Celaá utiliza el Consejo Escolar para colar el paso de curso con suspensos mientras la investiga la Fiscalía

La ministra de Educación, Isabel Celaá, vuelve a las andadas: pretende colar por la puerta de atrás, y aprovechando la pandemia, el paso de curso escolar con asignaturas suspendidas. El sindicato CSIF ha alertado ya de que el Gobierno “no se puede amparar en la pandemia para imponer normas educativas” y advierte de que la ministra pretende pasar su reforma por el Consejo Escolar para “impulsar una reforma para repetir asignaturas suspensas en vez de un curso completo”, destaca CSIF.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha disparado las alarmas: el Gobierno pretende ampararse en la pandemia para imponer, por una supuesta vía de urgencia, normas educativas sin el debate previo con los sindicatos y resto de la comunidad educativa, “como en el caso del decreto para facilitar aprobados y títulos en Bachillerato y la ESO con suspensos”.

La historia parte de un paso ya realizado por parte del Ministerio de Educación. Y es que el pleno del Consejo Escolar del Estado ha aprobado un informe (‘Estudio comparado. El éxito en la educación primaria y secundaria’) que “en sus conclusiones propone repetir asignaturas suspensas en vez de un curso completo, evitando así que el alumnado tenga que volver a cursar materias que ya han superado”, destacan fuentes de CSIF.

El informe, redactado por técnicos del Consejo Escolar a instancias del presidente de este órgano consultivo, dicta, de esta manera, una serie de recomendaciones dirigidas a disminuir la repetición, fijándose en el ejemplo de otros países donde la promoción es prácticamente automática. Eso sí, el informe llega a estas conclusiones “de manera sesgada porque obvian cuestiones clave como la inversión educativa, las ratios y los refuerzos en esos mismos países”, en opinión de CSIF.

Informe ‘teledirigido’

El sindicato, de hecho, considera que «este informe ha sido ‘teledirigido’ por el Ministerio de Isabel Celaá para avalar sus reformas». De hecho, concluye que «estas medidas irían encaminadas a hacer posible que la repetición sólo fuera realmente un recurso excepcional».

CSIF recuerda que esta medida ya existía en los años 90 con la LOGSE y que fue derogada por otro gobierno socialista, con el ministro Ángel Gabilondo, por el inmenso fracaso que supuso. «Consideramos que esta medida es inviable con las actuales ratios de alumnos y la falta de recursos materiales y humanos. En estas condiciones, el personal docente carece de medios adecuados para realizar una atención individualizada del alumno», señalan desde CSIF.

Esta medida supondría, además, una continuación al decreto que ya permite a las comunidades otorgar el título de ESO y Bachillerato sin límite de suspensos. Para CSIF, esta norma vulnera el principio de igualdad de oportunidades, ya que los criterios de evaluación en educación primaria, ESO y Bachillerato podrán ser modificados por las administraciones educativas y centros docentes, por lo que se dará un trato diferente al alumnado en función de la comunidad donde estudie.

CSIF se opone a la publicación de este estudio y defenderá enmiendas al Informe 2020 sobre el Estado del Sistema Educativo. Desde el sindicato destacan que “instamos al Ministerio de Educación y Formación Profesional a que cumpla siempre sus obligaciones y asegure que todas las normas educativas tengan el dictamen previo del Consejo Escolar”.

Añade que “reclamamos un Pacto de Estado por la Educación que defina en una Ley Orgánica las competencias de cada una de las Administraciones y que el Estado sea garante de la igualdad entre el alumnado en una educación de calidad”, añaden desde el sindicato.

Más apoyo al alumnado

Igualmente, CSIF exige “un refuerzo educativo y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar. Seguimos avisando al Gobierno: los centros necesitan más recursos; faltan medios de protección, las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad y no se cubren con la prontitud adecuada las sustituciones que se van produciendo”.

Según los cálculos de la formación sindical, los centros carecen de personal suficiente y para lograr una mejora “hay que incrementar en 43.000 docentes las actuales plantillas de los centros públicos. Para ello, el Ministerio y las comunidades autónomas deben impulsar amplias ofertas de empleo público en tres años”.

En cuanto a las medidas concretas frente a la crisis sanitaria, CSIF también reclama partidas presupuestarias para actualizar los equipos informáticos, instalar Internet de alta velocidad y mejorar la calidad del aire en las aulas, entre otras.

Hay que tener en cuenta que la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha comunicado que investiga a la ministra de Educación, Isabel Celaá, así como a los consejeros afectados por forzar la ley para permitir el paso de curso con suspensos.

El Ministerio Público estudia si la titular de Educación cometió prevaricación al modificar la LOMCE a través de una conferencia sectorial. Y es que Isabel Celaá impulsó el pasado mes de abril unos postulados de supuesta flexibilidad en el trato académico a los alumnos por la pandemia de coronavirus que permitía el paso de curso, obteniendo incluso títulos de ESO, Bachillerato y FP, sin límite de suspenso.