Audiencia Nacional

El juez Pedraz decide cerrar Telegram en España cautelarmente por difundir programas de TV con derechos

Alternativas tras la suspensión de Telegram

La Audiencia Nacional ordena bloquear Telegram a petición de una medida cautelar

Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus han denunciado que en la app se difunden programas con derechos de emisión

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El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el cierre temporal de la aplicación de mensajería instantánea Telegram en España. Esta decisión surge como respuesta a una denuncia presentada por grandes actores del mundo audiovisual, entre ellos Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus, que alegan el supuesto uso no autorizado de contenido audiovisual sujeto a derechos de autor dentro de esa plataforma.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha tomado este viernes esta contundente medida en el marco de una solicitud de medida cautelar presentada por los gigantes del audiovisual español. El propósito de esta medida es detener temporalmente la actividad de Telegram mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

El juez instructor ha justificado el bloqueo argumentando que solicitó información a la aplicación, pero no recibió ninguna respuesta por parte de la misma. Ante esta falta de cooperación, ha optado por ordenar la suspensión cautelar.

Por el momento, Telegram sigue operativa, pero se espera que en las próximas horas se lleve a cabo el bloqueo ordenado por la Audiencia Nacional, en cumplimiento de la medida cautelar emitida por el juez Pedraz. Serán las compañías de Internet las que tengan que bloquear el acceso a los servidores que usa la segunda aplicación de mensajería en el país después de WhatsApp.

Denuncia de EGED

Junto a las empresas Atresmedia, Mediaset y Movistar Plus, la denuncia que ha desembocado en el cierre temporal de Telegram parte de EGEDA, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Se trata de una agrupación de socios para la gestión de sus derechos. Representa y defiende los intereses de los productores audiovisuales asociados en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Desde 1998, su presidente es Enrique Cerezo.

EGEDA, según explica en su web, realiza una activa tarea en la lucha contra la piratería audiovisual, desarrollando actividades que engloban desde la colaboración con las fuerzas de seguridad en la detección y denuncia de estos delitos, hasta la participación en distintas instituciones y organizaciones ligadas a la lucha contra la piratería audiovisual en todas sus vertientes.

En este contexto, EGEDA ha conseguido diversas sentencias condenatorias a piratas. Por ejemplo, en junio de 2022 la Audiencia Provincial de Zamora, con conformidad de los acusados, a tres personas como autores responsables de un delito contra la propiedad intelectual en concurso con un delito de facilitación de acceso a servicios y prestaciones audiovisuales, y con un delito de usurpación de estado civil. Entraron en juego en los tres
procesados la atenuante de reconocimiento de hechos, y en los dos últimos, además, la de reparación parcial del daño. A dos de ellos se les impuso una pena de 23 meses de prisión con inhabilitación especial para ser cargo público durante el tiempo de condena. Al tercero, 18 meses de prisión. Al ser menos de dos años no entraron en prisión.

En ese caso los acusados a través de un canal privado de Telegram y oculto tras varios pseudónimos con ánimo de enriquecerse ilícitamente, previo pago a través de la plataforma Paypal en su cuenta facilitaban el acceso a un amplio catálogo de servicios audiovisuales cuyos derechos correspondían a EGEDA. El principal condenado había estipulado una cantidad variable que dependía del servicio contratado según una lista de precios publicada en su canal. Además, facilitaba, en su caso y previo pago de 112 euros, un terminal, cuyo coste de mercado no superaba los 30 euros, y en el que instalaba la una aplicación para conectarse a una lista de canales. Además de por su canal de Telegram que fue objeto de cierre, también ofertaba dichos servicios a través de otras redes sociales como Instagram.

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