El infierno de Yolanda: «Tengo tres trabajos para pagarle la hipoteca a mi inquiokupa»

Más de 1.500 días, ése es el dilatado tiempo que Yolanda lleva intentando recuperar su casa. Madre de tres hijos, pluriempleada y residente en Madrid, Yolanda es una víctima de la okupacion. Su inquilina dejó de pagar el alquiler y hasta el día de hoy. A pesar del periplo judicial, del embrollo burocrático con los servicios sociales y la desesperación, la inquiokupa sigue en su vivienda, donde reside sin pagar absolutamente nada, mientras Yolanda tiene que hacer frente a la hipoteca. OKDIARIO ha llegado hasta la vivienda okupada y ha podido comprobar el infierno que lleva cuatro años viviendo siendo víctima de una inquiokupa.

A escasos 10 minutos de la estación de Atocha, en el barrio madrileño de Villaverde Bajo, Yolanda decidió comprarse un apartamento. Lo compró en pesetas a un precio por encima del valor del mercado inmobiliario de la zona y para pagarlo se hipotecó hasta 2032. Se trata de un primer piso, con una terraza cerrada, dos habitaciones, salón, baño y cocina repartidos en apenas 52 metros cuadrados. Nada de una vivienda de lujo que Yolanda consiguió pagar arriesgándose a ser autónoma con mucho esfuerzo.

Sin embargo, su situación familiar cambió. Ser madre de tres hijos le hizo trasladarse a un piso más amplio y decidió alquilar el apartamento. Fue entonces cuando Yolanda y su inquilina Ana firmaron un contrato de alquiler al que ha tenido acceso este periódico. La renta estipulada en el mismo es de tan sólo 520 euros -un precio más que económico para alquilar una vivienda en Madrid- pero Ana se niega pagar. Primero fueron las excusas de que sus clientes del tarot no le pagaban, después, la pandemia y al final, que le era imposible hacer frente al alquiler. Sin embargo, los informes de los servicios sociales que ha revisado OKDIARIO revelan que percibe el Ingreso Mínimo Vital, que no es vulnerable y que está en condiciones para trabajar.

Pero emplearse para pagar un techo, como el resto de ciudadanos, parece no ser una opción para ella. Ana lleva más de una década sin cotizar en la Seguridad Social. Es por ello que los servicios sociales le ofrecieron una alternativa habitacional que rechazó, ya que no podía trasladarse allí con sus gatos. «Dice que son miembros de su familia, que si a mí me dan igual sus gatos a ella no le importan tampoco mis tres hijos», lamenta Yolanda en una entrevista en OKDIARIO en la que explica que necesita el dinero del alquiler para mantener su economía familiar.

Es importante reseñar que la propia Yolanda es la que le está pagando la hipoteca, así como el agua y la comunidad del piso que está okupando. Mientras Yolanda no ha tenido más remedio que tener tres empleos a la vez para hacer frente al pufo de su inquiokupa, Ana permanece en la vivienda sin apenas salir de casa. Allí también vive su compañero Juan Carlos que es el que encarga de hacer la compra y de atender al telefonillo. Ambos viven sin pagar un euro a Yolanda que ha intentado de todo para poder recuperar su casa. Además, la casera asegura a este periódico que la inquiokupa está siendo asesorada por políticos de Unidas Podemos y Más Madrid para poder seguir okupando.

Toda esta situación le ha llevado a Yolanda a unirse la Plataforma de Afectados por la Okupación que aglutina propietarios que son víctimas de este infierno. Juntos están tratando de visibilizar la situación que están viviendo y reclaman una ley antiokupas que les proteja como propietarios. «Nos están utilizando como escudo social», lamenta Yolanda en una conversación con este periódico en la que también se pregunta por qué debe darle su casa a otra persona mientras ella debe mantener a una familia numerosa.

Tras más de cuatro años de infierno, el periplo judicial en el que Yolanda está metida para recuperar su casa parece estar en sus últimas. Existe una sentencia firme en la que se ordena que Ana debe abandonar la casa y los informes de servicios sociales dejan bien claro que no es una persona vulnerable. Asimismo, la propia Yolanda no tiene nada que ver con los grandes tenedores, los fondos buitre o las viviendas propiedad de los bancos a las que se acogen numerosos okupas para justificar su allanamiento de morada. Por todo ello, en cuanto el juez ponga fecha de desahucio, Ana tendrá que abandonar la vivienda. «Son delincuentes», zanja Yolanda que, a pesar de llevar cuatro años luchando por recuperar la vivienda que pagó con su esfuerzo, no tira la toalla.