Nuevo golpe de Sánchez a los ayuntamientos: tumba el plan para darles 25.000 millones en ayudas por Covid

Segundo ataque a los ayuntamientos. El PSOE ha vuelto a fraguar un desafío a las entidades locales. El primero -diseñado por Pedro Sánchez para quedarse con su superávit- fue parcialmente anulado tras el amotinamiento de los alcaldes. Ahora, el segundo, planteado por el PP para ayudar a los municipios a combatir los efectos del coronavirus a lo largo de tres años, ha sido desmantelado por completo por la capacidad de bloqueo del Gobierno y sus partidos en el Congreso de los Diputados. Las partidas implicadas sumaban hasta 25.000 millones de euros en tres años.

El fondo se componía de tres partes y la principal de ellas tan sólo reclamaba la cesión de los fondos recibidos por España y procedentes de la UE que les deberían corresponder a los ayuntamientos según su peso aproximado en el conjunto del gasto público.

Tres partidas habían sido tramitadas y diseñadas por los populares para ayudar a los distintos ayuntamientos -de uno u otro color político- a sortear los efectos del Covid-19.

La primera de ellas -la más pequeña- se centraba en favorecer el pago del transporte público local. La bajada de la movilidad por las restricciones impuestas frente al coronavirus ha tumbado los ingresos de este medio de transporte y el fondo pretendía ayudar a mantener este mecanismo tan teóricamente defendido por la izquierda. Su importe se elevaba a casi 349 millones de euros. Y ha sido rechazado frontalmente por el partido de Pedro Sánchez.

La segunda de las partidas era superior. Ascendía a 4.000 millones de euros y se había bautizado como Fondo de Reconstrucción Social para los Entes Locales. Hay que recordar que los ayuntamientos han tenido que blindarse frente al Covid y no estaban dentro de los 16.000 millones de fondo territorial dotado por el Gobierno en la primera ola del coronavirus. Es decir, que las entidades locales están capeando esta crisis sin ninguna ayuda del Gobierno central. Esta partida también ha sido tumbada sin aceptar la más mínima negociación.

La tercera y última era la de mayor peso económico. Su importe se había ligado a la percepción del rescate financiero europeo destinado a España. Se había denominado como Participación de las Entidades Locales en los Fondos Europeos durante 2021-2023. Y se pretendía que el Gobierno repartiera esas ayudas en un porcentaje cercano al peso real de los ayuntamientos en el soporte del gasto público. El porcentaje estimado se elevaba hasta el 14,6% de las ayudas captadas. Puesto que el importe máximo de ayudas de la UE se eleva a 140.000 millones, los ayuntamientos deberían haber gestionado 20.440 millones en esos tres años.

En resumen, las tres partidas sumaban casi 25.000 millones de euros -en concreto, 24.789 millones-. Pero las tres han corrido la misma suerte: la del bloqueo pleno del PSOE y la de acabar, por lo tanto en el cubo de la basura del Congreso de los Diputados. Y es que el Gobierno de Sánchez no está dispuesto a ayudar a los ayuntamientos.

Superávit

Al revés: de hecho, el Ejecutivo socialcomunista ha pretendido ya robarles su superávit. Y, en parte, lo ha conseguido este pasado verano. Esa pugna se desató en batalla campal el pasado verano. El Ejecutivo pretendió quedarse el superávit de los municipios españoles y tuvo que acabar descartando sus pretensiones ante el amotinamiento de los alcaldes. Pese a ello, no les ha dejado asignar a sus gastos más que el superávit del último año.

El Gobierno se anotó, así, uno de sus mayores fracasos recientes en el Congreso de los Diputados, que echó para atrás el decreto de remanentes de los ayuntamientos -ya que el Gobierno quería financiarse a costa de los ayuntamientos con los 14.000 millones del superávit municipal y darles 5.000 millones a cambio-.

El Gobierno de Pedro Sánchez fracasó parcialmente en ese intento de confiscar 14.000 millones de euros a los ayuntamientos españoles. El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la convalidación del decreto ley sobre la cesión de los remanentes municipales al Ejecutivo. Una propuesta que generó una auténtica rebelión municipal. Corporaciones de diversos signos políticos consideraron que el presidente Sánchez quería adueñarse de un dinero que no le pertenecía.

El remanente de tesorería (RT) es el saldo que permite saber la solvencia económica que tienen las administraciones locales al final de cada ejercicio. Incluye los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago o los fondos con los que cuenta. En definitiva, refleja su situación de liquidez.

Los ayuntamientos tienen sus remanentes en los bancos -es su dinero ahorrado-, pero no pueden gastarlo legalmente porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012, también bautizada como Ley Montoro. La norma sólo permite a los consistorios utilizar su superávit para amortizar deuda o depósitos bancarios. La Constitución también prohíbe a las corporaciones locales incurrir en déficit.
Y Sánchez vio esa hucha como una tabla de salvación. El pequeño problema -que le importaba poco- era que ese dinero no le pertenecía. Ahora se ha vengado de esa semiderrota y ha decidido bloquear el plan de ayuda municipal propuesto por el PP.