El Gobierno reconoce que tendrá que duplicar el número de plazas para inmigrantes ilegales en Canarias

A principios de 2021 el Defensor del Pueblo hizo público un informe valorando la gestión de la crisis migratoria en Canarias que sólo en 2020 recibió más de 23.000 inmigrantes ilegales, cifra que a estas alturas ya ha superado en mucho los 30.000. Fruto de las deficiencias detectadas en ese informe el Gobierno ha reconocido que pretende doblar el número de plazas de acogida en Canarias hasta llegar a las 13.000, que además pretende que sean permanentes.

Hace menos de dos meses llegó al Congreso de los Diputados el informe del Defensor del Pueblo sobre la situación generada en Canarias tras la ola migratoria que está suponiendo la llegada masiva de embarcaciones ilegales hasta el archipiélago. El documento fue recibido como un duro varapalo a la gestión del Gobierno en la respuesta de esta crisis y en lo que más incidía era en los síntomas de improvisación y falta de voluntad política de la que eran víctimas a la postre los derechos de los propios inmigrantes ilegales.

Uno de los argumentos más contundentes del citado informe se reflejaba de esta manera: «El sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados».

El informe se llevó a cabo tras varias semanas de visitas en Canarias y hacía hincapié precisamente en los alojamientos y en el trato recibido, sobre todo, por los presuntos menores de edad llegados a las Islas. Sobre lo primero la instalación de campamentos temporales o el uso de equipamientos inapropiados como colegios cerrados era la base de las quejas del informe.

Sobre los menores, el Defensor criticaba un problema que permanece vigente en la actualidad: hay miles de pruebas de madurez pendientes de realizar para comprobar cuántos inmigrantes ilegales se están haciendo pasar por menores de edad sin serlo y por eso están recibiendo una ayuda asistencial que no les corresponde.

Con este documento sobre la mesa fueron varios los grupos políticos que se interesaron por la realidad percibida por el Defensor del Menor en Canarias, pero como suele ocurrir, fueron los parlamentarios que representan de manera concreta a las Islas los que más ahínco pusieron en sus consultas. Es el caso del senador por Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien interpeló al Ejecutivo Central por el informe del Defensor del Menor.

Hace sólo unos días llegó la respuesta del Gobierno. Para empezar, se reconocen las carencias denunciadas en el informe, algunas tan groseras como la escasez de intérpretes de diferentes idiomas en algunos centros de internamiento de inmigrantes ilegales tras más de un año de crisis migratoria.

7.000 y 6.000 plazas más

El Gobierno es consciente de que la situación migratoria en Canarias no va a mejorar, y en su respuesta al Senado asegura que las 7.000 plazas que se destinaron para acoger a inmigrantes ilegales se van a tener que prácticamente doblar con 6.000 plazas más de las que una parte sin determinar “tendrá carácter permanente para afrontar hipotéticas llegadas sin necesidad de acudir a dispositivos de emergencia”.

Con esta respuesta el Gobierno asume que la crisis migratoria volverá a agudizarse y que Canarias será el lugar donde se queden por miles el grueso de inmigrantes ilegales que lleguen a las Islas, y, o bien no puedan ser expulsados, o no puedan seguir trayecto hacia la Península o el resto de Europa.

El Gobierno, por otra parte, también sabe el efecto que la crisis migratoria está teniendo sobre la población de las Islas Canarias, especialmente en Gran Canaria, la isla que está recibiendo en mayor número inmigrantes ilegales. De hecho, ha sido allí dónde más manifestaciones se han producido, no como muestra de rechazo a los inmigrantes ilegales, sino más bien hacia la falta de solidaridad del resto del país a la hora de aceptar a parte de esas personas. El Gobierno lo ve de otra manera:

“Se trabaja para evitar posibles brotes xenófobos proporcionando respuestas a las dudas planteadas por la ciudadanía respecto a la acogida de personas llegadas en patera al tiempo que se mantienen los programas de sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia”.

Es curioso, porque el Gobierno, a renglón seguido de insinuar que la sociedad canaria disconforme con la acogida masiva y exclusiva de inmigrantes ilegales es racista y xenófoba, pide una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo sobre el reparto de inmigrantes ilegales entre Estados de Europa.

Así que los canarios que protestan por la insolidaridad autonómica en el reparto del peso de la inmigración ilegal, mal. Pero si quien se queja es el Gobierno en Europa, bien. Y está por escrito.