El infierno de vivir en un edificio con un burdel clandestino: «Ya no podemos más»

Los vecinos de la plaza del Portillo en Zaragoza llevan años denunciando la infernal situación de vivir en un edificio con un burdel clandestino, pero no fue hasta la semana pasada, cuando colgaron unas pancartas en los balcones, cuando su calvario lo conoció toda España. «Sin puteros no hay trata», «No queremos un prostíbulo en nuestra comunidad», «Stop explotación sexual en viviendas», rezan las pancartas colgadas en los balcones del número 5. Una vecina se hizo pasar por uno de los clientes y acabó citada en su propio edificio.

Las pancartas se le ocurrieron a Paca Artal, una de las vecinas afectadas. «Lo hicimos por hartazgo. Ya no podemos más», explica a OKDIARIO. Las pancartas han tenido un éxito inesperado. A raíz de esto, lograron llamar la atención de los medios de comunicación y de asociaciones como la del Gancho. También les ha atendido la Junta de Distrito del Casco Histórico, presidida por un concejal de Vox, quien les visitó hace unos días. Además, han sido recibidos por el lugarteniente del Justicia de Aragón esta semana, quien se ha comprometido a prestarles atención y ayuda.

De hecho, Paca cuenta a OKDIARIO que ahora los vecinos de la zona la paran y le dicen que es muy valiente. «Yo no me considero valiente, me considero que ejerzo mis derechos como ciudadana», expresa, «a mí me enseñaron a no tener miedo, no tengo por qué tenerlo».

Subarrendar

«El movimiento de personas es continuo y muy variado. Las chicas van cambiando para que no se pueda identificar que son siempre las mismas», denuncia Paca. Según lo que esta vecina ha podido observar, «las habitaciones se alquilan semanalmente, por unos 200 euros». Los servicios sexuales realizados en este apartamento se pueden localizar en los portales online de prostitución más frecuentes, como Destacamos. La misma Paca se hizo pasar por uno de los clientes, y acabó citada en su propio edificio.

El edificio tiene 8 viviendas y un local. De las viviendas, cuatro pertenecen al mismo propietario, un anciano de 88 años que alquila dos pisos al proxeneta. Según relata Paca, que fue la presidente de la comunidad de vecinos hasta ser destituida precisamente por dicho propietario, «por molestar», «dos de estos pisos están alquilados a la misma persona, el proxeneta, que usa uno para su vivienda personal y otro como burdel, con unas cinco habitaciones».

Los otros dos pisos del mismo propietario estarían presuntamente alquilados a personas que también subarriendan las habitación, según denuncian los vecinos, pero con otro perfil: «Son pisos destinados a personas que no tienen un trabajo estable, que los subarrienda sin contrato, y que van rotando casi todos los meses», explican los vecinos.

El día a día

El día a día es muy difícil. «No sabes qué te vas a encontrar en el portal ni en la escalera. Son 24 horas las que trabajan, en las cinco habitaciones. Hay un continuo trajín de personas entrando y saliendo», lamenta Paca. Además, el supuesto burdel tiene desconectado el timbre, por lo que su modus operandi consiste en que «quien va a usar el servicio de prostitución, espere en el portal hasta que le abran. Si no les abren, van llamando a todos los timbres, sean las 3 o las 5 de la mañana», describe .

Esto no acaba aquí. Según cuenta la vecina, «si no les gusta el cliente, no le dejan pasar, y lo dejan en la escalera, llamando a todos los pisos. Muchas veces en situaciones complicadas, como que están en estado de embriaguez. Te acaban insultando».

Estos vecinos están muy preocupados también por la seguridad de sus hijos, y las situaciones desagradables en las que las menores se han tenido que ver al entrar al portal. «Nosotros tenemos hijas, también niños pequeños… En alguna ocasión, a nosotras y a nuestras propias hijas nos han preguntado cuánto cobrábamos. A esto no hay derecho. Necesitamos que nos ayuden», denuncia Paca.

Un laberinto legal

El escenario, propio de una película de Torrente, no acaba ahí. La situación del prostíbulo clandestino se viene dilatando en el tiempo, porque los vecinos se encuentran en un laberinto legal donde la Administración no puede hacer nada.

Para emprender acciones legales, los residentes deben obtener mayoría absoluta para que la Policía pudiera actuar porque, sin orden judicial, ni se puede entrar en el domicilio ni comprobar el escenario delictivo descrito. La pescadilla que se muerde la cola. «Hemos tenido muchas juntas, pero el propietario no se da por aludido, como no vive aquí, todas las molestias que tenemos le importan poco, por lo que tenemos que soportar el ninguneo del propietario hacia el resto de la comunidad», relata Paca.

A las juntas, el propietario suele acudir acompañado del presunto proxeneta que maneja el prostíbulo. «Sus modales no son buenos, intenta violentarnos, porque las cuatro propietarias que acudimos somos todas mujeres», explica Paca.

Lógicamente, el propietario de los cuatro inmuebles se niega a cambiar de inquilinos, como también la propiedad del local de abajo, que ahora está vacío, pero el que anteriormente había un restaurante, El Mosquito, que fue cerrado hace unos meses por la Policía por tráfico de drogas. De hecho, todavía en las paredes se pueden leer las pintadas que le hicieron al dueño del restaurante, «Miguel, paga la coca, 1.º aviso», y «2.º aviso», cuando todavía estaba abierto.

En esta circunstancia descrita, los vecinos podrían aplicar el artículo 7 de la Propiedad Horizontal, que es el que se está aplicando para solucionar los problemas de los prostíbulos en las comunidades de vecinos, según les han asesorado en estos días. En la próxima junta, van a exponer nuevamente el caso, y al no tener mayoría, explica Paca, «vamos a optar por otro artículo, el 17.7, donde vamos a solicitar al juez un juicio de equidad, puesto que no podemos obtener una mayoría, pero queremos algo bueno para la comunidad, en cuanto a convivencia».

«Lo que tengo claro es que no se puede convivir con un prostíbulo en nuestras comunidades y nuestras familias. Tenemos derecho a nuestro descanso, y eso es por lo que vamos a luchar. Pelearemos todo lo que haga falta», advierte Paca, quien se está planteando abrir una asociación que trate esta problemática creciente, «porque son cada vez más los prostíbulos ilegales de este tipo, y no arreglamos nada con que se vayan de aquí, y continúen dando la lata en otro sitio».