El PP fuerza un debate en el Congreso para que PSOE y Podemos no ignoren a los jueces en su asalto al CGPJ

El Grupo Parlamentario Popular forzará otro debate en la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Unidas Podemos, a fin de impedir que la Cámara baja, como ha ocurrido este miércoles, desoiga la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para informar, junto a la Comisión de Venecia, sobre la proposición de ley con la que socialistas y comunistas pretenden limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces cuando su mandato haya caducado.

Según avanzan fuentes de la dirección del Grupo Popular, la formación de Pablo Casado registrará un escrito de reconsideración a la Mesa de la Cámara baja tras la polémica decisión adoptada este miércoles por dicho órgano (la mayoría de PSOE y Podemos se impuso a PP y Vox). Desde octubre de 2004, es decir, hace 16 años, no se tramitaba una iniciativa similar con este veto al CGPJ, según han recordado los letrados de la Cámara baja remontándose a la reforma que despenalizó las consultas secesionistas bajo mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, los socialistas también presidían el Congreso. La decisión de la Mesa para escuchar al CGP es «potestativa» y no obligatoria, según los propios letrados.

Así mismo, el principal partido de la oposición también presentará otro escrito de reconsideración a la Mesa de la Cámara sobre la tramitación de dicha proposición de ley por el procedimiento de urgencia. Desde el PP, como declara su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, una reforma de este calado «por parte del Poder Legislativo que afecta al Poder Judicial debe contar con las máximas garantías que exigen las instituciones europeas y ser debatida en profundidad».

Contra la independencia

Sin embargo, los dos partidos del Gobierno han apretado el acelerador para llevar a cabo por la vía rápida su pretendida limitación de funciones del CGPJ cuando se encuentre en funciones. Por ejemplo, PSOE y Podemos buscan a la desesperada que el Consejo no realice más nombramientos de jueces tras haber expirado su mandato, algo que atenta contra la separación de poderes, como han advertido los propios afectados.

«Se trata de una reforma planteada para controlar el Poder Judicial, que va justo en la línea contraria a la independencia de la Justicia», denuncia Gamarra en declaraciones a OKDIARIO.

Además de la solicitud del CGPJ, la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Podemos, ha tumbado este miércoles una iniciativa similar registrada por los populares. En ello, el grupo de Gamarra esgrimió que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es «manifiestamente inconstitucional» y subrayó que la «maniobra» de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, evitando así los informes preceptivos del CGPJ y el Consejo de Estado, «evidencia claramente que se trata de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas».

Con el citado procedimiento de urgencia, los plazos normales de tramitación parlamentaria se reducen a la mitad. La previsión de los socialistas es que esta proposición de ley esté aprobada definitivamente, tras su paso por el Senado, la próxima primavera. Así, la Mesa del Congreso ha fijado este miércoles un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, que ya fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.

Sin embargo, y una vez sea oída la Junta de Portavoces, tanto la decisión de desoír al CGPJ por primera vez en 16 años como la tramitación de urgencia volverán a discutirse en la Mesa a instancia de los escritos de reconsideración presentados por el PP contra este «atropello» de PSOE, Podemos y la mayoría Frankenstein al Poder Judicial.

Sin el Consejo de Estado

Se da la circunstancia de que si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, en lugar de una proposición de ley de los partidos que lo conforman, el Ejecutivo socialcomunista tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía citada.

El pasado 17 de diciembre, el propio Consejo General del Poder Judicial, con el voto de 16 de sus 21 vocales, pidió al Congreso de los Diputados emitir una opinión sobre la reforma por afectar «al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial». También reclamó, al igual que el Partido Popular, que «se dé audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta y, en particular, las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia».