Los independentistas evitan que Llach explique en el Parlament las amenazas a los funcionarios

Llach-Presupuestos
Lluís Llach y el presidente de la ANC, Jordi Sánchez.

JxSí y la CUP han unido este martes sus votos para rechazar que el diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach comparezca ante la Cámara por unas polémicas declaraciones que hizo sobre cuál sería la situación de los funcionarios en el momento de culminar la independencia de Catalunya.

La petición fue formulada por Cs y se ha votado en la comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana: Cs y PP han votado a favor; el PSC y SíQueEsPot se han abstenido y los dos grupos independentistas han votado en contra.

La polémica se produjo por unas palabras que Llach dijo en un acto de Òmnium en marzo, cuando afirmó que el Govern actuaría contra los trabajadores públicos que no cumplan con la ley de ‘desconexión’ de la transitoriedad jurídica: «El que no la cumpla será sancionado».

En sus intervenciones, organizadas por las entidades independentistas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y que desveló El País, Llach destacó que la aprobación de la ley obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña.

«El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d’Esquadra hay sectores que son muy contrarios», dijo en un acto organizado en marzo por Òmnium Cultural en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).

En otra charla ratificó la misma idea al sostener que las leyes que deberán seguirse, una vez se dé luz verde a dicha norma, serán las catalanas, por lo que los funcionarios deberán obedecerlas: «En todo caso, los funcionarios deberán preguntarse: ‘Y si no obedezco esta ley catalana, ¡ostras! ¿qué pasará?».

Cinco días después de la renuncia a finales de enero del ex senador de ERC Santi Vidal por decir en conferencias que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, Llach insistió, en un encuentro organizado por la ANC, en que «el día en que haya ley, el que no crea en ella, será sancionado», sea un ayuntamiento, un funcionario o un mosso.

«Existe la posibilidad de que alcancemos la independencia y, por tanto, la gente deberá pensar seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan seriamente, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán», subrayó.

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