El negociador de ERC con Sánchez fue el responsable de evitar que Rajoy conociera los gastos del 1-O

Josep Maria Jové, uno de los tres miembros de ERC que negocian ya con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, conocía las maniobras que se llevaban a cabo desde la Consellería de Economía y Hacienda de la Generalitat para ocultar el uso de dinero público destinado al golpe separatista.

Las investigaciones judiciales del 1-O señalan los correos de Jové en los que dejó constancia de los planes del gobierno catalán para ocultar a Mariano Rajoy y su Ejecutivo los movimientos de dinero que, finalmente, iban para la organización del golpe separatista. La Guardia Civil detectó al propio Jové en una de las reuniones clave de apoyo al referéndum inconstitucional del 1-O y al golpe separatista.

Los correos de Jové revelaron su «nexo» con la CUP, la logística y gastos del 1-O y la creación de estructuras de Estado. Jové, según la Guardia Civil, tuvo «puntual conocimiento de todos y cada uno de los certificados que se emitieron desde Vicepresidencia para dar contestación a los requerimientos del Ministerio de Hacienda, certificados de los que se dio oportuna cuenta a la interventora de la Generalitat Rosa Vidal Planella”.

La Guardia Civil detectó dentro del grupo oficial de apoyo al 1-O a la interventora Rosa Vidal, encargada de auditar el uso de fondos públicos para el golpe separatista. Los agentes que investigaron el golpe separatista en el juzgado 13 de Barcelona cazaron a esta persona, responsable de garantizar que no había malversación de fondos públicos en uno de los grupos que se movilizó en apoyo del referéndum ilegal del 1-O.

Los investigadores detectaron un correo electrónico que prueba la asistencia de Rosa Vidal a un acto de “unidad y compromiso con el referéndum” celebrado el 21 de abril de 2017, el mismo día en el que Puigdemont y Junqueras juntaron a 140 altos cargos del Govern y anunciaron que se celebraría el referéndum ilegal hiciera lo que hiciera el Estado. Y al acto al que fue convocada Rosa Vidal también estaba llamado, entre otros, Josep Maria Jové y Pere Aragonés, ambos de ERC.

La interventora y Jové

La Guardia Civil, de hecho, reservó un apartado especial de sus informes para describir esta pertenencia de Rosa Vidal y Jové a los grupos de apoyo al 1-O. La gravedad del hallazgo era elevada porque los informes de la Policía y la Guardia Civil, además, demostraron que esta interventora no favoreció el tránsito de información sobre el 1-O al Ministerio y, por lo tanto, tampoco a los jueces que investigaron el golpe separatista.

Y los mails de Jové prueban que era él la persona, dentro del departamento de Hacienda de la Generalitat y justo por debajo de Oriol Junqueras, que estaba al corriente de esta dinámica de ocultación de información al Gobierno de Mariano Rajoy para poder detectar qué ocurría con el dinero público y si se estaba destinando realmente al golpe separatista.

Una de las ocultaciones de pruebas que detectó la Guardia Civil se centró en los pagos a Unipost, la empresa que preparaba las papeletas del referéndum. Los agentes detectaron una serie de anomalías que anotaron como “incidencias sobre la gestión de la interventora general de la Generalitat” durante la instrucción del caso.

Y allí detallan que “la interventora hace referencias en un anexo al registro de facturas de la Generalitat emitidas por Unipost, pero sin embargo no las adjunta en el informe”; que la interventora afirma que “no se han registrado ni se han abonado los importes de las mismas”, cuando hay pruebas de lo contrario; que “debido a que la interventora no aportó el anexo” se acordó mantener una reunión con ella y, entonces, la interventora encontró “el anexo que no había aportado inicialmente”; y que, pese a todas las anomalías, “no ha activado ningún procedimiento para denunciar acciones”.