Juicio al fiscal general del Estado, en directo: última hora de las declaraciones en el Supremo y noticias de Álvaro García Ortiz

El juez suspende la sesión hasta mañana miércoles a las 10:00 horas, cuando declararán la UCO y García Ortiz

Han concluido las declaraciones previstas para este martes en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. La sesión se reanudará mañana miércoles a las 10:00 horas.

Está previsto que mañana declaren los agentes de la UCO que realizaron las entradas y registros en la Fiscalía General del Estado, así como el agente que volcó los dispositivos de García Ortiz. También intervendrán varios agentes como peritos para ratificar los informes técnicos que obran en las actuaciones. La jornada culminará con la declaración del propio Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado e investigado en esta causa por revelación de secretos.

La redactora de El Plural se acoge al secreto profesional y dice que publicó el pantallazo cuando el contenido ya era público

Cynthia Coiduras, de El Plural, ha declarado que recibió un pantallazo del email filtrado sobre las ocho de la mañana del 14 de marzo de 2024 y que lo publicó a las 09:06 horas. La periodista se ha acogido al secreto profesional para no revelar quién le envió el correo electrónico de González Amador.

Coiduras ha explicado que el contenido de ese correo ya había sido publicado antes por otros medios, de modo que cuando ella difundió el pantallazo, la información sustancial ya era de dominio público.

Otro periodista de El País ratifica la versión de su jefe y explica el mensaje que envió al abogado de González Amador

El periodista de El País Fernando Peinado ha ratificado en su declaración la versión de Romero de que fuentes de la Fiscalía de Madrid les dijeron que el letrado de González Amador había reconocido los delitos y que les fue imposible ponerse en contacto con Carlos Neira.

Peinado ha explicado cuál fue el mensaje que le envió al abogado: «Le pregunté si había procedido al pago de la multa, lo cual como ya expliqué no significa que yo no fuera consciente de que eso implicaba el reconocimiento del delito».

Concluye la declaración de Romero y el juez abre un receso hasta las 16:00 horas

Ha concluido la declaración del antiguo subdirector de El País, José Manuel Romero-Salazar. El presidente del tribunal ha suspendido la sesión del juicio, que se reanudará a las 16:00 horas de esta tarde.

Está previsto que declaren a continuación Fernando Peinado Alcaraz, periodista de El País; Berta Ferrero Franch, también periodista de El País; Juan José Mateo Ruiz-Gálvez, periodista de El País; y Cynthia Coiduras Iglesias, periodista de El Plural.

Momentos de tensión con el abogado de González Amador durante el interrogatorio

El presidente del tribunal ha intervenido cuando el abogado de González Amador ha preguntado a Romero si El País publicó «un bulo» a las 22:28, señalando que se estaba cuestionando la labor periodística, que no es objeto del procedimiento. El rotativo de Prisa recogió la versión de Miguel Ángel Rodríguez acusando a la Fiscalía de órdenes políticas para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.

Romero ha preguntado al tribunal en un momento de tensión: «¿Tengo que responderle como él quiere?». Ha defendido haberse referido a González Amador como «defraudador confeso» porque «en todo momento González Amador ante la Agencia Tributaria reconoció el fraude que había cometido». Sostiene que no se refería al correo electrónico de «ciertamente se han cometido dos delitos».

Campos revela que García Ortiz dejó de cogerle el teléfono al convertirse en fiscal general del Estado

A Campos le ha sonado el teléfono durante su declaración y se ha disculpado por ello. Se ha ofrecido a mirar si tiene varios teléfonos de García Ortiz guardados, pero finalmente los presentes no se lo han pedido. El periodista ha dado a entender que hizo llamadas a muchas personas en ese momento porque el resto de redacciones de España también estaban tratando de recabar esa información.

Campos ha explicado que García Ortiz «dejó de cogerle el teléfono cuando pasa a ser fiscal general del Estado», y que desde entonces deriva las consultas «a su equipo de comunicación». Cuando le han preguntado si su fuente es del ámbito judicial, el periodista se ha acogido al secreto profesional, aunque ha aclarado expresamente que no fue García Ortiz.

Campos confirma que habló con Mar Hedo, jefa de prensa de la FGE, por teléfono entre las 22 y las 23 horas

El periodista ha confirmado que habló con Mar Hedo, jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, esa noche. Preguntado sobre cuándo le dijeron que se preparaba un comunicado, ha respondido: «A lo largo de esa noche, entre las 22 y las 23, o antes, no sé».

Campos ha precisado que la conversación fue «por teléfono», y que cree que no habló con Mar Hedo por WhatsApp, sino mediante «llamadas por teléfono». Ha explicado su preferencia: «Muy difícil que llame por WhatsApp, la conexión es muy mala, prefiero hacerlo por teléfono».

Campos dice que «fuentes fiscales» le informaron del comunicado de la Fiscalía, distintas de la fuente del email

El abogado ha señalado que el periodista transmitió simultáneamente en el programa de la SER tanto el contenido del email como que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado, preguntándole quién le transmitió la información sobre la Fiscalía. Campos ha respondido: «Fuentes fiscales, me acojo a mi secreto profesional».

El periodista ha aclarado expresamente que esas fuentes «no tienen nada que ver con la fuente de información que me había contado el correo», diferenciando así entre quien le proporcionó el email y quienes le informaron sobre el comunicado que preparaba la Fiscalía.

Campos logró contactar con su fuente a las 22:57 tras confirmarse que «ya no había ningún secreto» sobre el acuerdo de conformidad

El periodista ha negado rotundamente haber hablado con García Ortiz o haberle escrito por WhatsApp «en ningún momento». Ha explicado que después siguió «llamando a más fuentes» y que recibió llamadas de la propia SER, hasta que «a las 22:57 logré contactar con él, con la fuente, le convenzo de que ya no hay ningún secreto, ya se sabía que había un acuerdo de conformidad».

Preguntado sobre si es lo mismo que haya una conformidad a que se hayan cometido dos delitos, Campos ha defendido que su información «revelaba la verdad, que quien proponía el pacto era el abogado de González Amador, revelaba que ‘ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública'».

Sobre si esto desvelaba información que la fuente decía que no revelaba, ha argumentado: «Yo entendía que una vez se había revelado que había negociaciones, y de un email de Salto a Neira, que en ese caso ningún secreto era revelado». Preguntado por qué esperó a contactar con la fuente, ha respondido: «Porque me debo a las fuentes».

Campos declara que llamó a García Ortiz tras conocer la noticia de El Mundo pero el fiscal general no contestó

El abogado de González Amador ha preguntado al periodista sobre las llamadas realizadas la noche del 13 de marzo. Campos ha confirmado que llamó a García Ortiz a las 21:38 –como recoge la UCO–, y que una compañera le llamó a él sobre las 21:40 para informarle de la noticia de El Mundo.

El periodista ha confirmado entonces que presumiblemente lo primero que hizo tras la llamada de su compañera fue intentar contactar con García Ortiz: «Pues sí, llamaría pero no contestó».

Ha aclarado que llamó a su fuente y tampoco coge el teléfono y también llamaría al fiscal general del Estado, «que no es mi fuente». Campos ha explicado que la llamada a García Ortiz fue «una llamada de cuatro segundos que salta el buzón de voz, por eso son cuatro segundos».

Preguntado sobre por qué no mencionó esto en la instrucción, ha respondido: «Creo recordar que me preguntó si había mantenido contacto, no había mantenido contacto». Sobre si no lo vio relevante, ha añadido: «No, porque no es una llamada contestada, como otras tantas».

El periodista de la SER declara que una fuente le mostró los emails sin dejarle publicarlos y que hizo «multitud de llamadas» para confirmarlo

Miguel Ángel Campos, periodista de Cadena SER, ha declarado que fue citado por una fuente, cuya identidad no quiere revelar, para enseñarle los emails. Le dejaron tomar notas pero la fuente no le permitió publicarlos. El periodista ha explicado que hizo «multitud de llamadas, que no quiere desvelar, para tratar de confirmarlo pero sin dar detalles para evitar una voladura controlada desde la Comunidad de Madrid en medios afines».

Campos ha relatado que «tiré la toalla a las ocho desde las cuatro de la tarde y fue imposible, había quedado con un amigo para ver el fútbol y dije: mañana lo sigo intentando». Preguntado sobre si comunicó a alguien que tenía el email, ha negado: «No lo dije porque no lo tenía, en periodismo si no lo tienes lo único que puedes provocar es una situación de tensión y de llamadas». El periodista ha aclarado que tenía el contenido transcrito pero no podía darlo.

Hidalgo de Morillo confirma que examinó la nota del caso González Amador pero no recibió aviso de violación de seguridad

El juez ha suspendido la sesión durante 10 minutos. Antes de la reanudación, la abogada del Estado ha preguntado al delegado de protección de datos si recibió algún aviso sobre el caso de González Amador. Hidalgo de Morillo ha respondido negativamente: «No, lo único es que examiné la nota y confirmé que esa nota pensaba dentro del tratamiento de datos dentro de sus funciones».

Preguntado sobre si recibió comunicación de violación de seguridad, ha sido tajante: «No». La abogada también le ha consultado si le comunican todos los fiscales de España sus cambios de móvil y de emails, a lo que ha respondido que «no, sería imposible».

Hidalgo de Morillo explica que los datos deben eliminarse tras cumplir su finalidad, salvo excepciones de interés histórico

El delegado de protección de datos ha detallado uno de los fundamentos de la protección de datos: «La limitación del plazo de eliminación, se dice que el plazo de conservación tratará los datos durante el tiempo estrictamente necesario, luego tendrá que borrarlos sin retrasos indebidos».

Sin embargo, ha explicado que existen excepciones contempladas en las normativas, como las de interés histórico o artístico: «Por ejemplo en este caso, cuando se pasen las finalidades concretas, se tendría que eliminar todo y que quede guardado sólo una referencia. Pero puede decidirse que puede tener relevancia pública, puede tener interés histórico, eso forma parte de una excepción». Preguntado sobre quién decide estas excepciones en la Fiscalía, Hidalgo de Morillo ha respondido que «lo hacen los fiscales hasta que se dicte una instrucción».

Hidalgo de Morillo considera que deberían haber citado a alguien de administración sobre los registros del email

Preguntado sobre si en el correo electrónico se dejan registros, el delegado de protección de datos ha señalado que «creo que tendrían que haber citado a alguien de la administración de prestaciones» para responder adecuadamente a esa cuestión técnica.

El abogado de Manos Limpias le ha preguntado si en sus funciones le compete los datos personales o la custodia de documentos. Hidalgo de Morillo ha respondido que «para responder a esa pregunta tendría que ir a los fundamentos», reconociendo que «no es una pregunta sencilla». Ha explicado que «estamos hablando de que la custodia o conservación forma parte de la protección de datos, así que sí», añadiendo que la responsabilidad recae sobre «el responsable de tratamiento».

Hidalgo de Morillo admite que el envío de documentación de la Fiscalía a cuentas de Gmail supone perder el control

El delegado de protección de datos ha reconocido que cuando se envía documentación de la Fiscalía a una cuenta de Gmail «supongo que sí» se pierde el control sobre ella. Preguntado sobre qué ocurre si esos correos se han borrado, ha respondido que no sabe «el back up que puede tener la empresa correspondiente».

Hidalgo de Morillo ha negado que le informaran sobre la cuenta de Gmail de García Ortiz. Sobre la instrucción relativa a la devolución de equipos que ya no se usan o se reemplazan, ha confirmado que existe una normativa que indica que hay que devolver los dispositivos antiguos, aunque también «se pueden destruir». Preguntado si las opciones son devolver o destruir, ha confirmado: «Sí».

Hidalgo de Morillo confirma que no ha habido ninguna violación de seguridad notificada, sólo pérdidas de dispositivos

Preguntado sobre cuántas actuaciones ha realizado en violaciones de seguridad, el delegado de protección de datos ha respondido que no lo recuerda con exactitud. Ha explicado que en la memoria no aparecen violaciones, pero sí «se nos han notificado pérdidas de ordenadores, USB, dispositivos móviles», añadiendo que «se ha de documentar el incidente y hay un proceso de toma de decisiones».

Cuando se le ha preguntado directamente si ha habido alguna violación de seguridad, ha sido rotundo: «Ninguna». Sobre la existencia de una autoridad de control entre 2021 y 2024, ha confirmado que «no existía». Preguntado si ahora él es la autoridad de control, ha negado: «No, no existe, está reconocida legalmente pero no existe, pasó en el CGPJ desde 2011 a 2015».

Hidalgo de Morillo niega haber sido informado sobre una filtración desde la Fiscalía General

El delegado de protección de datos ha respondido negativamente cuando se le ha preguntado si le informaron desde la secretaría técnica de que se comentaba que se había dado publicidad desde la Fiscalía General del Estado: «No, yo tengo información de los hechos concretos».

Preguntado sobre si tuvo conocimiento de la publicación del email en la Cadena SER, ha indicado que solo «por los medios abiertos», añadiendo que «solo puedo responder sobre los hechos de los que he tenido conocimiento directo». Sobre si en algún momento se planteó investigar si esa noticia se alimentaba de una filtración de la FGE, ha sido tajante: «No, la legislación dice que uno no puede excederse en el ejercicio de sus funciones, la actuación hubiera sido nula».

Hidalgo de Morillo explica que sólo investiga si recibe información o si el interesado se dirige a él

El delegado de protección de datos, preguntado sobre qué ocurre cuando el incidente se produce en la FGE y no en fiscalías autonómicas, ha respondido: «Si hablan delante de mí sí, pero si no tengo información relevante no». Lo que ha generado la sorpresa del letrado de González Amador.

Hidalgo de Morillo ha insistido en que «el delegado de protección de datos tiene una obligación de fomentar la cultura de protección de datos, darle respuesta a los interesados». Ha añadido que «si su patrocinado [González Amador] se hubiera dirigido a mí, yo le hubiera dado respuesta a las respuestas planteadas». El fiscal ha explicado que en esos casos, «el delegado investiga y trata de que haya solución amistosa, por así decirlo».

Hidalgo de Morillo asegura que la nota de prensa no constituye una violación de seguridad y que no hubo denuncia del interesado

El delegado de protección de datos ha aclarado que supervisar el cumplimiento de la normativa «no supone ninguna investigación», ya que requiere «que el interesado se dirija a la Fiscalía, cosa que no ha sucedido».

Preguntado por el juez sobre si actúa de oficio, Hidalgo de Morillo ha confirmado que sí lo hace en términos generales y si hay preguntas de interesados. En ese sentido, ha declarado que observó la nota de prensa y que, en su opinión, «esa no constituye una violación de seguridad, sin querer revelarse como especialista en la cuestión».

Hidalgo de Morillo distingue entre «incidente de seguridad» y «violación de seguridad» en su declaración como delegado de protección de datos

El fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado ha declarado sobre la guía de 2025 que establece la necesidad de estar alerta ante brechas de seguridad: «Para eso no hace falta una guía», ha señalado.

Hidalgo de Morillo ha explicado que cuando le hizo el requerimiento el TSJM sobre esos procesos en el ámbito de la Fiscalía, habló de «incidente de seguridad, que no violación de seguridad, que son conceptos diferentes». Preguntado sobre si debe ser informado cuando llega una comunicación de incidente a la FGE, ha confirmado que «a mí se me tiene que informar». Sin embargo, ha aclarado que no investiga de oficio: «Si hay notificaciones de brechas de seguridad, el objetivo es prevenirle al interesado si hay riesgo de usurpación de personalidad (DNI, cuentas corrientes, etc.) para que tome medidas».

Sanz Gaite confirma que el expediente de inspección ha sido archivado tras los autos de sobreseimiento

A preguntas del fiscal llegado de Extremadura sobre el estado actual del expediente, la fiscal jefa de la Inspección ha explicado que «ahora está archivado, estaba suspendido». Sanz Gaite ha detallado que tras los autos de sobreseimiento de los dos fiscales, el expediente ha quedado archivado «porque entendí que no hay responsabilidad en ambos».

La testigo ha añadido que la decisión de archivo está notificada tanto a ambos fiscales implicados como a Manos Limpias, la asociación que presentó la denuncia inicial el 15 de marzo.

Sanz Gaite asegura no tener conocimiento de que emails hayan conducido a investigaciones o detenciones

A preguntas de la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), la fiscal jefa de la Inspección ha respondido sobre si sabe si emails o mensajes de WhatsApp de carácter guasón o improcedente han derivado en investigaciones o detenciones. «No tengo conocimiento de que haya sucedido eso», ha declarado Sanz Gaite.

Sanz Gaite niega haber cambiado de teléfono tras el registro y explica que usa dos móviles por motivos de viaje

Preguntada sobre por qué cambió de teléfono móvil después del registro, la fiscal jefa de la Inspección ha negado rotundamente haberlo cambiado: «Yo nunca he cambiado el móvil, dos días después del registro tenía un viaje privado y como tengo dos…». Ha explicado que lleva «más de 25 años con el mismo número» y que dispone de «un teléfono secundario que uso menos».

Sanz Gaite ha aclarado que cuando sale al extranjero, dado que por su responsabilidad tiene que estar localizable, cambia de dispositivo «para garantizar que tengo internet». Ha añadido que cuando tiene una conversación activa en WhatsApp, a sus contactos les llega la notificación de que ha cambiado su número asociado, pero que al volver de viaje recupera su primer número, «que es el que tiene la mayoría de contactos de trabajo».

El juez rechaza que Sanz Gaite responda sobre el número de fiscales en Madrid tras la protesta de la Fiscalía

El letrado Frago, de la APIF, ha preguntado a la testigo cuántos fiscales hay en Madrid, a lo que el juez ha respondido preguntando qué interés tenía esa cuestión. El abogado ha explicado que «luego se eligió a un fiscal de Extremadura para este caso», momento en el que el fiscal de Extremadura ha protestado porque no veían el interés de la pregunta.

El presidente del tribunal ha zanjado la cuestión señalando que «la testigo se le llama por ser jefa de inspección y sobre eso puede responder», ante lo que Frago ha decidido pasar a otra cuestión. Sanz Gaite ha aclarado que no tiene «ninguna competencia sobre investigar una dación de cuenta» y que «la inspección fiscal no tiene ninguna competencia» en ese ámbito.

Sanz Gaite asegura que no hubo tiempo para investigar la filtración antes de que se abriera el procedimiento penal

A preguntas del abogado de la APIF, la fiscal jefa de la Inspección ha explicado que no pudo actuar sobre la posible filtración porque «no hubo tiempo, no hubo solución de continuidad, cuando abrimos expediente ya había expediente penal» en marcha.

Preguntada sobre si hubo una fiscal, María de la O Silva, que consideraba viable abrir una instrucción penal para investigar los hechos, Sanz Gaite ha respondido que no conoce ese asunto: «No tenemos competencia». Sobre si hubo una junta de fiscales de sala, ha confirmado que sí y que recuerda «perfectamente el curso de aquella junta», aunque ha matizado que «no tiene que ver con mis competencias».

Arranca la declaración de la fiscal jefa de la Inspección Fiscal, que abrió el primer expediente por la filtración

La fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado ha declarado que fueron los primeros en abrir un expediente sobre el caso. Mª Antonia Sanz Gaite ha explicado que recibió una denuncia de Manos Limpias el 15 de marzo y el 19 de marzo se abrió un expediente gubernativo. Poco después llegó otra denuncia del ICAM y se abrió otro expediente distinto porque el instructor no conocía el primero, aunque posteriormente se unificaron.

La testigo ha relatado que después les llegó noticia desde la Fiscalía de Madrid de que había otro procedimiento abierto en el TSJM, y luego que la Sala de lo Civil y Penal del tribunal se había declarado competente. Ante esta situación, dictó un decreto declarando en suspenso el expediente «conforme al procedimiento, mientras haya un caso abierto no podemos hacer nada». Sanz Gaite ha señalado que no hicieron comunicación externa más allá de informar a Manos Limpias y al ICAM para que supieran que el expediente estaba suspendido.

Ribón defiende que «sin confidencialidad no es posible ejercer una defensa libre»

El decano del Colegio de Abogados ha incidido en la importancia de la confidencialidad en las comunicaciones para alcanzar una conformidad. «Sin confidencialidad no es posible ejercer una defensa libre», ha defendido ante el tribunal.

Ribón ha detallado, a preguntas del abogado de González Amador, cuáles son los cauces que tiene un letrado para buscar un acuerdo de conformidad. El abogado de García Ortiz ha protestado argumentando que la pregunta era propia de un perito y no de un testigo, pero el presidente del tribunal ha considerado la pregunta pertinente «no como perito, sino como testigo».

Ribón asegura que todos los colegios de abogados de España comparten su preocupación

El decano del ICAM ha subrayado que la inquietud por las irregularidades en el protocolo de conformidades no es exclusiva de su colegio: «Todos los colegios de abogados de España, desde el de Lucena hasta el más al norte, comparten la preocupación por este tema».

Ribón ha remarcado que no se trata de algo particular del ICAM o del Colegio de la Abogacía, sino que «es unánime en todos los decanos y en todos los colegios» del país.

El Supremo retoma el juicio a García Ortiz

El juez retoma la sesión con Eugenio Ribón, decano del ICAM, quien afirma que su denuncia buscaba defender a la profesión ante irregularidades en el protocolo de conformidades Ribón ha declarado que su denuncia fue en defensa de la profesión ante las irregularidades en el protocolo de conformidades, no en defensa de un abogado concreto.

Preguntado por la defensa del fiscal general sobre si ha habido una reducción de las conformidades, ha respondido que no dispone de estadísticas, aunque según el CGPJ el pasado año crecieron los expedientes penales un 12% en general, y los datos habrá que ponerlos en ese contexto.