«Murcia no es Hungría»: la UE respalda el pin parental de Vox y tumba la denuncia del PSOE
La Comisión Europea ha confirmado en Bruselas que el llamado pin parental propuesto e impulsado por Vox en Murcia, y que la formación quiere extender a Madrid y Andalucía, no es susceptible de reproche, ya que entra dentro de sus competencias regionales en materia de educación. La UE se pronuncia tras una denuncia elevada por el PSOE, que consideraba el caso de Murcia similar al de Hungría, donde se tomaron medidas para la no difusión de contenidos LGTBI. La Comisión Europea advierte que no son casos equiparables.
El grupo socialista en el Parlamento Europeo denunció el pasado mes de junio en Bruselas que en Murcia «se ha aprobado una instrucción que obliga a todos los centros educativos a pedir la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad», en referencia a ese pin parental. Un instrumento impulsado por Vox en Murcia que permite a los padres vetar la participación de sus hijos en charlas de contenido ideológico.
Según denunciaba el PSOE, ese pin parental de Murcia permite «restringir el acceso a la educación en materia sexual y afectiva, dejando su ejecución a la voluntad parental, contraviniendo el derecho de todos los menores a una educación integral y fomentando la discriminación». Y lo relacionaban con el caso de Hungría, que levantó prohibiciones a la difusión de cierto contenido de temática LGTBI y que fue considerado por la Comisión Europea como una práctica «discriminatoria y contraria a los valores fundamentales de la Unión»
«En consonancia con las posibles medidas anunciadas contra la reforma legislativa húngara, ¿qué medidas tomará la Comisión para proteger el derecho a la educación de los menores y proteger los valores de la Unión en Murcia?», preguntaban los socialistas.
«Murcia no es Hungría»
La Comisión Europea ha respondido recientemente, por escrito, a esa denuncia presentada por el grupo socialista en Bruselas. Y lo ha hecho marcando una línea muy diferenciada entre el caso húngaro y el pin parental murciano.
«La situación en Murcia difiere de la reforma legislativa húngara en lo que respecta a las competencias de la Comisión. La nueva instrucción adoptada en Murcia se refiere a la educación, mientras que, en el caso de la reforma húngara, la infracción se refiere principalmente a la censura de la difusión de contenidos LGBTIQ», explica la Comisión,
Además, la Comisión Europea recuerda al PSOE que «en el ámbito de la educación, la Unión solo dispone de competencia para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros» y que Bruselas «debe respetar plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización de sus sistemas educativos, y no puede armonizar las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en este ámbito».