Un juez de Valladolid investiga al delegado del Gobierno por interrumpir una misa durante el estado de alarma

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El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha abierto diligencias previas para investigar la interrupción de una misa en la Catedral vallisoletana el pasado 22 de marzo, durante el Estado de Alarma. Investiga si esos hechos son constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, por un posible delito de «interrupción de culto» recogido en el artículo 523 del Código Penal. Considera que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones, tal y como apunta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Desde la organización de juristas explican que el propio Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma dice textualmente en su artículo 11: «La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que «en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos».

Castellanos recuerda que el caso de Valladolid no es aislado. «Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares», recuerda la presidenta, en referencia, por ejemplo, la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada. Y añade que «ya se han abierto diligencias por otros casos similares en Murcia y Madrid», también gracias a las denuncias de la asociación.

«Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el Estado de Alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista». «Se trata de una persecución religiosa». «La reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa», concluye Castellanos.

Misa interrumpida en Madrid

La Policía Nacional de Madrid desalojó en abril, en pleno estado de alarma, una misa que se estaba celebrando en una iglesia de San Fernando de Henares según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía a la agencia Europa Press. En esta misa habrían participado cinco feligreses y el sacerdote de dicha iglesia.

Según recoge la información de la Policía Nacional, el pasado lunes recibieron una llamada de un vecino, alrededor de las 19:55 horas de la tarde, alertando que había visto entrar a gente en la parroquia sin seguir las medidas de seguridad de distanciamiento por el coronavirus. Hasta el lugar se desplazaron dos agentes que pudieron comprobar que las seis personas que estaban en el templo no llevaban ni guantes ni mascarillas, por lo que determinaron que lo mejor era acabar con la misa.

El párroco Miguel Ángel Nieto manifestó que al ser solo 6 personas, cumplían las medidas de seguridad «sobradamente». «Por más que les he mostrado lo que el artículo 11 del decreto de alarma y los feligreses han mostrado todos el papel del Obispado que nos invitaron a repartir como salvoconducto hacia la Policía, me han dicho que si no suspendía la misa nos sancionaban» explicó el párroco a los medios.

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