El Gobierno rebaja los requisitos de su propia ley para que haya más «víctimas del franquismo» indemnizadas

El Gobierno prepara un real decreto para simplificar los requisitos que contempla su propia Ley de Memoria Democrática para ser considerado «víctima del franquismo», lo que, entre otras cosas, permite el acceso a indemnizaciones. Concretamente, esta nueva normativa tiene como objetivo facilitar la tramitación de las solicitudes de todos aquellos ciudadanos que consideren que padecieron «persecución o violencia» durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.

El documento que el ministerio de Ángel Víctor Torres ha sometido a consulta pública recoge que este proyecto de real decreto tiene como objetivo actualizar y regular el procedimiento de declaración de reparación y reconocimiento personal para quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. «La normativa propuesta busca ofrecer una regulación clara y actualizada que facilite la tramitación de estas solicitudes y garantice una mayor equidad y transparencia en el proceso. La aprobación de este real decreto pretende incrementar la seguridad jurídica, cubrir eventuales vacíos normativos, y precisar los procedimientos y conceptos necesarios para una aplicación uniforme de la ley», apunta el Gobierno.

Asimismo, el Ministerio de Memoria Democrática asegura que es necesario desarrollar una nueva normativa para garantizar una correcta implementación de las medidas de reconocimiento y reparación personal. «La nueva regulación permitirá una adaptación efectiva a los criterios establecidos por la Ley 20/2022, de 19 de octubre, asegurando la coherencia en el reconocimiento y la reparación de las víctimas, facilitando la colaboración entre las administraciones públicas y simplificando los requerimientos exigidos a los solicitantes», reza el texto sometido a consulta pública.

De esta forma, el Gobierno busca mediante esta nueva normativa simplificar los requisitos necesarios para las personas que soliciten la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Estas razones incluyen la pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

«Mediante esta Declaración, la democracia española honrará a aquellos ciudadanos que padecieron directamente la injusticia y los agravios derivados de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista. A quienes perdieron la vida y también a quienes perdieron su libertad al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. Igualmente, se reconocerá a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y en tantos casos, irreversible exilio» expone la Ley de Memoria Democrática.

La llamada Ley de Memoria Democrática -pactada por el Gobierno con Bildu- recoge el derecho de las víctimas a la «reparación económica». En concreto, la norma obliga al Gobierno a designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa las medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura, en función de lo previsto en la ley estatal y las autonómicas, pronunciándose sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y «los déficits que se puedan subsanar».

Símbolos franquistas

Este mismo verano, Ángel Víctor Torres daba los primeros pasos para la aprobación real decreto que regule el catálogo de símbolos y elementos franquistas, previsto en la Ley Memoria Democrática. El texto tiene como objetivo crear un marco jurídico y establecer un listado con todos los «elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática» para su posterior retirada, con multas de hasta 10.000 euros si se incumple la normativa vigente.

«Se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar aspectos de la ley por vía reglamentaria, especialmente en lo relativo a la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Este catálogo es un instrumento esencial para la retirada de aquellos elementos que, de acuerdo con la ley, se consideren contrarios a la memoria democrática y facilita las obligaciones de quienes están llamados a retirarlos, favoreciendo la adecuada colaboración de las administraciones públicas», expone el texto impulsado por el ministerio de Ángel Víctor Torres.

Por este motivo, el Gobierno ha iniciado la consulta pública previa a la redacción de un real decreto que regule el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, previsto en el artículo 36 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre. Este nuevo texto tiene como finalidad desarrollar la Ley de Memoria Democrática. En concreto, en lo referido al artículo 36 confeccionará, en colaboración con el resto de las administraciones públicas, un catálogo de símbolos y elementos franquistas, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados.