El PP recurrirá en el Constitucional la ley de Sánchez que ampara la okupación en España

El PP no se quedará de brazos cruzados ante la alfombra roja que el Gobierno ha puesto a los okupas. El propio Pablo Casado, presidente de la formación, ha anunciado este sábado en Barcelona que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto del Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos porque es una situación «insostenible».

De esta forma, los populares se ponen en acción para tratar de frenar la reforma legal iniciada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En los últimos días ya varias voces autorizadas del PP habían atacado con dureza la modificación de la norma que se aprobó en diciembre.

Aunque los socialistas de forma tímida se habían unido al Partido Popular, Ciudadanos y Vox para criticar a los okupas que no respetan la propiedad privada ahora ha asumido los postulados de Podemos. La Fiscalía General del Estado, liderada por Dolores Delgado, había mandado mensajes contra los delitos de usurpación. Sin embargo, ahora vuelven a imponerse las tesis radicales de los de Iglesias.

La normativa aprobada a finales del año 2020 permitía desalojar en todos los casos en los que hubiese delito. Sin embargo, ese texto ha sido retocado tras según ha aparecido en el BOE esta semana para hablar de «consumidores vulnerables». Así, no se podrá expulsar a los okupas de una vivienda cuando la entrada en la misma se haya producido sin «intimidación o violencia».

Pablo Casado, que ha participado en la Ciudad Condal la candidatura del PP catalán a los próximos comicios regionales que lidera Alejandro Fernández, ha manifestado que hay «demasiada inseguridad en las calles» y «demasiadas viviendas okupadas». De hecho, ha agregado que este sábado se han denunciado 20 ocupaciones de vivienda en Cataluña y esa es la media de los últimos días.

«La mitad de las ocupaciones denunciadas se producen en Cataluña y quizá tiene algo que ver que aquí la alcaldesa de Barcelona no lo condena y que la Generalitat incluso legisla a favor de los okupas», ha destacado el líder del PP.

A continuación, ha censurado el real decreto del Gobierno que lidera Pedro Sánchez porque, considera, facilita «la usurpación de bienes inmuebles». «Por eso anuncio que el mismo lunes vamos a acudir al Tribunal Constitucional contra el real decreto que facilita la ocupación en España. Esto es insostenible», ha adelantado.

Como publicó OKDIARIO, el Gobierno ha modificado por sorpresa la ley antidesahucios que aprobó hace apenas un mes a través del Real Decreto Ley 37/2020, amparando ahora a los okupas que incurran en un delito. La norma exige ahora intimidación o violencia para desalojar a los okupas, mientras que hasta ahora solo se podía proceder al desalojo «si la entrada era un delito».

La nueva redacción del texto elimina el supuesto de delito para continuar con el lanzamiento y exige que «la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas». La normativa también impide los desalojos de okupas que hayan delinquido, algo que no ocurría en este momento.

Además, otro requisito para llevar a cabo el lanzamiento es que «se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada».

El #CMin aprueba un Real Decreto-ley para reforzar la protección de las personas más vulnerables

La figura de la persona consumidora vulnerable es ahora un marco normativo que permite a las administraciones públicas corregir situaciones de indefensión, agravadas por el #COVID19. pic.twitter.com/bcCCeYyxgx

— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 19, 2021

Críticas al Gobierno 

Ya en diciembre el decreto del Gobierno despertó fuertes críticas por parte de los propietarios de viviendas. Desde la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) aseguran que el Real Decreto antidesahucios provocará «una oleada de reclamaciones judiciales» por responsabilidad patrimonial y económica del Estado.

Así, denunciaron que el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, «ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados». Además, piensa que se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.

«Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos», esgrimían. Para Asval, el decreto también es un «efecto llamada» a la okupación ilegal. De hecho, ha recordado que con este real decreto España se ha convertido en una excepción dentro de Europa, «ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal».