Borràs paga a los diputados catalanes un curso contra el «racismo institucional» para criminalizar a Vox

Objetivo: los 11 de Vox en el Parlament de Cataluña. La presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, ha puesto a disposición de los diputados de los distintos grupos un curso contra el «racismo institucional», sufragado con dinero público, para dar herramientas a los parlamentarios para ir contra la formación que lidera Santiago Abascal.

La formación, que se realizará a lo largo de este primer trimestre del año, tiene entre su metodología conocer «causas, dimensiones y consecuencias» de ese «racismo institucional». Luchar contra el «microrracismo» y la incidencia de los discursos de odio en la calle, según se desprende de la licitación del curso, que tiene un coste de 800 euros y se ha publicado en el portal de contratación de la Generalitat, es el objetivo principal del curso.

La mayoría de grupos, no así Vox, suscribieron hace unas semanas un «compromiso de tolerancia cero con la discriminación». La iniciativa, que ha encabezado la mesa presidida por Laura Borràs, que tendrá una periodicidad de dos sesiones y cuya asistencia será voluntaria, parte de ese pacto. Un acuerdo encaminado, básicamente, a arrinconar al grupo que dirige Ignacio Garriga en el Parc de la Ciutadella.

Aislar a Vox es la máxima de la mayoría de formaciones políticas que lograron representación parlamentaria en las elecciones catalanas del 14 de febrero del año pasado. Con la excepción de Ciudadanos y Partido Popular, el resto de las fuerzas políticas negociaron un plan para reducir la visibilidad del numeroso grupo capitaneado por Garriga, el cuarto con más diputados en la cámara catalana. Unas negociaciones que ahora empiezan a visualizarse.

PSC y Comuns trabajaron un documento propio de cada partido mientras que los independentistas -ERC, JxCAT y la CUP- trazaron uno de conjunto. Finalmente, todas las formaciones separatistas y de izquierdas acabaron poniendo en común las cuatro propuestas con el resultado dejar a Vox fuera de todas las decisiones que se tomen en el Parlament, la más visible la de dejarles fuera de la mesa.

El propio presidente catalán, Pere Aragonés, ha solicitado en distintas ocasiones menospreciar al grupo de Ignacio Garriga. Él mismo se ha aplicado la petición. Lo que hacen los separatistas y el PSC es evitar responder las intervenciones de la formación constitucionalista, evitando así ayudarles a hacer de altavoz de su mensaje que consideran «racista y xenófobo».

El pasado mes de noviembre el parlamento catalán ya puso en marcha una comisión de estudio sobre el «racismo institucional», que ya se inició la pasada legislatura y que cuenta con un diputado de cada grupo, y ha aprobado resoluciones para «blindarse» contra el odio.