El Gobierno socialista de Andalucía tenía bloqueados 648 chiringuitos de playa

Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía.
Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía.
Carlos Cuesta

La gestión del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, el de la socialista Susana Díaz, consiguió bloquear con su negligencia hasta el desarrollo normal de los chiringuitos de playa. El nuevo equipo de Juanma Moreno se ha puesto manos a la obra y prepara ya un plan específico para desatascar los permisos de actividad de estos negocios totalmente característicos del litoral andaluz.

La realidad es que en estos momentos son ya 648 los negocios de este estilo que permanecen atrapados en la maraña de trámites y negligencia socialista. Atrapados, y sin generar empleo en puertas de la nueva campaña turística de verano.

El departamento de la Gestión del Litoral es el cargado de autorizar estos negocios. Desde allí se conceden las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Y es allí donde los nuevos equipos de Gobierno de Moreno se han encontrado con un nuevo atasco generado por la falta de diligencia de la Junta socialista: hasta 648 expedientes de chiringuitos atascados, esperando a poder generar negocio y empleo.

Los equipos de PP y Ciudadanos -respaldados por Vox- ya han tomado la decisión de desatascar las licencias, que serán objeto de un plan específico dirigido a dar solución a un problema sobre el que la maraña de requisitos es tan compleja fruto del caos burocrático organizado que resultaba difícil predecir incluso los tiempos de espera para poder obtenerlas.

Desde la actual Junta señalan que “se trata de una actividad con gran relevancia para la comunidad autónoma andaluza desde el punto de vista económico y turístico”. Y aseguran que el nuevo plan para desatascar este sector “garantizará la seguridad jurídica y el respeto de los requisitos medioambientales”.

El problema viene de antiguo y hace ya tiempo que el PP se temía que cuando se destapase la situación de los chiringuitos se viese un problema de gran magnitud. Y es que hace ya años que desde el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía se venía reclamando agilizar la situación jurídica de los chiringuitos, porque, según las estimaciones de los populares previas a llegar al Gobierno, el 40% de estos negocios estaban inmersos en una órbita de inestabilidad jurídica e imposibilitados para realizar inversiones con las que mejorar las instalaciones. Y todo ello suponía el retraso o la pérdida de creación de empleo.

La cifra de 648 chiringuitos atrasados o bloqueados es más que llamativa porque significaría teóricamente, en caso de obtener todos efectivamente una licencia, casi duplicar la actual red de este tipo de establecimientos. Aunque la cifra tiene un pequeño matiz: porque ante los retrasos, más de la mitad de los actuales chiringuitos están funcionando sin tener la licencia plenamente operativa, tal y como llegó a reconocer la propia Junta socialista.

En estos momentos y con los datos exactos, el número de chiringuitos oficialmente reconocidos supera levemente los 700 -uno de los últimos recuentos en verano del pasado año arrojó la cifra de 704-. De ellos, 287 contaban con licencia de apertura, 256 estaban tramitándola, 10 la tenían extinguida y 50 operaban sin ningún tipo de título, según esas cifras de hace menos de un año de la Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio. Es decir, que sólo el 44,10% de estos establecimientos tenía la concesión en regla, el 36,42 % la estaba gestionando y aún no se la habían dado, mientras que el resto carecía de ella (13,66%) o estaba afectado por disposiciones transitorias de la Ley de Costas (5,83%).

De este modo, parte de esos 648 expedientes atascados corresponden a los 256 casos que se están tramitando.

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