Crisis del coronavirus

Moncloa no teme ninguna de las 51 causas contra el Gobierno en el Supremo por el Covid: «Están politizadas»

En el Ejecutivo dan por hecho que todas las denuncias en relación con los fallecidos se archivarán directamente y que ni Sánchez ni Illa serán investigados

Covid
Salvador Illa y Pedro Sánchez. (Foto: Moncloa)
Joan Guirado

Tranquilidad absoluta en el Palacio de La Moncloa respecto las 51 causas judiciales por el Covid que existen contra el Gobierno en pleno o miembros del mismo en el Tribunal Supremo. Fuentes del Ejecutivo recelan del recorrido que puedan tener y denuncian que «están politizadas» e «impulsadas por Vox». De momento el Alto Tribunal las tiene todas guardadas en un cajón a la espera de decidir si hay o no indicios de delito.

Ni el presidente, Pedro Sánchez, ni el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se muestran preocupados por tener que rendir cuentas ante la Justicia o incluso ante la posibilidad de poder ser condenados por cómo han gestionado la pandemia de covid. Son los dos miembros del Gabinete que acumulan más demandas, junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Es tan poco el miedo que hay a todas esas demandas judiciales que el presidente incluso bromeaba, en una conversación informal con los periodistas, recordando que «Illa y yo estamos en el centro de todas las demandas». En su Gabinete creen que todas las que tienen que ver con los delitos de homicidio imprudente «no se acabarán admitiendo» y, por lo tanto, «no tendrán que responder por ello».

Querellas sobre la compra de material

Si bien en el complejo presidencial están tranquilos porque las querellas sobre la responsabilidad de los fallecidos no tendrán ningún recorrido. Otro tipo de suerte pueden correr las que están relacionadas con la compra de material fraudulento o la protección de los sanitarios. Sobre ambos temas el optimismo es más moderado.

En el Gobierno creen que alguna de esas denuncias o querellas pueden llegarse a instruir, y por ente, obligar a algún miembro del Gobierno a tener que dar explicaciones, probablemente el ministro de Sanidad, pero defienden que «ante los tribunales será fácil probar que nunca se obró de mala fe».

Informe de la fiscalía

Este mismo jueves, el Tribunal Supremo solicitó informe a la Fiscalía sobre la competencia, la posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas desde la declaración del Estado de alarma hasta la fecha, contra miembros del Gobierno en relación con la crisis del covid.

Será una vez que la Sala ll del Alto Tribunal reciba el informe del fiscal cuando los magistrados decidirán el futuro de este medio centenar de causas abiertas contra los miembros del Ejecutivo. En concreto el Tribunal Supremo deberá determinar si instruye o no 36 denuncias y 15 querellas que podrían provocar un desfile de altos cargos por sede judicial.

Un fiscal que se iba a jubilar

Ese informe solicitado este jueves por la Sala ll del Tribunal Supremo lo tendrá que firmar el fiscal Luis Navajas. Se trata de un servidor público que tenía previsto jubilarse ya y que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha mantenido en su cargo hasta finales de año.

Con 72 años, Navajas es el fiscal general en funciones del Supremo desde el fallecimiento repentino de José Manuel Maza. Antes, en 2014, había sido nombrado teniente fiscal y fiscal jefe de la Audiencia Nacional de San Sebastián. Allí se hizo famoso por el informe Navajas, que vinculaba a narcotraficantes con agentes de la Guardia Civil del cuartel de Itxaurruondo.

Cambio de discurso

Desde hace algunos días, en varias entrevistas concedidas por Pedro Sánchez, el Ejecutivo ha cambiado su discurso respecto lo sucedido durante los primeros días del mes de marzo. Si entonces se alardeaba de haber sido el país que había reaccionado más rápido y con más contundencia, de golpe Sánchez ha empezado a reconocer que su Gobierno fue tarde.

Una nueva estrategia discursiva, para algunos, estrategia de defensa ante el inminente estudio de todas estas causas judiciales por Covid que van contra él, en la que ya asume que las decisiones se tomaron con demasiada lentitud. Aun así, Sánchez, recuerda que «con los datos que tenemos hoy es evidente que llegamos tarde, con los datos de entonces, llegamos cuando teníamos que llegar».

El presidente explicó hace unos días que, con la cifra de muertos que se registraba la primera semana de marzo, la ciudadanía «no habría entendido» que se decretase el Estado de alarma y el confinamiento pese a que en algunos países ya se estaba haciendo. Pedro Sánchez responsabiliza también de la decisión al resto de grupos parlamentarios y pone en duda que, pese a que en la primera votación consiguió el apoyo casi unánime de la cámara, los partidos de la oposición hubieran validado el decreto.

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