Moncloa asume el ‘no’ de ERC a los Presupuestos y se centra en el apoyo de Cs, PNV y Bildu

ERC ya no es imprescindible para la gobernabilidad. Lo saben ellos y lo sabe Moncloa. Con Ciudadanos cada vez más cerca del Ejecutivo de coalición, convirtiéndose ya en uno de los socios preferentes para los socialistas, los 13 diputados separatistas catalanes han dejado de cotizar como lo hacían hace tan sólo unos meses. Los Presupuestos Generales del Estado, la gran herramienta de presión de Gabriel Rufián, “saldrán adelante” sin ellos, aseguran fuentes del Gobierno.

En el Ejecutivo confían plenamente en que, antes de acabar el año, el Congreso dará luz verde a unas nuevas cuentas públicas. Sustituirán las de 2018, aprobadas por el Partido Popular justo antes de la moción de censura, que se han prorrogado hasta ahora. Serán unos Presupuestos más sociales y expansivos para hacer frente a la situación económica y social derivada de la pandemia. La falta de liquidez, los compromisos con Bruselas y las diferencias entre los socios de Gobierno comprometen la elaboración de unos números que tienen que cuadrarse en las próximas semanas.

El Ministerio de Hacienda, que dirige la portavoz María Jesús Montero, trabaja a contrarreloj para tener listo en septiembre el proyecto de ley de las cuentas públicas. Entonces comenzará la negociación oficial con los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, reconocen fuentes del Ejecutivo, hace días que se sondean los apoyos. La suma de PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Bildu y los partidos minoritarios parece ser la elegida.

Si bien en Moncloa dan por hecho que los Presupuestos para el 2021 contarán con el sí de la formación de Inés Arrimadas y los nacionalistas vascos, el Ejecutivo no quiere llegar a la votación sin tener los votos cerrados.

Para evitar agonías, el Gobierno socialcomunista se quiere garantizar previamente el sí de los cuatro diputados de EH Bildu y del resto de fuerzas minoritarias. En conseguir estos apoyos se centra ahora la labor de los negociadores socialistas y podemitas. Y saben que no les saldrán gratis. Los regionalistas cántabros o Teruel Existe harán valer su voto para lograr más partidas para sus territorios.

ERC ya no es prioritario

El Gobierno se está cansando de ERC, pero aún así no puede romper completamente con los separatistas. Moncloa les necesita para sacar ciertas leyes adelante y para no poner fin a la legislatura, de forma prematura, como amenaza permanentemente Rufián. Los separatistas reclamaron más tiempo a la coalición socialcomunista para iniciar el trámite parlamentario de las cuentas, porque consideran que, cuanto más tarde se puedan debatir, será más fácil garantizar su apoyo. El objetivo de esa maniobra es no interferir en el calendario judicial de Quim Torra y en las inminentes elecciones catalanas.

Tal como avanzó OKDIARIO a finales de junio el Gobierno no está dispuesto a esperar a que los de Oriol Junqueras se decidan. Pedro Sánchez les dio tiempo en 2019 y al final tuvo que acabar convocando elecciones anticipadas. Ahora, como fórmula de presión hacia los independentistas, pero también con la voluntad de que los Presupuestos estén disponibles cuanto antes, Hacienda ha aligerado los trámites para que los grupos parlamentarios dispongan de un primer borrador a mediados del próximo mes de septiembre. A partir de ese momento, PSOE y Podemos, que discrepan sobre los apoyos, podrán empezar a negociar con todos los grupos parlamentarios de cara a la votación que se producirá entre octubre y noviembre.

A la espera de los ayuntamientos

El objetivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue siendo presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso el próximo mes de septiembre.

Por eso, desde el departamento que dirige, hace días que se instó al resto de ministerios a que hicieran llegar sus propuestas para lograr cuadrar un puzzle difícil de encajar. Sin embargo, en los planes de Montero, ha aparecido una piedra en el camino: los alcaldes, en contra por la prohibición de utilizar sus remanentes.

Los ayuntamientos, irritados con la decisión del Gobierno sobre la confiscación de los excedentes municipales y el pacto alcanzado entre el Ejecutivo y la Federación de Municipios y Provincias, que preside el socialista Abel Caballero, han obligado a la ministra a aparcar temporalmente la elaboración de las cuentas para centrarse en conseguir un nuevo acuerdo con el mundo municipal. De momento el Ministerio de Hacienda sigue sin lograr un consenso mayoritario que garantice la convalidación en el Congreso.