Testigos señalan a la ex alcaldesa de Móstoles: «Los contratos iban siempre a 2 tiendas que eran la misma»

La Guardia Civil localiza nuevas presuntas irregularidades en la contratación pública del Ayuntamiento de Móstoles, cuando fue gobernado por la socialista Noelia Posse, protegida de Pedro Sánchez. Las pesquisas, enmarcadas en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, han recogido testimonios que apuntan a un sistemático desvío de contratos municipales a empresas afines.

Varios trabajadores municipales y miembros del comité de empresa han declarado ante los agentes que la adjudicación de contratos, especialmente los relacionados con el suministro de vestuario para el personal de la Concejalía de Deportes, seguía un patrón sospechosamente repetitivo que favorecía siempre a las mismas empresas.

«El testigo no ve diferencia entre estas dos empresas ya que cuando acudían a la tienda física era el mismo local para las dos con el rótulo de ambas», recoge la Guardia Civil tras escuchar a un miembro del comité de empresa. Este sindicalista se refería así a Maxport y Gamosport, las compañías que sistemáticamente resultaban adjudicatarias de los contratos de vestuario. Compartían sede física pero también administrador, personal, correos electrónicos, etc.

Según un testigo, en una ocasión «no pueden formalizar el contrato con Maxport ya que, según les explicaron, había excedido el límite de contratos que podían adjudicarles. Finalmente adjudican el contrato a una empresa que no habían citado ni había enviado prendas para supervisar llamada Gamosport». La adjudicación de contratos sumó más de 212.000 euros entre 2015 y 2019.

Mala calidad

Otro de los testigos apunta a que la calidad de las prendas era mala: «Que tiene la sensación, junto a otros asistentes a dichas reuniones, que desde que estas últimas empresas suministran el vestuario laboral la calidad de las prendas ha empeorado y que incluso las prendas suministradas no coinciden con las que se mostraban en dichas reuniones».

La investigación ha revelado que el proceso de selección de proveedores presentaba anomalías significativas. Según otro testigo, «siempre se pedía a la misma empresa llamada Gamosport y cuando se presentaba la ropa en estas reuniones se daba por hecho que se iba a acabar comprando a Gamosport». «El dicente en esa reunión no escuchó nada sobre la posibilidad de comprar a otra empresa que no fuera Gamosport, y que esta reunión era rutinaria», añade el informe consultado por OKDIARIO.

Los testimonios recogidos por la UCO también indican que hubo intentos de cuestionar estas prácticas. Otro testigo declaró: «Como los demás participantes siempre preguntaba por qué no se cambiaba de empresa, pero que finalmente siempre contrataban a la misma».

Una empresa eliminada

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió cuando se intentó introducir a un nuevo proveedor. Un testigo explicó: «En la segunda reunión enviaron prendas las empresas Maxport y Recio, a los presentes en la reunión les gustó más las prendas de Recio que, además, eran las más baratas. En la tercera reunión ya no figuraba la empresa Recio y sólo figuraba Maxport».

En este marco, las declaraciones apuntan a posibles filtraciones de información privilegiada durante los procesos de licitación municipal. Una trabajadora de Maxport declaró: «No lo puedo asegurar, pero entiendo que sí hubo filtraciones. Me ordenaban ajustar precios y plazos y es por ello que deduce lo anterior.»

Esa empleada sugirió específicamente que «alguna vez sí debió haber filtraciones del tipo ‘se presentan x empresas con x ofertas’», y explicó que lo deducía porque «alguna vez su compañero tenía los presupuestos confeccionados y le hacían ajustarlos.»

La investigación policial ha constatado que en 11 de los 28 expedientes de contratación analizados, Maxport y Gamosport presentaron sus ofertas en última instancia, después de otras empresas competidoras. Este patrón, combinado con que en la mayoría de los casos sus precios resultaban inferiores a los de la competencia por márgenes mínimos, refuerza las sospechas de los investigadores sobre posibles filtraciones de información.

La empleada también mencionó que por norma nunca presentaban las ofertas al principio del plazo: «Nunca se presentaban al principio, se esperaba al último día o día anterior.» En uno de los casos documentados, la oferta fue presentada apenas cuatro minutos antes de finalizar el plazo de presentación.

«Factura falsa»

Otro de los testimonios más impactantes proviene de una de las investigadas por falsedad documental. Confesó que un empresario le pidió que emitiera una factura al Ayuntamiento de Móstoles por un «buzoneo» valorado en 2.000 euros, un servicio que nunca prestó. Según declaró, «él no podía facturar ese trabajo al Consistorio, sin dar más explicaciones, pidiendo el favor de que ella emitiera dicha factura, no llegando a prestar ningún servicio».

Este caso de presunta falsificación de facturas podría ser sólo la punta del iceberg de un sistema más amplio de irregularidades en la contratación municipal. Los investigadores han intervenido miles de documentos en varias dependencias del Ayuntamiento y empresas vinculadas. El material incautado incluye expedientes completos de contratación, facturas, correspondencia electrónica y otros soportes digitales que han sido minuciosamente analizados.

La Guardia Civil ha realizado registros en las oficinas de Móstoles Desarrollo SA, empresa pública municipal, así como en las sedes de varias empresas privadas como Monsul SL, Clepsidra SL, y otras compañías presuntamente beneficiadas por contratos municipales.

Encontronazo violento

En este contexto, se registró un incidente violento ocurrido en el despacho de Noelia Posse. Según la declaración de uno de los denunciantes, el entonces concejal de Deportes de Móstoles, Agustín Martín Cortés, le habría agredido físicamente tras conocerse que había presentado una denuncia.

Fue el 12 de marzo de 2019, un día después de que se publicara que un juzgado de Móstoles abría la investigación. «Noelia Posse me preguntó por qué había denunciado a sus compañeros», relató el testigo. Durante esta tensa conversación, el testigo afirma que «recibía insultos por parte de Martín». Le preguntaron por qué no había advertido a sus compañeros de las posibles ilegalidades, a lo que respondió que «el concejal de Hacienda lo sabía».

«El concejal dijo tú a mí no me vas a complicar la vida, se levantó de su sitio, rodeó la mesa, se dirigió a él, le cogió de la camiseta, le empujó y le aprisionó contra la pared». Mientras tanto, le insultaban y otros ediles trataban de separar al concejal del testigo. Finalmente este último abandonó el despacho y el edil alterado dijo: «Vete, sí, anda, vete, que no te vea por ahí que te voy a pegar». Se denunció, pero el caso acabó archivado.