Guardias civiles homenajean a compañeros asesinados por ETA con una bandera de España con sus nombres

Con el Gobierno de Pedro Sánchez pactando con EH Bildu, con el PSOE protegiendo a los de Arnaldo Otegi en Navarra tras negarse estos a condenar el terrorismo, con Josu Ternera mofándose de los asesinatos de guardias y con los colectivos de presos de ETA exigiendo una amnistía inmediata, la asociación profesional de la Guardia Civil APROGC ha diseñado y fabricado una bandera de España con los nombres cosidos de los más de dos centenares de compañeros asesinados «por esos enemigos de España». En el centro de la bandera, que se puede adquirir en su página web, figura la inscripción «La Guardia Civil muere pero no se rinde”. Esta asociación es la misma a la que el Gobierno castigó por recordar, ante la Ley de Amnistía, el juramento de defender la Constitución.

«Hemos decidido homenajear a nuestros compañeros guardias civiles asesinados vilmente en manos de terroristas. Para ello hemos pensado que la mejor manera de dar visibilidad de una manera permanente y palpable a esos guardias civiles asesinados por esos enemigos de España, es plasmar sus nombres, la fecha, el lugar y el grupo terrorista que cobardemente los asesinó, en nuestra bandera. Siendo en la parte roja donde quedan reflejados sus nombres, ya que fue con su sangre con la que la defendieron, y la frase “La Guardia Civil muere pero no se rinde” en su parte central.

«Creemos que esta bandera, con los nombres de aquellos que dieron su vida por España, debe estar cerca de los corazones de todos los guardias civiles, en recuerdo y como homenaje permanente», aseguran desde APROGC.

El precio de esta bandera, que puede adquirirse en su página web, es de 25 euros más gasto de envío. Los socios de la asociación tendrán un «precio especial».

ETA, durante sus cuarenta años de actividad criminal, asesinó a 210 agentes de la Guardia Civil. Desde el primero, José Antonio Pardines en 1968, hasta los dos últimos, Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun 2009.

«Caza de brujas»

Mientras, el Gobierno defiende la persecución a los dirigentes de asociaciones críticas con la Ley de Amnistía. Cuando el pasado mes de noviembre el PSOE encaraba la recta final de negociaciones con partidos separatistas para investir a Pedro Sánchez como presidente, fueron muchos los colectivos profesionales que elevaron sus críticas a la medida. Y entre ellos estaba la Guardia Civil, cuyas asociaciones se posicionaron frontalmente en contra de la amnistía e incluso recordaron su juramento de defender la Constitución ante cualquier amenaza. Las críticas provocaron una serie de castigos ejemplarizantes a quienes se posicionaron, con expedientes y suspensiones de empleo y sueldo. Ahora, el Gobierno justifica aquella caza de brujas en el Cuerpo asegurando que aquellas críticas fueron «de corte político y partidista».

«Derramar nuestra sangre en defensa de la Constitución». La frase, que se inspira en el juramento de lealtad que asumen los guardias civiles cuando se licencian en sus academias -«si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España»-, fue una de las que puso en pie de guerra al Gobierno de Pedro Sánchez. Provenía de un comunicado emitido por la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc) crítico con la Ley de Amnistía otorgada por Sánchez al separatismo a cambio de sus 7 votos en la investidura.

Aquella situación derivó en 3 sanciones a agentes, dirigentes de diversas plataformas de la Guardia Civil. Agustín Leal, de Jucil, y el presidente y vicepresidente de Aprogc fueron suspendidos de empleo y sueldo. El PP ha preguntado por ello en el Congreso: ¿Un guardia civil no debe defender siempre la aplicación de la Constitución? ¿Cuáles son los límites?, cuestionaba la oposición en una pregunta escrita que también sondeaba acerca de si los agentes tienen vetada la crítica al poder Ejecutivo.

Ya hay respuesta del Gobierno para justificar los castigos en la Guardia Civil por criticar la amnistía: «En el cumplimiento de sus funciones, los guardias civiles deberán actuar con absoluta neutralidad política y sindical».

Por ello, entiende el Ejecutivo, los guardias civiles están obligados a ser «plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista».