Iglesias pacta con Sánchez limitar los alquileres en «zonas tensionadas» con el foco puesto en Madrid

La reforma pretende llevar a escala nacional una iniciativa ya trasladada por el partido morado en parlamentos autonómicos

alquiler tensionado
Viviendas en venta y alquiler en Madrid (Foto: GETTY).

Pedro Sánchez necesita el pacto con Podemos para sacar adelante los Presupuestos y, pese a la oposición de la inmensa mayoría de los ministros del área económica del Gobierno, el presidente se ha plegado a limitar el precio del alquiler en lo que Pablo Iglesias denomina como «zonas con precio tensionado», una insistente aspiración del líder morado en la que es fácil suponer cuál será el foco para desarrollarla: la ciudad de Madrid.

La reforma pretende llevar a escala nacional una iniciativa ya trasladada por el partido morado en parlamentos autonómicos y que exige la creación de índices de referencia y el diseño de reformas legislativas para frenar los precios máximos en aquellos barrios en los que los podemitas califican los precios de excesivos.

Tras una larga negociación en Moncloa, el PSOE y Podemos alcanzaban a última hora de este pasado lunes un pacto para dar luz verde este martes, en Consejo de Ministros, a los Presupuestos Generales del Estado. El precio a pagar por Sánchez será celebrado por Podemos: la regulación del precio máximo de los alquileres y la agilización de los trámites para cobrar el ingreso mínimo vital.

Pero uno de esos puntos se convertirá en todo un inmenso desastre jurídico, básicamente porque el terreno que pisa el partido morado con la limitación de los precios del alquiler choca con el derecho a la propiedad privada regulado por la Constitución y no existe ningún consenso jurídico -más bien todo lo contrario- sobre las posibilidades de llevar a la práctica el plan que persigue Podemos.

También exigencia de ERC

No se trata sólo de una exigencia del partido de Pablo Iglesias. ERC, cuyo apoyo es imprescindible, también ha exigido la regulación del alquiler tensionado. Y Sánchez ha cedido, aunque lo ha hecho a cuatro meses vista. La regulación se tramitará a través de la Ley de Vivienda, que se tiene que reformar en ese plazo de cuatro meses, según han acordado los representantes del PSOE y Podemos. El partido morado ha registrado ya un texto similar en algunos parlamentos autonómicos. Un texto que reclama regular los precios máximos del alquiler y evitar lo que ellos denominan como precios «abusivos» en las «zonas de alquiler tensionado».

En su proposición, Podemos identifica áreas de las ciudades que considera con precios artificialmente inflados por la especulación. Y sobre ellas exige que se elaboren «herramientas legislativas, estadísticas y de información para elaborar un índice de referencia del precio del alquiler». Igualmente pide que se hagan declaraciones de «zonas de alquiler tensionado» con el objetivo de avanzar en su regulación y rebaja de los precios por indicación oficial.

Precisamente, el Gobierno lanzó este verano lo que denominó «sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler», una potente herramienta estadística  a través de la cual podrán adoptar políticas en materia de limitación de rentas. Este indicador marca aquellas ciudades en las que el precio ha aumentado entre un 25% y un 30% en pocos años: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y las islas (Canarias y Baleares).

Precio de referencia

Podemos quiere que se regule «legislativamente el precio de referencia de una zona, para poner en manos de los ciudadanos información fidedigna sobre los precios del alquiler y evitar abusos». E incluye en ese tipo de exigencias que se determinen igualmente los conceptos de «vivienda vacía y de gran tenedor de vivienda, implementando las herramientas necesarias para su detección y diagnóstico», todo ello, «con el objetivo de poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonable».
No se trata de medidas nuevas. Pero de peligrosas cesiones. Porque en cuatro meses, Podemos pretende tener algo operativo que poder ofrecer a sus bases.

Lo cierto es que las dudas de la validez legal de medidas que obliguen imperativamente a bajar los precios son evidentes. Podemos ha pedido de forma reiterada «detener la subida abusiva de precios del alquiler, a través de la intervención de los Ayuntamientos, conforme a índices de precios que hagan que ninguna familia pague más del 30% de su renta por el alquiler». Ha exigido igualmente «crear un gran parque de alquiler a precio asequible» y aumentar «la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizar y revertir la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público. Impulsar nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas».

«Contra los fondos buitre»

En su plan de actuación Podemos también incluyó «luchar contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda. Para ello, auditaremos los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público e incorporaremos, así, a los programas de vivienda las viviendas cedidas a fondos buitre o a la Sareb. Al mismo tiempo, elaboraremos un censo público de viviendas vacías de entidades financieras, fondos de inversión y empresas. Acabaremos también con las SOCIMI, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda».

La guinda a este plan pasa igualmente por «poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible. Para priorizar la convivencia en nuestros barrios, permitiremos a las comunidades de propietarias y propietarios regular las condiciones de estos pisos y estableceremos una regulación básica sobre las condiciones de estas licencias, en colaboración con las Administraciones competentes, que incluirá su retirada cuando incumplan la ley, por ejemplo, al no pagar los impuestos correspondientes».

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