La Junta socialista de Andalucía bloqueó 2.800 millones de inversiones privadas en energía renovable

La Junta socialista de Andalucía bloqueó 2.800 millones de inversiones privadas en energía renovable
Susana Díaz. Foto: Europa Press

Su impacto en empleo habría sido de más de 40.000 puestos de trabajo y también habrían servido para la reconversión de zonas agrícolas de bajo rendimiento

La negligencia de la Junta socialista de Andalucía se anota otro hito: dejó 2.800 millones de euros en proyectos de inversión en energías renovables en los cajones pendientes de tramitación. Su impacto en empleo habría sido de más de 40.000 puestos de trabajo y en impacto al desarrollo un valor incalculable porque, de haberse ejecutado, habría supuesto toda una reconversión de zonas agrícolas de bajo rendimiento para readaptarlas a un nuevo sector tecnológico y de alto valor añadido.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha presentado un informe ante el Consejo de Gobierno en el que pone de manifiesto todo un colapso administrativo de graves consecuencias. En definitiva, el escenario global es dantesco: 4.367 expedientes de calidad ambiental pendientes de tramitar. Y de ellos, además, una buena parte, hasta sumar 2.800 millones de euros centrados en proyectos de energías renovables.

El impacto total de la parálisis de la gestión socialista es difícil de evaluar y puede ascender a 92.000 empleos potenciales o, lo que es lo mismo, el 11% de la población desempleada en Andalucía. Pero, además, el tema es especialmente delicado en un sector que podría haber ayudado a desarrollar todo un área de explotación de alto desarrollo porque sólo en proyectos en renovables el empleo frenado supera los 40.000 puestos de trabajo.

Fuentes de la Consejería afirman que, sólo con desbloquear la mitad de los procedimientos pendientes de resolución y otorgando una ratio de concesión del 50% de las licencias solicitadas, se podrían crear 23.000 puestos de trabajo en la región.

Por todo ello, la Junta ha acordado modificar la ‘Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad‘ para simplificar la tramitación de los expedientes y conseguir aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello, le seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, pese a mantener todos los requisitos de protección al medio ambiente, van dirigidos a acabar con la sangría laboral y de riqueza generada por la negligencia socialista. El plan de choque del nuevo Gobierno regional de Juan Manuel Moreno incluye, además, la creación de un equipo adicional de 65 trabajadores destinado a resolver con urgencia todos los expedientes atascados.

El informe elaborado por la Consejería concluye que, en la actualidad, hay 4.367 expedientes pendientes de resolver. De ellos, 1763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1843 al de Prevención y Control Ambiental. En este último apartado se encuentra, por ejemplo, la Autorización Ambiental Integrada, un permiso que tiene regulado un plazo de resolución de diez meses, pero que los equipos de Gobierno socialistas consiguieron demorar sus concesiones hasta dos años generando atascos en cadena.

También existe la Autorización Ambiental Unificada, aunque su plazo de resolución debía ser de ocho meses pero la realidad lo llevaba hasta los 20 meses de media. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se han cuadruplicado de forma generalizada, pasando los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.

Y el impacto total –en proyectos de energías renovables y de otras materia– bloqueados por trámites en medio ambiente ha sido tremendo. Sólo en Málaga hay 1.207 expedientes bloqueados, o, lo que es lo mismo, 25.400 empleos frustrados; en Sevilla, 735 expedientes en los cajones: 15.450 empleos. Y en Almería, 536 proyectos durmiendo en los archivos: más de 11.300 puestos de trabajo aparcados. Y todo ello ocurría en una comunidad que, según las balanzas fiscales, obtiene un beneficio –ayudas netas– gracias a los sistemas de solidaridad de toda España de 6.194 millones de euros cada año. Y el Gobierno socialista de esta región decidió dejar en los cajones casi la mitad en inversiones en energías renovables.

Lo último en España