La Guardia Civil registró el viernes en secreto la Generalitat en busca de más pruebas de malversación

Ante la petición de pruebas más sólidas que prueben la acusación de malversación de fondos contra Carles Puigdemont, la Guardia Civil como policía judicial continúa trabajando para buscar nuevos indicios que permitan acreditar, ante las autoridades alemanas, la participación del ex presidente catalán en el desvío de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Según ha podido saber OKDIARIO, varios agentes de paisano de la Guardia Civil accedieron el pasado viernes al edificio de la Presidencia de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume, para buscar más pruebas que permitan corroborar la acusación de malversación de fondos que a día de hoy estudia el tribunal de Schleswig-Holstein para proceder, o no, a la entrega de Puigdemont al Tribunal Supremo, cuyo magistrado Pablo Llarena instruye la causa contra los promotores del golpe separatista.

Estos nuevos registros, en un momento en el que en el edificio de Presidencia prácticamente no queda ningún cargo de confianza y los funcionarios están al servicio de los distintos secretarios de Estado en base a la aplicación del artículo 155, se producen días después del rifirrafe entre el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro —encargado de la supervisión de las cuentas catalanas— y el instituto armado y el propio juez Llarena, sobre la utilización de fondos públicos para la celebración y promoción del 1-O.

Más malas noticias para Puigdemont

Esta nueva búsqueda de pruebas contra Carles Puigdemont supondría otro quebradero de cabeza para el ex presidente huido, que cada vez ve más lejos la posibilidad de poder regresar a España, y menos como president.

Y es que el Parlament cerrará este miércoles a las 18.00 horas el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la Ley de la Presidencia que impulsa JxCat para investir a Puigdemont a distancia.

Una vez cerrado el plazo, ya sólo quedará que la Cámara las admita a trámite y la ley, que se tramita por la vía de urgencia, se debata y se vote en el pleno del Parlament que empezará este jueves a las 11.00 horas y que está previsto que se alargue hasta el viernes, cuando previsiblemente la ley será aprobada por la mayoría independentista.

Esta reforma ha sido rechazada por los letrados del Parlament, que la han considerado contraria a la Constitución y el Estatuto, y el Gobierno ha advertido de que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los grupos separatistas, que son mayoría en la Cámara autonómica, han anunciado que no presentarán enmiendas ni modificarán «sustancialmente» el texto.