iba a ocurrir esto de casualidad cuando una prima suya «revisando documentación para otros proyectos» se enteró de la expropiación y la puso en conocimiento de Martín, quien no daba crédito.
No fue hasta más de un mes después de que el Consistorio de Fuenlabrada aprobara por la vía extraordinaria y de urgencia la «Modificación Puntual Nº 11 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» sin que los grupos de la oposición tuvieran tiempo de revisar la propuesta, tal y como denuncian ellos mismos, que los propietarios recibieron una «cartita» en la que Ayala se limitó a incluir el punto del acta del Pleno que aprobaba las expropiaciones sin adjuntar ningún tipo de comunicación personal a los afectados o de información adicional.
Ni cuándo van a ejecutarse las expropiaciones, ni cuánto recibirán por sus propiedades, nada. Todos los afectados que han hablado con OKDIARIO coinciden en el desamparo que han sentido por parte de un Ayuntamiento que no se ha preocupado lo más mínimo por su situación.
Además, Martín critica que, en concreto, la parte de su casa que le van a quitar no es para construir el centro cultural sino que para la edificación de unas viviendas que el Ayuntamiento no ha especificado de qué régimen serán.
El alcalde de Fuenlabrada señaló en una entrevista en una medio local hace apenas unos días que se trata de una serie de expropiaciones «que no quita propiedades a nadie». Una afirmación sin sentido que la propietaria no logra comprender: «¿Una expropiación que no quita propiedades? Pues que se quite él su casa», censura.
Esta misma afectada pone de relieve que en la calle de La Plaza, donde se ubican ocho de los inmuebles afectados por las expropiaciones del centro, hay un amplio número de edificios de titularidad municipal y que cualquiera de ellos podría haber albergado el centro cultural.
Esteban Escolar es otro de los propietarios a los que Ayala va a expropiar, en este caso un solar que es parte de una sociedad familiar que heredó de su madre. Escolar se enteró de la situación por una vecina.
«Tengo conocimiento de esta expropiación porque una mañana llaman a mi puerta y es una arquitecto que es vecina mía y me lo cuenta», relata a OKDIARIO.
Alegaciones
Escolar, abogado, ha colaborado con el grupo municipal Vox en la redacción de las alegaciones presentadas por la formación sobre la modificación del PGOU entre las que destaca que la Entidad Local «no procede a expropiar por ‘interés social’, sin ánimo de lucro porque «con su intervención en el mercado inmobiliario» por medio del «equipamiento cultural polivalente «obtendrá ingresos » por concesiones o alquileres, por gestionar el edificio, por tramitar licencias para la construcción de la parcelas.
Otra de la alegaciones tiene que ver con la financiación del proyecto, mediante un préstamo «descomunal» del Banco Europeo de Inversión (B.E.I.), domiciliado en Luxemburgo, en lugar de una entidad española.
Para el grupo municipal Vox en Fuenlabrada la modificación contraviene incluso el Ordenamiento Jurídico al no observar previo al inicio del expediente expropiatorio «la tramitación de la modificación del PGOU para cambiar la calificación del suelo, por el de dotación social y promover la declaración de interés público».
Asimismo, puntualiza, tal y como han confirmado los propios vecinos a este periódico, los afectados «han empezado a recibir comunicaciones informativas en febrero de este año, toda vez que se había aprobado el proyecto, en Sesión Extraordinaria y Urgente, de la Comisión del Pleno, el pasado mes de noviembre».
«La amplia discrecionalidad que motiva la expropiación por la Entidad Local, sujeta al artículo 9 de la Constitución Española, no puede dejar en indefensión a los afectados, con un proyecto cuya ‘causa expropiandi’ se justifica por motivos urbanísticos», agrega.
Por todo ello, para el grupo municipal que lidera Isabel Pérez «concurre la anulabilidad del acuerdo, con efecto retroactivo». Según ha declarado Escolar ha este periódico, de no producirse finalmente esa anulación llegarán a los tribunales y tratarán por todos los medios de paralizar estas expropiaciones.
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