Gravísima acusación del ministro Garzón contra el Rey: «Maniobra contra el Gobierno»

El ministro de Consumo, Alberto Garzón.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón.

El Ejecutivo ha entrado en una vorágine antimonárquica inusitada pero muy calculada. No contento con vetar la presencia del Jefe del Estado en Barcelona para la entrega de despachos de la Carrera Judicial, uno de sus ministros, el de Consumo, Alberto Garzón, ha llegado al límite del paroxismo antiborbónico y ha acusado a la Corona de «maniobrar contra el Gobierno».

En un giro copernicano a la situación generada por un Gobierno que ha prohibido al Jefe de Estado asistir a un acto en Cataluña con el único fin de  favorecer sus intereses políticos para complacer al separatismo catalán de cara a la negociación de los Presupuestos, el ministro de Consumo ha llegado a tildar de «insostenible» la posición de la Monarquía, a la que acusa de incumplir el principio de neutralidad que marca la Constitución y maniobrar «contra el Gobierno democráticamente elegido». 

Esta es al parecer la idea de «lealtad» que tiene el presidente del Gobierno, quien recordemos que hace escasos días subrayaba en una entrevista en La Sexta la «lealtad de Unidas Podemos en el Gobierno». Y añadía que «para ser la primera experiencia de Gobierno que tienen, honestamente están cumpliendo con creces».

En su tuit, Alberto Garzón asegura que «la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha es sencillamente insostenible», ha lanzado en un comentario en redes sociales.

 

Hace patente en el mensaje el sectarismo ideológico de una izquierda que hace bandera del «quien no está conmigo es mi enemigo» y del pensamiento único.

Tras el veto a su presencia en Barcelona el propio Monarca ha telefoneado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para comunicarle que le «hubiese gustado» acompañarle en el acto.

También se ha pronunciado el portavoz de Galicia en Común en el Congreso, Antón Gómez-Reino, quien ha considerado «gravísimo» lo acontecido este viernes. Además, ha asegurado que un «rey aconstitucional» indica el camino hacia una república «necesaria».

Discurso de Lesmes

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado hoy que la tradicional presencia del Rey en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, que se remonta a hace 20 años, tiene un significado «simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey», en referencia al veto del Gobierno de Pedro Sánchez al Rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces que ha tenido lugar este viernes en Barcelona.

En el discurso pronunciado durante el acto de entrega de despachos a los integrantes de la LXIX promoción de la Escuela Judicial, celebrado por primera vez en la sede de este órgano técnico del CGPJ en Barcelona, Lesmes ha expresado el «enorme pesar» del Poder Judicial por la ausencia este año del jefe del Estado, a la que se ha referido con estas palabras: «Nuestro lamento no sólo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también, y sobre todo, porque la presencia de su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculación que forma parte de nuestra tradición histórica desde la Constitución de Cádiz de 1812, y que sirve además para resaltar la dignidad de nuestra función».

«La Constitución Española de 1978 -ha añadido-, Norma Fundamental que ha permitido transitar a España por su más largo periodo de paz, progreso, estabilidad y convivencia, al instituir y regular el Poder Judicial emplea una fórmula de hondo significado simbólico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Esta breve frase expresa la legitimidad del Poder Judicial, que emana, como todos los poderes del Estado, del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, y expresa también que la administración de la Justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjugándose así, armónicamente, en la fórmula constitucional, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación».

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