El informe de Bruselas para castigar la malversación pone a España como ejemplo de las penas más bajas

La propuesta de la Comisión Europea que eleva el castigo para la corrupción pone a España como ejemplo de las penas más bajas para este tipo de delitos entre los países europeos. Así consta en el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que desmonta la excusa de Pedro Sánchez para reformar la malversación y satisfacer así a sus socios separatistas. El presidente socialista siempre ha alegado la necesidad de «homologar» las penas a los países del entorno.

Bruselas ha elaborado una propuesta legislativa que pretende armonizar las penas por delitos de malversación en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Esto obligará a España a volver a reformar el Código Penal, elevando las penas que Sánchez rebajó para contentar a ERC. En concreto, la Comisión Europea quiere que las condenas máximas interpuestas a quienes cometan un delito de malversación no puedan ser inferiores a cinco años de cárcel. Cabe recordar que el Gobierno español aprobó una reforma a la medida de sus aliados separatistas rebajando las penas para las autoridades o funcionarios públicos que «sin ánimo de apropiárselo» destinase a usos privados el patrimonio público. En este caso, la condena oscila entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, la reforma del Código Penal castiga con entre uno a cuatro años a aquellos que dieran al patrimonio público «una aplicación diferente» de aquella a la que estaba destinado. En el caso en que no se aprecie «daño o entorpecimiento grave» del servicio, el castigo se limita a entre tres a doce meses de multa. Es ahí donde el Gobierno intentó encajar los delitos del 1-O.

La reforma de Sánchez establece, asimismo, que si los culpables reparan «de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público antes del inicio del juicio oral, o hubiera colaborado activa y eficazmente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados». Es decir, en el caso anterior, quedaría en apenas unos tres meses de prisión.

Ése es precisamente el caso que destaca Bruselas en su exposición para endurecer los castigos por corrupción. Así, señala a España como ejemplo de las penas más bajas, frente a otros países, como Grecia, donde los delitos son penados con hasta 15 años de cárcel. La Comisión Europea constata que armonizar las penas facilitará la cooperación policial y judicial transfronteriza y aumentará la disuasión.

«Deberes hechos»

Lejos de asumir el varapalo de Bruselas, Sánchez ha insistido este jueves en su reforma. «Nos coge con los deberes hechos», ha asegurado el socialista al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa en Moncloa junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sánchez ha valorado asimismo que «se armonice la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción».

Sin embargo, no hay duda de que el anuncio de Bruselas es una desautorización en toda regla a la reforma española. Una reforma que, como ha revelado OKDIARIO, Sánchez aprobó aun sabiendo que la Comisión Europea pretendía endurecer las penas por corrupción.

Tres meses antes de que el Gobierno plantease la rebaja de la malversación, la Comisión Europea ya advirtió sobre su intención de castigar la corrupción con más firmeza. El 14 de septiembre del año pasado, su presidenta, Ursula von der Leyen, avanzó precisamente en su discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión presentaría, en 2023, «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción».

«Si queremos resultar creíbles cuando pedimos a los países candidatos que refuercen sus democracias, también debemos erradicar la corrupción en casa», avisó Von der Leyen. La dirigente comunitaria anunció entonces el objetivo de reforzar las normas aplicables a delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el abuso de poder. La propuesta presentada este miércoles obedece a ese compromiso, afirman fuentes de la Comisión Europea, que reiteran que «representará un hito en la lucha contra la corrupción a escala nacional y de la UE».

En enero de este mismo año, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya avisó a España de que la Comisión Europea analizaba si la reforma del Código Penal, sobre todo en lo relativo a la malversación, era coherente con el Derecho comunitario y si suponía un riesgo para «los intereses financieros de la Unión».

Los hechos demuestran, pues, que Sánchez era conocedor de los planes de Europa para endurecer la corrupción. Pese a ello, promovió una reforma que tenía como único fin satisfacer las expectativas de sus aliados separatistas y ganar así su apoyo para mantenerse en La Moncloa.