Jupol declara el conflicto colectivo ante la «falta de respeto» de Marlaska con la «equiparación real»

El sindicato Jupol ha anunciado que declara un conflicto colectivo ante la «falta de respeto» que estiman que muestra ante ellos el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y la renuncia de la Administración a elevar de 807 a 1.500 millones la cantidad para que en tres años (2018-2020) se consiga lo que califican como «equiparación real y absoluta».

Lo ha anunciado el secretario general de Jupol, José María García, en una rueda de prensa junto al responsable de Comunicación, Pablo Pérez. Han explicado que la decisión se toma de acuerdo con Jusapol, plataforma de la que surgió el sindicato que recientemente logró la mayoría absoluta en el Consejo de la Policía.

La exigencia es de 1.500 millones, 700 más de los 807 ya comprometidos por la Administración entre 2018 y 2020. Jupol cuestiona la versión de Interior de que en 2020 vayan a cobrar de media un 20% más tanto policías como guardias civiles, y también dicen que 300 millones no se van a ejecutar porque la ley no permite que se destine a los compañeros de segunda actividad que pidan el reingreso. «En realidad la falsa equiparación consta de unos 500 millones de euros», defienden.

El anuncio de la declaración de conflicto colectivo se ha realizado 24 horas después de la reunión en la que el Ministerio del Interior entregó a las organizaciones firmantes y no firmantes del acuerdo de equiparación -entre estas últimas, Jusapol y sus marcas Jupol y Jucil- el informe definitivo de la consultora Ernst and Young Abogados. Sindicatos policiales como el SUP criticaron la «falta de transparencia» y anunciaron que estudian medidas judiciales, como hizo en abril AUGC, asociación mayoritaria en la Guardia Civil.

El conflicto colectivo es un instrumento de presión que, no sin polémica entre los sindicatos, ya ha sido utilizado en el pasado por las organizaciones representativas de la Policía. Consiste en paralizar cualquier medida que necesite de su aprobación en el Consejo de la Policía.

Invitación a los demás sindicatos

Jupol ha invitado al resto de organizaciones a que respalden su declaración de conflicto, admitiendo que «ralentizará» el Consejo de la Policía porque su estrategia, además, pasa por llevar a los tribunales a la Administración. Pero no creen que peligre los 247 millones del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial. «Legalmente no pueden dejar de pagar el tercer tramo y es que, si lo hacen, van a enfadar al 70% de policías y guardias civiles que simpatizan con Jusapol», alega José María García.

El líder de Jupol cree que «sí hay dinero» para destinar 1.500 millones a la equiparación policial y, aunque entiende las demandas de otros colectivos, no acepta que tengan que renunciar a más dinero porque haya funcionarios que ansían también mejoras salariales. En este sentido, ha recordado que los alcaldes «se han subido un 10% los sueldos» tras constituirse los ayuntamientos.

«No hay intención política de arreglar esto», ha lamentado José María García, censurando que el director general de la Policía, Francisco Pardo, ayer les hizo entrega de un CD con el informe de la consultora Ernst and Young en una reunión que duró una hora, «de las que 57 minutos habló él y sin hacer ninguna valoración del informe».

Jupol ha insistido en que si Interior quiere atender su demanda tiene que comenzar por convocarles a una reunión junto a Jusapol y Jucil (la marca en la Guardia Civil), además de atender a la iniciativa legislativa popular que llevaron al Congreso para garantizar una «equiparación real y absoluta» con los Mossos d’Esquadra.

Interior no amplía los 807 millones

El Ministerio del Interior no se mueve de los 807 millones en tres años (2018-2020) en base al dictamen del Consejo de Estado que avaló que el informe externo no es vinculante. Esta consulta externa era una de las cláusulas incluidas en el acuerdo de equiparación firmado por cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y APC).

Estas organizaciones, molestas con el informe trasladado ayer, piden que se respete en su integridad el acuerdo firmado en marzo en 2018 y que no se rechace de plano un incremento de la partida para equiparación. Fuentes sindicales calculan en que supondría al menos unos 200 millones extras, a los 807 ya comprometidos.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostienen que cuando se ejecuten los 247 millones del tercer y último tramo del acuerdo firmado con Juan Ignacio Zoido (PP) al frente de Interior se elevarán las nóminas en una media de un 20%, pasando a cobrar 529 euros brutos más mensuales un policía nacional y un guardia civil, 620 euros. El incremento, dicen, no tiene parangón en el resto de la Administración, donde en el mismo periodo los funcionarios públicos han tenido mejoras de un 6,25%.

La consultora externa reconoce en su informe -otro anterior fue rechazado por Interior- que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo «son el marco total y absoluto del que debe partirse», asumiendo que su documento «parte de la interpretación de la Administración contratante» porque así «ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad».

Ernst and Young Abogados también advierte en su informe final que no ha dispuesto de los datos de cada puesto de los Mossos d’Esquadra al no recibir por parte de la Generalitat de Cataluña ninguna respuesta a su demanda de información sobre salarios en la policía catalana. Interior se ha comprometido a ejecutar el tercer tramo y ha vuelto a convocar una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación para el 12 de septiembre.