Ayuso blindará la libertad educativa en Madrid para frenar el ataque de Celaá a la concertada y especial

La ‘ley Celaá’ carga contra el uso del castellano como lengua vehicular, pero también lo hace atacando a la educación concertada y especial. Es por esto que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pretende bloquear esta limitación de la libertad educativa en su comunidad autónoma impulsando un proyecto de ley para blindar la Educación Especial y la concertada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que la futura ley blinde la libre elección del tipo de educación y garantice, por lo tanto, la educación especial y la concertada. El objetivo final del proyecto legislativo es garantizar la existencia de plazas suficientes atendiendo a la demanda de las familias. Justo lo que amenaza la ministra de Educación, Isabel Celaá, desde hace tiempo.

En este mismo proyecto de ley, el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso va a mostrar su firme apoyo a la Educación Especial como modalidad de escolarización para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, modelo con el que, «bajo empecinados criterios dogmáticos, pretenden acabar», tal y como defiende la presidenta ‘popular’.

El proyecto de ley va a recoger en el ordenamiento de la Comunidad de Madrid la regulación de la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, partiendo de los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

La futura normativa incluirá que la mejor garantía para normalizar y optimizar el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales es la creación de centros escolares de calidad y adecuados a las necesidades de todos los alumnos, mientras que cuando estos manifiesten necesidades educativas especiales, que no pudieran ser satisfechas en los centros ordinarios, se garantizará su escolarización en centros de educación especial.

Acceso a la educación pública

Hay que recordar que el compromiso del Gobierno socialista es primar el acceso a la educación pública pero restando las posibilidades de desarrollo de las plazas de educación concertada y especial, algo que va directamente en contra de la libre elección de centro educativo que ampara la Constitución Española.

Uno de los últimos capítulos de esta batalla lo han protagonizado el PSOE, Podemos y ERC tras acordar una enmienda para prohibir en el marco del proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocido como ‘ley Celáa’ (debe su nombre a la ministra de Educación), que en la educación concertada no se puedan separar a los alumnos por sexo.

Concretamente, dicha modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros educativos que incurran en la separación por género de los alumnos, sustentando ese impedimento en la Ley de Igualdad.

En abril de 2018 el Tribunal Constitucional (TC) concluyó que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder «al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos», al considerar que este modelo educativo «no causa discriminación» y «es respetuoso con la Constitución». Con estos argumentos, el Pleno del TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista contra algunos preceptos de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) como los conciertos a la educación diferenciada.

«Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género», recoge el texto de la enmienda transaccional.

Además, y con el supuesto objetivo de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades, la modificación estipula que los centros educativos incorporarán medidas para desarrollar la igualdad «efectiva» entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.

Las organizaciones de la educación concertada ya han manifestado en diversas ocasiones su «hartazgo» e «indignación» por las propuestas del PSOE y Unidas Podemos de manera en el marco del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).

Según Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), el Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE) y la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FEUSO), las propuestas observadas durante la tramitación de la reforma legal «refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación».

Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos (más las 54 de este último partido en solitario), de hecho, confirmaron, según las 6 entidades, la voluntad de ambos partidos de «incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años); acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada); suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos; o implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias».