Irene Montero a lo suyo: ahora pide más cargos públicos «afrodescendientes»

Irene Montero
Ángela Rodríguez 'Pam' e Irene Montero.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, quiere aprovechar la Presidencia española de la Unión Europea para abrir el debate sobre la representación de «personas afrodescendientes y otros grupos étnicos en cargos públicos». Es una de las «prioridades» de la agenda de Igualdad durante los meses en los que España asumirá este cargo rotatorio.

El debate, que se celebrará en el marco de una conferencia sobre «antirracismo en la Unión Europea», los próximos 2 y 3 de noviembre, se suma a otros como los «derechos sexuales y reproductivos», que tendrá lugar en septiembre. Montero defiende que «los europeos puedan tomar cualquier decisión sobre su vida sexual con libertad, confianza y seguridad, dando especial importancia a la promoción de la educación sexual en el ámbito educativo».

El acto más relevante de esa agenda es la reunión informal de ministros y ministras de Igualdad, que tendrá lugar en Pamplona los días 23 y 24 de noviembre. El objetivo de este encuentro será ahondar en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, mediante el intercambio y la puesta en común de políticas y buenas prácticas y de los avances en el ámbito de la Unión Europea.

El escenario político para entonces es aún una incógnita, teniendo en cuenta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se someterá a la investidura previsiblemente en septiembre y que, de no lograrla, empezará a correr el contador hacia la convocatoria electoral. Los nuevos comicios tendrían lugar en diciembre o enero si antes Pedro Sánchez no consigue ser investido.

‘Sí es sí’

Si por entonces el Gobierno sigue en funciones, Montero acudirá como la representación española a ese encuentro de máximo nivel europeo en el que se debatirá sobre el asunto más crítico de su mandato, la polémica ley del sólo sí es sí y sus consecuencias.

Hasta el momento, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la norma ha permitido ya que 1.155 violadores, pederastas y abusadores sexuales hayan visto rebajada su pena y 117 hayan podido salir anticipadamente de prisión.

Esta ley ha recibido las críticas de los organismos europeos e internacionales. Recientemente, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas la situó entre sus «principales asuntos de preocupación» sobre España e instó al Ejecutivo a «continuar adoptando medidas para remediar los efectos indeseados respecto de la revisión de sentencias impuestas y reducción de penas».

Por su parte, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Al Salem, ha exigido al Gobierno español que supervise «el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, trate de minimizar la revictimización y garantice su protección».

Al Salem ha lamentado que «no se puede dar marcha atrás» a la ley del sólo sí es sí y sus dramáticas consecuencias y que la norma «no haya ido acompañada de recursos para garantizar su correcta aplicación», puesto que hasta un tercio de las víctimas no han recibido compensación por la violencia sufrida.

También el Parlamento Europeo ha advertido sobre la norma estrella de Montero. En un informe realizado por la misión que, el pasado febrero, visitó España para analizar sobre el terreno las políticas de igualdad puestas en marcha por el Gobierno, la Eurocámara reclamó un «cambio urgente» de la norma, aduciendo la «alarma social» generada. La visita de los eurodiputados tuvo lugar antes de que el Congreso aprobase la reforma de la norma, impulsada por el PSOE, y que, en cualquier caso, no evita que las revisiones de condena, las rebajas de pena y las excarcelaciones sigan produciéndose.

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