Justicia prepara una ofensiva para obligar a los alcaldes a retirar símbolos franquistas

Así consta en una reciente respuesta por escrito del Gobierno de Pedro Sánchez al senador de Compromís, Carles Mulet, sobre la retirada del monumento de la Cruz de los Caídos en Castellón de la Plana al considerarlo un vestigio del franquismo. 

En su pregunta, Mulet hace referencia a un informe de la Generalitat Valenciana, de julio de 2017, en el que el Director General de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, José García Añón, considera que el monumento fue erigido en «exaltación» de la Guerra Civil y de la dictadura, pese a que en 1979 el símbolo fue rectificado, eliminándose los elementos de exaltación y dedicándose «a las víctimas de la violencia». Según el Comité de Expertos, «la cruz no constituye un lugar de historia y tampoco tiene un valor escrito».

La retirada de este símbolo ha marcado las tensiones entre el bipartito que gobierna la localidad -PSOE y Compromís, con apoyo de la marca blanca de Podemos, ‘Castellón en Moviment’. Hasta ahora, los socialistas han aplazado el procedimiento, pese a las presiones del partido nacionalista.

En su respuesta, el Gobierno socialista señala que «el pasado 16 de noviembre, se procedió a remitir comunicación a la Generalitat Valenciana, así como al resto de Gobiernos Autonómicos y Ciudades Autónomas, con la finalidad de informar al Ministerio de Justicia (Dirección General de Memoria Histórica), sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y Dictadura en el territorio, y con ello, proceder a obrar en consideración, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica».

Los Ayuntamientos deberán así informar a Justicia de los símbolos de la Guerra Civil y de la dictadura que existan en sus correspondientes territorios y, «con la información a la que el Ministerio tenga acceso, así como la elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, desde la Dirección General de Memoria Histórica de dicho Ministerio, se procederá a recordar a los Ayuntamientos afectados, su obligación de dar cumplimiento a dicho precepto legal», añade el Ejecutivo.

La respuesta evidencia, en cualquier caso, las enormes dificultades que se está encontrando el Gobierno para el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, y también sus grandes carencias, como la ausencia misma de un censo de simbología franquista, que ahora se elabora.

Un hecho que se une, por ejemplo, a la falta de datos fiables sobre el número de fosas o un censo oficial de víctimas. Las únicas estimaciones, y que el Gobierno asume como referencia proceden de las asociaciones de Memoria Histórica y sitúan los desaparecidos en unos 114.000 y en 3.000 las fosas.

Retrasos en las medidas

Casi siete meses después de que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciase en el Congreso el ambicioso plan de su departamento, su ejecución adolece de grandes retrasos.

El Gobierno ha presupuestado 15 millones de euros -seis menos de los que Sánchez exigía a Mariano Rajoy- para llevar a cabo esas medidas, prioritarias, como la elaboración del censo, asumir la localización, exhumación e identificación de las víctimas, crear la llamada ‘Comisión de la Verdad’ o convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil. El proyecto de Presupuestos, que no tiene aún los apoyos asegurados, contempla además 127 millones para pensiones de guerra, y, entre otras propuestas, un plan de actos para celebrar el 80 aniversario del exilio republicano.

La propia dirección general para la Memoria Histórica ya avisó, hace meses, de que la ejecución de las promesas no sería tarea fácil, tanto por la complejidad técnica, como por el gran esfuerzo presupuestario. Liderar las exhumaciones costaría, al menos -y como publicó OKDIARIO- unos 230 millones de euros. A ello se añade que los restos, en avanzado estado de deterioro, se encuentran en la mayor parte de los casos mezclados, lo que exige de un esfuerzo adicional de identificación.

El responsable de este departamento, Fernando Martínez, ya avisó el pasado septiembre de que el proyecto puede crear “falsas expectativas” en los familiares. Y el Gobierno asume que el plan de exhumaciones va para largo.

A ello se añaden los varapalos judiciales. Recientemente, una sentencia consideró «caprichosa» la modificación de las calles llevada a cabo por el Ayuntamiento de Manuela Carmena para erradicar vestigios franquistas.

La sentencia, referida al cambio de nombre de la calle Carlos Haya, determinó que «Se hace difícil vislumbrar que el Capitán Haya hubiera contribuido con su actividad de piloto militar a la exaltación de la  sublevación militar» y considera que la decisión municipal es «completamente subjetiva» y no basada en «documentos ciertos».