El juez del ‘caso Dina-Iglesias’ se plantea preguntar a Calvente sobre la financiación ilegal de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se plantea preguntar al abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, sobre la financiación ilegal del partido de Pablo Iglesias el próximo 2 de septiembre, según manifiestan a OKDIARIO fuentes judiciales.

El magistrado del caso Dina-Iglesias, en el que se investiga el cada vez más dudoso robo del teléfono móvil de la ex asesora del líder podemita, Dina Bousselham, ha citado en calidad de testigo al ex coordinador del equipo legal de la formación morada para que declare en esta causa judicial que forma parte del caso Villarejo.

El instructor ha comunicado a las partes esta decisión después de que el letrado Calvente denunciara en Twitter que su «calvario» en la formación de Iglesias comenzó en febrero del año 2019, cuando se negó a colaborar en el supuesto caso Dina-Iglesias que tachó de «patraña».

El que fuera abogado de Podemos desveló en un tuit que él mismo advirtió a sus superiores de que «el caso Dina se convertiría en el caso Iglesias». «Acerté y no me lo perdonan», remarcó el letrado que ha llevado las irregularidades del partido ante la Justicia.

Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 1, 2020

Fraude procesal o denuncia falsa

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional interrogará a Calvente principalmente por el montaje del caso Dina-Iglesias, utilizado por el líder de Podemos como una estrategia político-judicial que le sirvió para presentarse como víctima de unas supuestas cloacas del Estado en el caso Villarejo con dos objetivos: destruir al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y frenar la sangría de votos en las elecciones generales de abril de 2019.

El magistrado investiga ahora si el secretario general de Podemos cometió un presunto delito de fraude procesal o denuncia falsa, antes de decidir si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado.

El delito de fraude procesal está tipificado en el artículo 457 del Código Penal. Incurre en él quien «emplea medios engañosos o artificiosos dirigidos a provocar en el juzgador un error de hecho que haya de originar o pueda originar una resolución errónea y por tanto injusta».

Podemos conocía desde el año 2016 que el contenido del móvil de la ex asesora de Iglesias, que publicó en exclusiva OKDIARIO, no fue producto de un robo, sino de «una filtración». Así se lo transmitió el abogado Calvente al resto de letrados de la formación morada a través de un mensaje en el chat de Telegram.

El letrado advirtió en 2016 de que el móvil de Dina Bousselham no fue robado. «Si os fijáis, son pantallazos mientras otros escriben. Lo cual descarta un móvil robado», aseguraba Calvente a sus compañeros letrados en los chats revelados por El Mundo. Por tanto, como reconoció el propio abogado, «no hay caso, no hay robo; se trata de una filtración». Nada de cloacas policiales, ni operación del Ministerio del Interior contra Iglesias.

Asimismo, los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos remitieron un informe al juez en el que aseguraban que fue la propia Dina Bousselgam quien hizo las capturas de pantallas del chat en el que Iglesias asegura que «azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero» y los reenvió a terceros. La ahora directora del panfleto podemita La Última Hora tuvo que confesar en sede judicial este extremo.

Este delito recoge que aquel que «simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a 12 meses».

Sin embargo, el juez también está investigando si el vicepresidente del Gobierno cometió otro delito más grave: el de denuncia falsa.

El artículo 456 del Código Penal recoge que «los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación». Este delito está castigado con penas de hasta dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.

La diferencia entre ambos delitos es que este último –el de denuncia falsa–exige que el autor «impute unos hechos concretos contra una persona determinada» acusándola –a sabiendas de que es falso– de haber cometido un hecho delictivo. Una circunstancia que parece tener un encaje legal con los hechos ocurridos en el caso Dina-Iglesias, según manifiestan expertos en Derecho a este periódico.

Las mismas fuentes aseguran que los fiscales y el magistrado –así como las partes– profundizarán en sus preguntas sobre la »caja B’ de Podemos dependiendo de si el abogado se muestra colaborador.

‘Caja B’ de Podemos

Fuentes judiciales explican a OKDIARIO que el juez García-Castellón se plantea interrogar a Calvente también sobre la financiación irregular de Podemos aprovechando su citación en calidad de testigo.

Las mismas fuentes aseguran que los fiscales y el magistrado –así como las partes– profundizarán en sus preguntas sobre la ‘caja B’ de Podemos dependiendo de si el abogado se muestra colaborador.

El ex jefe jurídico de Podemos se ha puesto en todo momento a disposición de las autoridades. Tanto es así que fue él mismo quien decidió denunciar las irregularidades del partido, a raíz de lo cual el juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, abrió una investigación contra la formación morada por delitos de malversación y administración desleal.