Interior alertó en dos informes a Escrivá del «efecto llamada» de su ‘papeles para todos’

El Ministerio del Interior avisó hasta en dos ocasiones al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -dirigido por José Luis Escrivá- del riesgo de que se produzca un «efecto llamada» con su reforma del Reglamento de Extranjería que, entre otros, contempla la regularización de los inmigrantes que realicen un curso de formación para el empleo.

Según el dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el departamento alertó hasta en dos informes del impacto de la reforma en la llegada de inmigrantes ilegales y las redes que trafican con seres humanos.

El primero se remitió el 13 de junio de 2022 y estaba firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad. En él, se hacía patente la preocupación por las consecuencias de la nueva normativa, dada la «tendencia creciente de la presión migratoria irregular hacia España en los últimos años». Así, la Secretaría de Estado de Seguridad señalaba que la lucha contra la inmigración irregular y las redes que traficaban con seres humanos es un pilar de la política migratoria española y también europea y advertía que «desde el punto de vista de la inmigración irregular, del conjunto de los cambios planteados en el proyecto de reforma reglamentaria puede deducirse que se está impulsando, entre otros, un proceso de regularización de personas extranjeras que actualmente se encuentran o puedan encontrarse en situación irregular en nuestro país». Por ello, «dada la amplitud con la que se plantea, no es descartable su consecuente efecto llamada. En todo caso, así será sin duda difundido por las redes de tráfico de personas en los países de origen».

Desde este departamento no se consideró «oportuna actualmente» esa reforma «no sólo porque un elemento clave de la lucha contra la inmigración irregular, el retorno, no está siendo eficaz (ni en España, ni en muchos otros Estados miembros de la UE) (…)» y, por tanto, «la propuesta de reforma, lejos de solucionar la tendencia, podría tender a agrandarla». Concluía también que «las decisiones que se adopten en este ámbito van a ser difícilmente explicables tanto a nuestros socios europeos, interesados en modificar el Código de Fronteras Schengen para reintroducir controles en frontera interior con más facilidad para evitar movimientos secundarios migratorios, así como a los vecinos del sur, a quienes pedimos permanentemente que luchen con más energía contra la migración irregular».

Expresamente, la Secretaría de Estado de Seguridad rechazaba varios puntos concretos de la norma, como el mencionado «arraigo para la formación» que, como ha publicado OKDIARIO, podría permitir la regularización de 1,3 millones de inmigrantes.

El otro informe, del 15 de junio, va firmado por el secretario general técnico del Ministerio del Interior y reproduce las observaciones del informe anterior. Desde Interior se reiteraban así las críticas hacia la reforma, que «implícitamente suponen un rechazo a la iniciativa», según recoge el dictamen del Consejo de Estado.

«Arraigo por formación»

La reforma del Reglamento de Extranjería entró el pasado miércoles en vigor e incorpora importantes novedades. Entre ellas, el «arraigo por formación», que otorgará una autorización de residencia por un periodo de 12 meses -prorrogable otro año- a los inmigrantes que hayan permanecido en España de forma continuada durante un mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. Una vez finalizados los cursos, el extranjero podrá optar a un permiso de trabajo si logra una oferta de contrato.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha descartado que pueda producirse un «efecto llamada» y ha defendido que el objetivo del Gobierno es «actualizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia».

Como ha informado este periódico, el Ministerio de Política Territorial estimó que «el sector de población extranjera que podría acogerse a este nuevo tipo de arraigo sería de más de 1.300.000 personas».  El Ministerio teme que con ello se produzca la saturación de las oficinas de extranjería, que ya adolecen de falta de personal.

Entre otras medidas novedosas, el nuevo reglamento crea una nueva modalidad de autorización para aquellos inmigrantes que acrediten seis meses de trabajo irregular y denuncien su situación ante las autoridades laborales. Según el Gobierno, se fomenta así la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida.