El ideario de Sánchez para Cataluña reclama una financiación «más justa» en una España «multinivel»

El Partido Socialista confirma su apuesta por el modelo «federal» en su nueva ponencia política para Cataluña. El documento, aprobado en el XV congreso que los socialistas catalanes han aprobado este fin de semana, no hace mención a la amnistía ni otras cesiones al independentismo, y diseña una solución territorial en la que reclaman, por ejemplo, una financiación «más justa» para esta comunidad.

«El federalismo es el mejor método institucional para organizar la gobernanza multinivel en un Estado descentralizado y compuesto como es España, que reconozca a Cataluña como una nacionalidad y a la Generalitat como un sistema institucional de autogobierno que, a la vez, es Estado», suscribe el partido liderado por Salvador Illa.

En este contexto, destacan que el federalismo debe basarse en el «autogobierno» o la «bilateralidad», entre otros principios, con tres ejes claros: un nuevo modelo de financiación autonómica «más justa para Cataluña» y «solidaria con el resto de España», el «despliegue» del «autogobierno»o una «mayor descentralización del Govern en el territorio, en consenso con los municipios».

Apenas unos días después de conceder la amnistía total al separatismo, el texto también lanza críticas a los socios que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Así, afirman los socialistas catalanes que «la unilateralidad» es el «peor método para gobernar los grandes retos de país». «La vía unilateral ha sido conflictiva y, sobre todo, no democrática, fruto de un encantamiento mágico y artificial como suelen ser los populismos polarizadores que simplifican la realidad compleja sin hacer aportaciones constructivas, sino divisorias y falaces», concluyen.

«Temerarios»

Igualmente, el PSC sostiene que los partidos independentistas, sus socios, «actuaron entre 2012 y 2017» –fechas que precisamente abarca la Ley de Amnistía– de manera «temeraria».

«Los socialistas hemos abierto el camino del reencuentro y el diálogo frente a una polarización institucional, partidista y emocional que parecía no tener salida», se recoge en la ponencia.

A continuación, se reconoce que «los partidos independentistas han actuado de forma irresponsable y temeraria, provocando un conflicto institucional inédito aprovechado por la derecha españolista y que ha incentivado la aparición de la extrema derecha con nefastas consecuencias». Un mensaje que choca con el discurso de «convivencia» enarbolado por el propio Sánchez para tratar de justificar sus concesiones.

El PSC ha celebrado este fin de semana su XV congreso, apenas unos días después de la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña, que se celebrarán el próximo 12 de mayo.

En la clausura, Pedro Sánchez ha defendido que con la Ley de Amnistía «gana el crecimiento económico».

«Se ha hablado mucho sobre los indultos y la Ley de Amnistía, pero no nos equivoquemos, son instrumentos, herramientas, con un objetivo claro, que es la normalización política y la convivencia. Cuando la convivencia gana, gana el crecimiento económico, el empleo, los derechos, la estabilidad política y los ciudadanos de a pie», ha enfatizado el socialista durante su intervención.

El presidente se ha esforzado por vincular el proyecto socialista a la «convivencia» y la «cohesión social», las razones que esgrime con frecuencia para justificar sus cesiones a los separatistas. Esta vez ha ido incluso más allá, y ha señalado que «el objetivo es avanzar desde el punto de vista económico y social», destacando que «el marco es la Constitución española», pese a que la amnistía no está amparada por la Carta Magna.

Cabe recordar que el texto finalmente pactado con los separatistas incluye como amnistiables los posibles delitos de terrorismo cometidos durante el llamado proceso separatista catalán, además de la alta traición y la malversación, si no existió lucro personal.

Los independentistas consideran que, de esta forma, todos los afectados por los procesos judiciales en marcha quedarán suficientemente blindados. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, apuntó a la calificación de terrorismo en los hechos organizados por el autodenominado Tsunami, que derivaron en violentos disturbios en Barcelona.