El Gobierno busca vías legales para imponer recortes a los hogares si se agrava la crisis del gas

España quiere tomar la delantera en Europa en lo que al ahorro energético se refiere. Aunque la intención inicial del Gobierno de Pedro Sánchez era que las imposiciones no afectaran a los hogares, el Ejecutivo está estudiando vías legales para imponer una reducción del consumo a todos los ciudadanos ante las crecientes posibilidades de un corte del gas procedente de Rusia. En este contexto, el presidente del Gobierno ya ha pedido a su equipo «analizar todos los escenarios legales». «Tenemos que entrar en las casas», apuntan en La Moncloa.

A la vuelta de las vacaciones, todos los países europeos -tengan las reservas gasísticas que tengan- se verán obligados a adoptar severas medidas que vayan en la dirección de reducir el consumo y, en consecuencia, la dependencia energética de Rusia. El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja desde hace semanas en el plan de contingencia que deberá remitir a Bruselas antes de que termine septiembre. Ha pedido propuestas a las comunidades autónomas, al contrario de lo que ocurrió con el decreto aprobado a principios de agosto y que obliga a los comercios y empresas a limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción o a apagar los escaparates. Ese plan incluirá nuevas restricciones y también recomendaciones para el conjunto de la ciudadanía.

La intención inicial era que estos recortes no afectasen a los hogares, a quienes sí se dirigirá una intensa campaña de concienciación en los próximos meses. No obstante, ello no evita que el Ejecutivo se prepare para todos los escenarios ante el posible corte de abastecimiento del gas ruso.

El quid de la cuestión es la cuestión legal. Saben que no será tarea fácil, ya que podría abrirse un frente en el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que recurrirá las primeras medidas, por suponer una injerencia en sus competencias autonómicas y chocar con otras normativas.

Esas primeras medidas dejan fuera a las viviendas y sólo afectan a edificios públicos y establecimientos comerciales o de hostelería. Pero fuentes gubernamentales reconocen que es «en los domicilios donde más energía se va a consumir en los próximos meses». Por ello, «un grado o más o un grado menos en la calefacción facilitará un ahorro enorme», explican en el entorno de Sánchez.

De ahí que actuar dentro de las casas, en los entornos familiares, sea «crucial» en invierno «si queremos cumplir con los objetivos» comprometidos con Bruselas. Ese compromiso implica una reducción del 7% en el consumo energético, que será mayor si se agrava la crisis energética.

A diferencia de lo ocurrido con el primer decreto, el Gobierno no puede obligar a las viviendas particulares a limitar el consumo. Por eso, en Moncloa se buscan «mecanismos legales para, si fuera necesario, poder hacerlo».

A día de hoy descartan adelantarse y avanzar cuáles podrían ser esos mecanismos. De momento, se fía todo a la recomendación que, asumen, «dependerá del grado de compromiso de cada familia». Pero, si la situación se agrava, el Ejecutivo considera que podría verse «obligado a adoptarlos». Se aprobarían en el Consejo de Ministros y supondrían, en mayor o menor medida, una intervención en el mercado y en el día a día de las familias.

Como ya ocurrió durante la pandemia, con un decreto que limitaba la movilidad de los españoles, en caso de una situación extrema el Ejecutivo podría recurrir a una herramienta similar para que la potencia que llega a las viviendas tenga una limitación concreta. Y que eso dificulte subir la calefacción por encima de la temperatura establecida. Nos obstante, para el confinamiento tuvo que declarar un estado de alarma, algo que quizá tendría que repetir ahora.

Alumbrado

La previsión del Gobierno es que este nuevo paquete de medidas de ahorro energético se acabe de definir a lo largo del mes de septiembre. El Gobierno estudia todos los escenarios. A partir del 23 de agosto, tras esos trabajos previos, los expertos del Ministerio para la Transición Ecológica definirán el plan de contingencia. El Gobierno está a la expectativa también de lo que dicta la Comisión Europea, que ya ha pedido un compromiso explícito a los Estados miembros y las medidas que adoptan otros países.

Hasta ahora, y como ha ido avanzando OKDIARIO, el Gobierno piensa en varias recomendaciones para la ciudadanía, como la limitación de la velocidad a los 100 kilómetros por hora o mantener también el aire acondicionado en los 27 grados como máximo.

Este lunes, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) avanzó, en una entrevista en la Cadena SER, que algunas de esas nuevas medidas podrían afectar al «alumbrado público». Joan Groizard admitió que estas luces «tienen una función muy importante para la seguridad ciudadana y en ningún caso se vería limitado», pero sí valoró que «puede haber determinados tipos de alumbrado que se llegue a la conclusión de que sean prescindibles». Preguntado sobre esta cuestión, apuntó, por ejemplo, a la «publicidad luminosa o a los alumbrados monumentales», si bien señaló también que repercuten en el turismo y la actividad económica. El Gobierno se plantea también alguna limitación en el alumbrado navideño, aunque no está nada cerrado. «A lo mejor no tienen que estar toda la noche encendidas todas las luces en todas partes», apuntó Groizard.