La UCO detecta que un edil de la ex alcaldesa protegida de Sánchez desvió 38.459 € públicos a su socio

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acorrala a la ex alcaldesa socialista de Móstoles Noelia Posse y a su equipo. En un informe que desvela OKDIARIO, los agentes descubren una vinculación entre el ex concejal de Presidencia, Roberto Sánchez Muñoz, y una imprenta a la que concedió contratos municipales por cerca de 40.000 euros. Se trata de Grupo 2Color, administrada por un empresario amigo y proveedor suyo. Antes de entrar en política, el edil –que también tenía una empresa de artes gráficas– le subcontrataba decenas de encargos que le llegaban a su empresa (Gráficas del Sur) y posteriormente desde el Ejecutivo local le dio 54 contratos menores.

Según consta en el documento policial, varios testigos han declarado que Sánchez Muñoz era propietario de la imprenta Gráficas del Sur CB. Luis Gómez, administrador de la empresa Grupo 2Color Goherco SL, que resultó adjudicataria de numerosos contratos municipales, reconoció ante los investigadores que mantenía una relación de colaboración con Gráficas del Sur CB.

Según dijo, Gráficas del Sur, la empresa del edil del PSOE, era una imprenta de barrio, con maquinaria pequeña pero que, no obstante, tenía buena clientela. La relación comercial entre Gráficas del Sur y Grupo 2Color se debe a que esta primera, propiedad del político socialista, les subcontrataba para que realizasen los trabajos que a Gráficas del Sur le contrataban. Así lo declaró Gómez en las dependencias policiales de la Guardia Civil de Arroyomolinos como testigo.

La UCO ha documentado pagos por valor de al menos 159.919 euros realizados por Gráficas del Sur CB a Grupo 2Color entre 2015 y 2019, coincidiendo con el periodo en que Sánchez Muñoz ejercía como concejal de Presidencia, Seguridad Ciudadana y Comunicación del Ayuntamiento de Móstoles bajo las órdenes de la imputada Noelia Posse.

El empresario de la imprenta Grupo 2Color afirmó en la Guardia Civil, además, que comenzó a resultar adjudicatario de contratos del Ayuntamiento precisamente cuando Roberto Sánchez asumió su cargo en el consistorio: «Mi empresa empezó a resultar adjudicataria cuando Roberto Sánchez Muñoz empezó a desempeñar funciones como concejal en ese consistorio. Conocía a Roberto de antaño a través de la imprenta de este último».

Eduardo de Santiago Dorado, concejal de la oposición por el Partido Popular durante el período investigado, declaró que era «vox populi» en el Ayuntamiento que Sánchez Muñoz tenía una imprenta y que cuando asumió su cargo como concejal en 2015 lo hizo inicialmente «sin delegación en Presidencia (es decir, que no tenía dedicación exclusiva), toda vez que se hablaba que tenía incompatibilidad por tener una imprenta». Según su testimonio, en 2016 Sánchez Muñoz pasó a tener dedicación exclusiva, «entendiendo que ya no tendría vinculación con dicha imprenta». Al menos sobre el papel.

La investigación también recoge el testimonio del Interventor municipal, Caín Poveda Taravilla, quien manifestó que «se comentaba fuera del Ayuntamiento, si bien él no sabe a ciencia cierta, que Roberto Sánchez Muñoz tenía unas empresas relacionadas con tareas de impresión en Getafe a las que les fueron adjudicados contratos desde el Ayuntamiento de Móstoles».

Estos hallazgos forman parte de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el Ayuntamiento de Móstoles, que incluye también el análisis de contratos para la actualización de la página web municipal que, según varios testigos, fueron pagados pero nunca ejecutados. Además hay varias patas más en este caso de contratación presuntamente irregular ligada a reformas de colegios y compra de material deportivo.

Como ha publicado OKDIARIO, la UCO detecta la adjudicación irregular de dos contratos menores por un valor total de 42.713 euros destinados a actualizar una página web municipal cuyo desarrollo estaba blindado para otra empresa. Numerosos testimonios recogidos indican que estas actualizaciones nunca llegaron a realizarse.

Más líneas de investigación

La investigación que afecta a la actual líder de la oposición en Móstoles, a la que apoya Pedro Sánchez, se inició tras la denuncia de dos empleados municipales y ha revelado diversas líneas de contratación presuntamente fraudulentas entre 2015 y 2018 en el segundo municipio más grande de la Comunidad de Madrid.

Los dos contratos investigados en el ámbito de la comunicación fueron otorgados en 2017: un contrato a Monsul SL por 21.538 euros para el «Diseño, construcción y gestión de la página web corporativa del Ayuntamiento de Móstoles» y otro a AG Marketing SL por 21.175 euros para una «Segunda fase de actualización página web: desarrollo e implantación de contenidos».

Lo más llamativo del caso, según el informe policial, es que varios testigos del departamento de informática municipal han confirmado que estos trabajos nunca pudieron realizarse. La web del consistorio (mostoles.es) está gestionada desde 2006 por la empresa Divisa IT mediante su tecnología Proxia, con un contrato de exclusividad que seguía vigente durante el periodo investigado.

«No es posible [que otras empresas gestionaran la web municipal] porque Divisa IT es la propietaria del gestor de contenidos con el que el Ayuntamiento trabaja desde aproximadamente 2006 y que sigue en la actualidad», declaró una de las técnicas municipales responsables de la web.

Otro funcionario afirmó que «adjudicar esos dos contratos significaría volver a construir la página web oficial del Ayuntamiento. […] No obstante, este hecho no es posible porque la página web del Ayuntamiento está bajo el gestor de contenidos de DIVISA IT».

La UCO ha verificado, mediante el análisis de movimientos bancarios, que ambos contratos fueron pagados íntegramente por el Ayuntamiento de Móstoles bajo la administración de Posse. Esto ocurrió a pesar de que un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluyó que «nos encontramos ante un fraccionamiento del objeto del contrato, con el resultado de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad».

El Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles mantiene abiertas las diligencias previas, que han estado secretas hasta ahora, en las que se investigan varios posibles delitos como prevaricación, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias en relación con la contratación pública del consistorio mostoleño entre 2015 y 2019.

Este caso representa un nuevo golpe para el PSOE de Madrid y para Noelia Posse, quien ya afrontó fuertes críticas durante su mandato por diversos enchufes a familiares en cargos municipales y por el juicio pendiente por el caso ITV, en el que presuntamente perdonó una deuda municipal a una empresa, enfrentándose a una posible inhabilitación de 12 años.