El juez cita a dos altos cargos de Moncloa que tenían los emails que filtró García Ortiz contra Ayuso

El magistrado instructor del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Ángel Luis Hurtado, ha citado a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera, directora del gabinete del Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno y número dos de Óscar López en el PSOE de Madrid, y a Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación. En el marco de la investigación que sigue contra Álvaro García Ortiz, el instructor acepta parcialmente una petición de Manos Limpias.

Según consta en el auto judicial de este 17 de febrero de 2025, ambos testigos deberán comparecer el próximo 12 de marzo, a las 10:00 y 11:30 horas respectivamente, para declarar sobre la difusión de emails del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía del 2 de febrero de 2024 que posteriormente apareció publicado en el digital El Plural.com –afín al PSOE– el 14 de marzo del mismo año justo antes de un cara a cara parlamentario del entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, y Ayuso.

La citación se produce después de que un informe de la UCO de la Guardia Civil, fechado el 19 de diciembre de 2024, revelara la existencia de comunicaciones entre el testigo Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera que guardan relación con una noticia publicada en la edición digital de la Cadena SER a las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024. El mismo informe también hace referencia a una pregunta dirigida por Lobato al entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.

En paralelo, el instructor ha ordenado una serie de diligencias para investigar los dispositivos móviles utilizados por García Ortiz, después de que se detectaran irregularidades en el registro de sus comunicaciones. Según los informes policiales, el móvil intervenido al investigado el 30 de octubre de 2024 no contenía ningún mensaje entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, y había comenzado a ser utilizado apenas una semana antes de su intervención.

El juez ha rechazado, sin embargo, la petición del sindicato de funcionarios Manos Limpias para tomar declaración a la ex ministra y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por considerar que no se ha justificado suficientemente su relevancia para la investigación. También ha denegado la solicitud de identificar al usuario de una línea telefónica específica.

La investigación ha revelado datos llamativos sobre la gestión de los dispositivos móviles. La Unidad de Informática de la Fiscalía General del Estado ha confirmado que el último terminal entregado a García Ortiz fue un Samsung A54 el 24 de mayo de 2024, aunque no se pudo facilitar su número IMEI. Además, no consta que el investigado haya devuelto ningún dispositivo móvil desde el 7 de marzo de 2024.

Ante estos hallazgos, el instructor ha ordenado nuevas diligencias que incluyen requerir información detallada tanto a la Unidad de Informática de la Fiscalía General del Estado como a la oficina de móviles del Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Racionalización del Ministerio de Hacienda. Estas instituciones deberán aportar una relación exhaustiva de los cambios de dispositivo realizados desde junio de 2023, incluyendo datos técnicos como IMEI y números de serie.

El auto también requiere información sobre posibles formateos de estos dispositivos, solicitando la identificación de las personas responsables de dichos procedimientos, las fechas en que se realizaron y el software utilizado. Esta línea de investigación busca reconstruir el historial completo de los terminales utilizados por García Ortiz durante el período de interés para la causa.

El magistrado Hurtado Adrián considera que las declaraciones de Sánchez Acera y Vallés pueden ser «útiles para el esclarecimiento de los hechos» y, en particular, para «conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo de 2 de febrero de 2024» hasta su publicación en El Plural.com. El instructor ha descartado, sin embargo, la necesidad de tomar declaración a otros testigos propuestos por las acusaciones, como Ion Antolín y Laura Sánchez Espada, por considerar «suficiente lo que los dos primeros pudieran aportar al respecto».

Escrito al CGPJ

Por otra parte, el juez del Supremo ha emitido otra providencia donde ordena unir a los autos un escrito presentado por la representación procesal de Alberto González Amador el 14 de febrero. La resolución judicial establece que se dé traslado del escrito a las demás partes personadas y se envíe una copia a la Presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento.