El juez requisa los correos de los funcionarios que adjudicaron las mascarillas ‘fake’ en Baleares

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, ha pedido a la Guardia Civil que requise los correos de los funcionarios que adjudicaron las mascarillas fake en Baleares y Canarias. En concreto, el instructor ha pedido que se faciliten copias del contenido de todos los buzones o carpetas del correo electrónico corporativos, entre los días 1 de enero de 2020 y 1 de julio de 2020, de Julio Miguel Fuster, ex director general del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salud), y del ex subdirector de compras y logística del mencionado organismo Antonio Mascaró. El fiscal del caso pidió que se practicara esta diligencia que el juez ha considerado necesaria para la investigación. 

El juez ha ordenado el pasado 30 de septiembre que los altos funcionarios de la ex presidenta balear Francina Armengol aporten toda la documentación que obre en su poder sobre el contrato con Soluciones de Gestión, principal empresa investigada en el caso Koldo. Se trata de una licitación de mascarillas defectuosas contratadas por el anterior Gobierno de Baleares por un importe de 3.701.500 euros. La Guardia Civil ya incautó información sobre este contrato los días 19 y 21 de julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero el juez pide que se amplíen los mensajes incautados. 

«Se deberá solicitar que sea aportada copia de la información que obre en su poder sobre cualquier reclamación formulada a Soluciones de Gestión vinculada o no, al contrato. Identificado lo anterior, se solicita igualmente copia del contenido de todos los buzones o carpetas del correo electrónico corporativo, desde el 1 de septiembre de 2023 y hasta la fecha de cumplimiento del presente, de los intervinientes en la citada reclamación», matiza en el auto consultado por OKDIARIO en el que se pide más información sobre las mascarillas adjudicadas en Baleares. 

Mascarillas en Canarias

El juez del caso Koldo también pide al Servicio Canario de Salud copia del contenido de todos los buzones o carpetas del correo electrónico corporativo, entre el día 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, de la funcionaria Ana María Pérez Alfonso. También pide toda la documentación sobre los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, que ascienden a más de 10 millones de euros en el caso del archipiélago canario.

La diligencia sobre las mascarillas deberá practicarse, como en el caso de Baleares, en presencia de la Guardia Civil. Serán los agentes de la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción y Contra la Criminalidad Organizada los que tengan que llevar a cabo la supervisión. Los funcionarios están obligados a colaborar y en caso de no hacerlo podrían incurrir en un delito de desobediencia. También deberán guardar secreto sobre las actuaciones llevadas a cabo. 

El juez explica que esta diligencia sobre las mascarillas de Baleares y Canarias es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación. Ismael Moreno considera que es proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública. 

Testigos del ‘caso Koldo’

El juez también ha acordado citar como testigos al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González y a las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a los expedientes objeto de investigación. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, Ismael Moreno acepta, además, ahondar en los contratos adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaría de Estado de Seguridad.

También ha pedido que acudan como testigos el propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García. El instructor accede así a la petición de la acusación popular Liberum, que consideró necesario arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas.

A los requerimientos de información y testificales también se suma la petición a la Agencia Tributaria para que designe a funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública Soluciones de Gestión y Víctor de Aldama, el presunto cabecilla del caso Koldo. Especifica que el fisco debe indagar sobre las cuentas del ejercicio 2020 cuando se adjudicaron los contratos de mascarillas durante la pandemia por coronavirus.