Moncloa admite al Congreso que Iglesias no vigiló las residencias y sólo «apoyó» a las comunidades

El Gobierno ha admitido al Congreso de los Diputados que su mando único durante el estado de alarma, con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como coordinador de la parcela de las residencias de mayores, no vigiló la situación dramática en estos centros sociosanitarios, donde se han producido cerca de 20.000 muertes por coronavirus.

Según una respuesta al Grupo Parlamentario de Vox, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo socialcomunista reconoce que la actuación de Pablo Iglesias, en quien delegó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la supervisión de las residencias durante la alarma, no ha ido más allá de «apoyar» a las comunidades autónomas.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo, reza en la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de la secretaria general del Vox en la Cámara baja, Macarena Olona, «se han dirigido principalmente a apoyar la labor desarrollada por las comunidades autónomas y las direcciones de los centros, con recomendaciones sobre cómo debería actuarse para evitar la extensión de la enfermedad y a mejorar la información disponible». La diputada de Vox por Granada se interesó por qué actuación llevó a cabo el Ejecutivo central para proteger a los mayores y al personal que presta servicio en la residencia ‘Virgen de la Paz’ de la localidad granadina de Santa Fe.

Así, el Gobierno socialcomunista afirma que si bien «la gestión y control directo de los centros sociales residenciales así como la atención sanitaria de sus residentes corresponde a las autoridades de las comunidades autónomas», fue debido al «especial impacto» de la crisis sanitaria del Covid-19 en centros residenciales, y «aún más» en los de personas mayores, por tratarse de una «población especialmente vulnerable a esta enfermedad y requerir permanentes cuidados personales que pueden facilitar el contagio», por lo que el Ejecutivo adoptó «importantes decisiones relacionadas con estos centros» tras la declaración del estado de alarma.

Mando único

Es decir, Moncloa admite que desde el mando único, con Pablo Iglesias como delegado para las residencias, se adoptaron varias medidas, pero de carácter secundario, sin afrontar la crisis en estos centros sociosanitarios desde la primera línea. Entre esas medidas, el Gobierno alude a la publicación de «recomendaciones y órdenes» ministeriales, el refuerzo de las plantillas con un fondo de 300 millones de euros y la obligatoriedad de las residencias y las comunidades de dar cifras sobre la evolución de la pandemia en estos centros. Esta última actuación llama poderosamente la atención en tanto es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que sigue sin dar una cifra real de las personas que han muertos en geriátricos. Algunos análisis de los datos recabados por las comunidades hablan de cerca de 20.000 fallecidos.

Una de esas órdenes ministeriales de Sanidad fue la Orden SND/322/2020, de 3 de abril, que «debido a la situación cambiante de la crisis sanitaria» modificó dos órdenes anteriores de marzo (la 275 y la 295) y evidenció que correspondía al Gobierno la responsabilidad principal sobre los geriátricos al encontrarse el país en una situación excepcional de estado alarma, de ahí el mando único (Presidencia, Sanidad, Interior, Defensa y Transportes).

La citada orden 322 decía que era «necesario adoptar nuevas medidas con el fin de contribuir a la contención del COVID-19 en los centros de servicios sociales de carácter residencial. Y aquí, subrayaba que se debía «priorizar la identificación e investigación epidemiológica de los casos por COVID-19 relacionados con residentes, trabajadores o visitantes de estos centros», facultando para ello a las comunidades autónomas, sobre las que ahora el vicepresidente Iglesias descarga toda responsabilidad.

Desde el 19 de marzo

En cambio, lo que hizo él en aquella rueda de prensa del pasado 19 de marzo en el Palacio de la Moncloa fue ponerse al frente de la coordinación de las residencias y prometer una gestión eficiente, algo que los acontecimientos posteriores han desmontado por completo. «Es una prioridad absoluta del Gobierno responder a la situación en los centros de mayores. Es urgente medicalizar estos centros, reforzarlos con más plantilla, más recursos y equipos de protección individual para los profesionales de estos centros», manifestó Iglesias entonces.

Pero tal predisposición fue también desmentida la pasada semana en el Congreso de los Diputados por un testimonio sobrecogedor en la Comisión de Reconstrucción Social y Economía, el de Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), patronal española de residencias de mayores. Durante su intervención, incidió en la falta de respuesta por parte del Gobierno a sus reiteradas peticiones de ayuda. Así, relató cómo, en los momentos más críticos, contactó con los propios ministros. «Hablé con ellos ¿Y qué encontré? Reproches entre comunidades, entre partidos políticos… Nosotros no queríamos reproches. Estábamos en medio de una pandemia. Lo que estábamos sufriendo era inhumano. Sólo les pedía que nos sentáramos en una mesa y que el Gobierno dijese: vamos a solucionarlo», algo que no se produjo.

Además, Pascual respondió veladamente a las críticas vertidas por parte de Iglesias al sector privado de las residencias. «No somos mercenarios, somos pymes que hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. En algunos pueblos somos la empresa más grande que hay», subrayó la compareciente.