El Gobierno prepara una nacionalización encubierta entrando en el capital de las Ibex que sean opadas

Iglesias reclamó nacionalizaciones de empresas de los sectores estratégicos y Moncloa ha sabido unir -de forma parcial- esa exigencia con la crisis y el momento actual para empezar a plantear a las grandes cotizadas españolas una vía de protección frente a posibles opas extranjeras: la entrada del Estado en el capital de las IBEX por medio de la compra de participaciones cercanas al 5%.

La toma de capital por el Estado supone toda una nacionalización encubierta de las compañías clave españolas. Todo un giro en la evolución histórica de la economía española, sólo insinuado levemente por el reciente rescate de Air Europa por el Estado -la dotación de 475 millones a cuenta del Fondo de Solvencia deja en manos del Gobierno dos consejeros-. Un giro hacia la economía pública que alegrará al sector más intervencionista del Gobierno socialcomunista.

Pero, además, Bruselas no podrá decir nada. Y es que, países como Francia o Italia, han mantenido una presencia pública en empresas estratégicas de forma tradicional y bajo el manto comunitario. Todo ello sin que la UE planteara problema alguno.

La toma de capital en las IBEX se plantea como un freno a determinadas operaciones: en concreto, a las opas procedentes de gigantes comunitarios. Y es que los movimientos en los tableros empresariales han empezado a moverse y, en especial, en los sectores clave.

Pedro Sánchez es plenamente consciente de la situación de vulnerabilidad de las empresas españolas ante el deterioro de la economía y la caída de sus cotizaciones. Sabe que algunos de los gigantes nacionales se han situado en posición de ser opables por grandes compañías de otros países. Y se ha comprometido ya ante los principales directivos españoles a intentar parar el golpe.

El presidente del Gobierno y algunos de sus principales responsables económicos han mantenido en los últimos meses las primeras reuniones con responsables de sociedades del IBEX-35 para asegurar que defenderán a las empresas que puedan recibir estos ataques procedentes de compañías extranjeras que deseen entrar en el mercado español por medio de la compra de los gigantes españoles.

Uno de los foros en los que se abordó este asunto fue el encuentro del pasado mes de octubre celebrado entre Pedro Sánchez y los grandes directivos de las IBEX españolas.
 Muchos de los ejecutivos allí presentes alertaron de la llegada de noticias sobre opas en preparación. Opas en ciernes sobre las mayores empresas españolas y algunas de ellas procedentes del entorno europeo.

Pedro Sánchez recordó ya en ese foro su compromiso de evitar los ataques por medio de la ley de opas que prepara. El problema es que esa norma se centra sólo en los ataques que reciban las empresas españolas desde compañías ubicadas fuera del ámbito comunitario.

Pero esas conversaciones han ido a más. Y el problema de las opas comunitarias ha saltado a la palestra.

Sectores como el bancario -inmerso en todo un proceso de concentración nacional para evitar debilidades o compras no deseadas-, el energético, o el de telecomunicaciones, se han visto ya sacudidos por los intereses de compañías cotizadas europeas deseosas de aprovechar las bajas cotizaciones bursátiles para comprar. Y frente a esas opas no existiría escudo legal admisible en el entorno legal europeo.

Resultado: los planteamientos estatalistas del Gobierno han decidido salir a flote y empezar a ofrecer la posibilidad de que el Estado entre el capital de las IBEX estratégicas para intentar frenar, con paquetes cercanos al 5%, los deseos de absorción de sus competidores europeos.

No se trataría nunca de paquetes de control, ni mucho menos. Pero el mero hecho de contar con el peor de los accionistas -y más que probable consejero- en la mesa de decisiones de una compañía, sí puede convertirse en un influyente disuasor antiopas. Eso sí, por supuesto, también se puede convertir, con el mismo razonamiento, en un claro depresor del valor de mercado de la compañía.

Y es que Sánchez y los principales directivos empresariales saben que lo que queda por masticar de la crisis no será un trago dulce y fácil.

España es el país del mundo con mayor tasa de mortalidad por el coronavirus. Y eso tendrá un efecto demoledor, no sólo en la faceta humana, sino también en la de la imagen país.

Pero es que, además, España es el país del mundo desarrollado que más va a sufrir las consecuencias económicas de la enfermedad. Según las previsiones de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), España sufrirá el mayor descalabro en el PIB en 2020, con un desplome del 11,6% y del 12,2%, respectivamente.

Pero, pese a las declaraciones públicas de Sánchez y otros miembros del Gobierno, los datos hablan por sí solos. España va a perder este año el doble de riqueza que Estados Unidos y cuatro veces más que Brasil.

La diferencia entre unos gobiernos y otros es que mientras en Italia, Alemania o Francia se han dado ayudas directas a empresas y ciudadanos para hacer frente a la pandemia o para fomentar el consumo, en España no se ha ayudado de forma suficiente a las empresas. Las asociaciones empresariales han pedido constantemente que el Ejecutivo de Sánchez no se limitara a aplazar los pagos de las compañías, sino que se condonaran parte de los pagos que les ahogan financieramente.

Ahora, la solución de Sánchez pasa por aprovecharse de ello para entrar en las empresas. Una medida que, con plena seguridad, agradará a sus socios de Podemos.