Manos Limpias denuncia a Sánchez y al rey de Marruecos ante la Corte Penal Internacional por la crisis de Ceuta

El sindicato Manos Limpias, a través de su presidente, Miguel Bernad, ha presentado ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación al amparo del artículo 15 del Estatuto de Roma, en la que solicita «la preservación de las pruebas disponibles y una investigación independiente» sobre los hechos ocurridos en la frontera entre Marruecos y Ceuta desde el 30 de julio de 2026. El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, aclara expresamente que «no pretende anticipar conclusiones definitivas ni afirmar hechos que todavía deben ser investigados».

Entre las personas cuya actuación pide examinar figuran, «sin perjuicio de la identificación de otros responsables», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «en atención a sus competencias de dirección de la política interior y exterior»; el rey de Marruecos, Mohamed VI, «en su condición de jefe del Estado marroquí y máxima autoridad institucional y militar»; los ministros españoles de Interior, Defensa, Exteriores, Sanidad y Migraciones; sus homólogos marroquíes; y los mandos policiales y militares que hubieran impartido órdenes relacionadas con el desplazamiento masivo, la vigilancia fronteriza o las devoluciones. El documento insiste en que «la inclusión de estas autoridades no supone afirmar anticipadamente su responsabilidad penal».

La comunicación detalla que entre 50.000 y más de 70.000 personas intentaron acceder o accedieron a Ceuta el 30 de julio, muchas de ellas a nado, y reclama esclarecer si ese movimiento fue «espontáneo, promovido por redes de tráfico de personas, favorecido mediante desinformación… o tolerado, facilitado o instrumentalizado por agentes o autoridades estatales». Sobre el número de víctimas, el escrito recoge la disparidad de cifras: el Gobierno español comunicó inicialmente al menos 72 fallecidos, mientras que las autoridades ceutíes elevaron el balance a 88 cuerpos recuperados, con informaciones posteriores que lo sitúan en 94 o 96, además de personas desaparecidas.

El sindicato reclama también investigar si organizaciones sindicales de trabajadores fronterizos remitieron «hasta seis advertencias» previas sobre el riesgo de una llegada masiva, y si las autoridades, pese a conocerlo, «omitieron adoptar medidas razonables de prevención y salvamento». Asimismo, pide esclarecer si algún responsable «empleó a la población migrante como instrumento de presión política, diplomática o territorial».

Uno de los apartados más delicados de la denuncia se refiere a la violencia sexual contra menores. El escrito recoge que, a 18 de agosto, la Policía Nacional había registrado once denuncias de menores marroquíes por presuntas agresiones sexuales, y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había decretado dos ingresos en prisión provisional y la expulsión de un tercer investigado, «sin que estas medidas cautelares prejuzguen la culpabilidad». Manos Limpias pide que se esclarezca si las autoridades conocían el riesgo advertido por organismos públicos y entidades humanitarias y omitieron, «de forma consciente y sostenida», medidas de protección disponibles.

Sobre los episodios de robos, saqueos y alteraciones del orden público durante los días posteriores a la entrada masiva, la comunicación matiza expresamente que «parte del material audiovisual difundido en redes sociales como supuesto saqueo en Ceuta ha sido identificado como ajeno a la ciudad o descontextualizado», por lo que «no atribuye colectivamente tales conductas a las personas migrantes ni da por auténtico todo contenido difundido», solicitando una verificación individualizada de cada hecho.

El escrito recoge igualmente la situación sanitaria, incluido el brote de sarna detectado entre el personal militar desplegado en Ceuta —24 casos, según el Ministerio de Defensa—, aclarando que «no se afirma en esta comunicación que las personas migrantes transmitieran la enfermedad» y pidiendo informes epidemiológicos independientes que eviten «atribuciones basadas únicamente en la nacionalidad o condición migratoria de las personas afectadas».

Manos Limpias solicita finalmente a la Fiscalía de la CPI que registre la comunicación, realice un análisis inicial de competencia, admisibilidad y gravedad, y adopte medidas urgentes para preservar pruebas como grabaciones de cámaras fronterizas, comunicaciones oficiales, autopsias e informes forenses. El escrito concluye con una declaración de veracidad en la que el comunicante afirma haber «diferenciado los hechos acreditados de las alegaciones pendientes de comprobación» sin «pretender atribuir falsamente delitos a ninguna persona».