Guiño de Sánchez a los golpistas: impide votar sobre una agencia contra el adoctrinamiento escolar

El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho a los golpistas catalanes todo un guiño en forma de veto a una enmienda de Ciudadanos para no votar así sobre la creación de una Alta Inspección educativa, de carácter independiente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que se están tramitando ahora en las Cortes. El Ejecutivo, que tiene como socios a los separatistas, ha ejercido su poder de voto en base a un «aumento de gasto» para impedir que esta enmienda parcial contra el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña fuera siquiera abordada en la Comisión de Presupuestos del Congreso.

En concreto, los de Inés Arrimadas rescataron para formular esta enmienda una proposición de ley que llevó su antecesor, Albert Rivera, al Congreso de los Diputados en el año 2017 y que fue rechazada por la Cámara por 167 diputados en contra frente a 160 a favor.

Sin embargo, ahora, el Ejecutivo no se ha arriesgado siquiera a permitir la votación y ha vetado la enmienda de Cs al respecto en una segunda tacada de vetos a la oposición.

En dicha enmienda al articulado (la número 408), el partido naranja planteaba la adición de una nueva Disposición Final al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 que incluyera la «creación de la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa» para combatir el adoctrinamiento en las aulas, sobre todo en Cataluña.

En el texto de esta iniciativa, Cs instaba al Gobierno a aprobar «en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley un Proyecto de Ley para crear la Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa del Estado como unidad administrativa independiente».

«Derechos lingüísticos»

Una agencia destinada a «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables», según los naranjas, para impedir el adoctrinamiento.

Ciudadanos destacó en 2017 que todos los estatutos autonómicos, menos el de Cataluña, reconocen la competencia del Estado en cuanto a «desplegar la alta inspección necesaria» para el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la educación. En ese sentido, enfatizó que la Alta Inspección no ha sido objeto de regulación y se trata de «una unidad burocrática sin capacidad alguna de ejecutar la función constitucional».

La nueva agencia que plantean los naranjas sería una «autoridad administrativa independiente», ya que pese a estar adscrita al Ministerio de Educación, su director (mandato máximo de seis años) y sus cuatro consejeros serían nombrados por el Gobierno tras una terna propuesta por un comité técnico de selección.

Hijos de guardias civiles

Para los naranjas, con esta agencia no habría «una sola aula en España en la que no se cumpla la ley, ni un solo profesor que intente manipular, adoctrinar o señalar a un niño porque su padre sea juez, guardia civil o concejal». Además, la Agencia podrá dirigirse a la Fiscalía General del Estado cuando apreciara alguna «ilegalidad de relevancia o transcendencia penal», proponían los naranjas.

Y en el caso de hallar graves incumplimientos de las leyes en lo referente a no garantizar la neutralidad ideológica, se podrían tomar «medidas cautelares» contra la dirección o profesorado responsables, llegando incluso al despido disciplinario.