Los informes ocultos del ‘sí es sí’: Interior admite que necesita más policías para proteger a la mujer

El Ministerio del Interior reconoce que necesita «más personal» para cumplir con las obligaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la violencia contra la mujer. Así lo admite el departamento de Fernando Grande-Marlaska en el informe elaborado durante la tramitación de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del sólo sí es sí, ahora en el centro de la polémica por las rebajas de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales.

Oculto

OKDIARIO ha tenido acceso a este informe, que Moncloa mantiene oculto. El Gobierno no ha entregado al Congreso de los Diputados los documentos con alegaciones y críticas a la polémica ley que en su día fueron presentados por los ministerios, distintas comunidades autónomas y asociaciones. Se trata de un trámite preceptivo que permite a los diputados formarse una opinión antes de votar un proyecto legislativo.

Según ha podido saber este diario, Interior remitió al Ministerio de Igualdad, principal impulsor de la norma, hasta tres informes con sus observaciones. En uno de ellos, fechado en abril de 2021, el departamento valora las obligaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recogidas en el texto, precisando que «la actividad policial integral frente a la violencia sexual forma parte de las competencias y funciones que ya vienen desarrollando de forma habitual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia de género, doméstica y sexual».

Dicho esto, Interior estima que el desarrollo de las actuaciones previstas en la nueva ley «no debería suponer de modo directo un gasto adicional». Sin embargo, advierte a continuación: «Debe resaltarse que, para el cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya se viene demandando de forma reiterada un incremento de personal, por lo que resultaría conveniente que en el marco de este anteproyecto se valore de nuevo la importancia de atender la necesidad expuesta».

Medidas

La ley obliga a una «actuación policial especializada» en el ámbito de la violencia de género y sexual desarrollando «protocolos de intervención y asistencia a víctimas».

Los agentes deben ocuparse de «la recogida de información, la coordinación, la valoración del riesgo, la prevención, la atención, el seguimiento y la protección de las víctimas». Además, las víctimas de violencias sexuales «tendrán derecho a ser atendidas por personal expresamente formado» en esta materia. En el caso de víctimas menores de edad, se requiere de unidades especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.

Las Fuerzas de Seguridad deberán desarrollar «medidas de evaluación del riesgo y de protección» para «brindar protección efectiva ante represalias o amenazas, haciendo posible que las mujeres, niñas y niños vivan en condiciones de libertad y seguridad», se expresa textualmente. En el mismo sentido, «a través de las unidades especializadas», se deberá vigilar el cumplimiento de las medidas de control acordadas por el juez, como la vigilancia de investigados y condenados o el control de la localización mediante dispositivos telemáticos.

Ataque

Precisamente, la Policía es objetivo habitual de los ataques de la ministra de Igualdad. Irene Montero ha llegado a acusar a los agentes de cuestionar la credibilidad de la mujer asegurando, por ejemplo, que en las comisarías se pregunta «si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor por eso iba provocando». Montero también ha tachado a los policías de racistas y xenófobos.

Una reciente campaña financiada por este Ministerio y desarrollada por el Ayuntamiento de Úbeda ha provocado también indignación en el seno de la Policía Nacional, pues su protagonista -que mata a su ex pareja- se identifica como un policía retirado.

«Se trata de una nueva falta de respeto del Gobierno de España hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se suma a las múltiples muestras de desprecio que ha llevado ya a cabo este Gobierno contra la Policía Nacional», aseveran desde el sindicato JUPOL.