El juez y Martín Blas se dedican ahora a ‘asaltar’ emails de periodistas y responsables policiales

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha abierto una nueva pieza separada en la causa conocida como ‘operación Nicolay’. Lo llamativo de esta nueva rama de investigación es que, bajo secreto de sumario, el juez Zamarriego ha dador orden de intervenir e incautarse de todos los correos electrónicos enviados y recibidos durante los años 2013 y 2014 de varios periodistas y responsables policiales. El requerimiento judicial ya ha sido activado en el caso de Esteban Urreiztieta, subdirector del diario El Mundo, y fuentes judiciales apuntan a que en breves fechas la orden será cursada para el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

La ‘operación Nicolay’ investiga la “grabación ilegal” que se realizó de una reunión secreta el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Marcelino Martín Blas, otro inspector de Asuntos Internos y dos agentes del CNI. Los cuatro se reunieron para hablar del caso del ‘pequeño Nicolás’ y, según la grabación del encuentro, los allí presentes hablaron de “fabricación de pruebas falsas” contra el joven Francisco Nicolás.

El comisario Marcelino Martín Blas, en nombre de la Comisión Judicial de la Policía Nacional, ya pidió en un informe fechado el pasado 20 de mayo, al que tuvo acceso OKDIARIO, la imputación de un total de 14 personas, entre policías y periodistas. Su escrito incluía a Eduardo Inda, al nº2 de la Policía hasta el mes pasado, Eugenio Pino y al comisario, Enrique García Castaño. Además reclamaba la detención del comisario José Villarejo, de su esposa, Gemma Alcalá, y del periodista Carlos Mier.

La grabación de aquella reunión, en la que Martín Blas trataba sobre la fabricación de «pruebas falsas» y «la intervención» del teléfono de Francisco Nicolás, fue “filtrada” y difundida por los medios de comunicación y programas de televisión. 

Y es precisamente este extremo el que parece estar detrás de la nueva pieza separada del juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. A fecha de hoy, no está determinado quién fue el autor de aquella grabación ni quién la filtró a los medios de comunicación. Una vez que las peticiones del informe del pasado 20 de mayo fueron rechazadas por el fiscal –salvo en la declaración como investigado del periodista Carlos Mier, quien negó ser el autor de la misma–, el ex comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, quiere averiguar las fuentes de los periodistas.

Fue precisamente el fiscal del caso quien se opuso al registro de los domicilios de los periodistas, porque tal medida vulneraba sus derechos básicos, en la obsesión de Martín Blas por conocer la fuente que reveló las informaciones a Inda y Urreiztieta, quienes, por supuesto, se negaron a revelarla. Por esta misma razón, la representación legal de los periodistas ha presentado una queja en el juzgado ante un nuevo caso de vulneración de derechos fundamentales, aunque en todo caso, los emails estaban destruido tiempo antes de que llegara el requerimiento judicial.

El requerimiento del juzgado de todos los emails emitidos o recibidos por un periodista durante dos años en el ejercicio de su trabajo sería una violación flagrante del secreto profesional, pues dejaría al descubierto a decenas de fuentes informativas, y además supondría una violación del derecho a la intimidad, ya que en esos correos electrónicos podría haber cientos de temas personales y profesionales internos que nada tienen que ver con una posible investigación judicial.

Una animadversión personal y un»lavado de pruebas»

Tras publicarse los términos de la conversación mantenida por Martín Blas y otro comisario con dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia en aquel encuentro secreto se dio la paradoja de que fue el propio comisario que aparecía en la grabación el encargado de investigarla. El informe de la Comisión Judicial de la Policía Nacional, redactado por el propio Martín Blas, señalaba al periodista Carlos Mier como el autor de la “grabación ilegal”. Según el informe, Mier habría utilizado “aplicaciones de móvil” para este cometido tras llamar al número móvil de Martín Blas.

En dicho informe, el comisario pedía la detención de este periodista y del comisario Villarejo y su pareja. A los tres los señalaba como los artífices de la “grabación ilegal” y los responsables de su posterior filtración a los medios. Para ellos también pedía la entrada y registro con “uso de la fuerza si fuera necesario” en sus domicilios particulares y oficinas, así como la incautación de sus aparatos móviles y electrónicos.

Martín Blas, quien mantiene una relación de «adimadversión» con el comisario Villarejo según varios testigos de la causa, también pidió la declaración del propio ‘pequeño Nicolás’ como investigado, a pesar de que era él quien aparecía en la grabación que hablaba del «lavado de pruebas» en contra del joven. Pero el fiscal del caso rechazó todas estas diligencias, exceptuando la imputación de Mier.