El Gobierno paga 400 € al día a un «experto» para que analice acciones policiales durante el franquismo

El Gobierno ha contratado a un experto para que elabore informes sobre la «vulneración de los derechos humanos» por parte de la Policía durante la dictadura de Franco. Concretamente, el experto elegido por Pedro Sánchez es David Ballester, que percibirá 8.470 euros por estos trabajos que durarán menos de un mes.

El Ejecutivo ha contratado a Ballester «para la elaboración de informes necesarios para el correcto desarrollo de la comisión técnica para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia».

Esta comisión fue creada por el Gobierno en abril de 2024 y tiene como objetivo elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas».

Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo ha licitado un contrato para buscar un «experto», que recibirá 400 euros al día por su trabajo. El seleccionado ha sido Ballester, que ha centrado una parte de su labor investigadora en el ámbito de la historia social, en especial en el del sindicalismo marxista catalán, reconstruyendo la evolución de la UGT de Cataluña.

«Por su experiencia en el asunto del que se ocupa la exposición, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha considerado que es la persona idónea para realizarlo. David Ballester es magíster y doctor en Historia Contemporánea por la UAB. Ha ejercido como catedrático de enseñanza secundaria, profesor de la Escola de Policia de Catalunya – ISPC y del Departament d’Historia Moderna i Contemporania de la UAB», argumentan desde el Ejecutivo.

Consejo de Memoria Democrática

De los 30 puestos del Consejo de la Memoria Democrática que ha aprobado el Gobierno, 28 son simpatizantes… del propio Gobierno. Este organismo, que tiene entre sus funciones elegir a los integrantes de la comisión de la verdad sobre el franquismo, estará compuesto por dos representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, entidades memorialistas elegidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, profesionales «en el campo de la recuperación de la memoria democrática» y hasta 12 miembros de diferentes ministerios. Cabe recordar que esta comisión de la verdad fue una de las exigencias de Bildu al PSOE para apoyar su Ley de Memoria Democrática.

El pasado martes, el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de la Memoria Democrática. Este nuevo organismo, que según el Gobierno «es el órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas», estará presidido por Ángel Víctor Torres y la vicepresidencia estará ocupada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Además, formarán parte de este Consejo 12 representantes de nueve ministerios, 10 vocales de entidades memorialistas seleccionadas por el Gobierno, dos profesionales «de la recuperación de la memoria democrática», un vocal de UGT, un vocal de Comisiones Obreras y dos representantes de la patronal. De esta forma, de los 30 asientos de este órgano, 28 están ocupados por personas vinculadas al Ejecutivo.

Entre las funciones del Consejo está informar el plan plurianual de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas del franquismo, o elaborar informes y recomendaciones sobre la política de memoria democrática. Además, este organismo -por mayoría de tres quintos- elegirá a los miembros de la comisión de la verdad. «Su finalidad será contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura», asegura el Ejecutivo, que remarca que la comisión deberá dar cumplimiento a su cometido en un plazo de 18 meses desde su constitución, con la entrega de sus conclusiones y recomendaciones.

Esta comisión de la verdad fue una de las exigencias de Bildu a Sánchez para aprobar su Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022. Fue a instancias del partido de Arnaldo Otegi que el PSOE aceptó poner en marcha esta comisión, como parte de un acuerdo para obtener su respaldo parlamentario. Además, se amplió el periodo contemplado por la norma hasta el 31 de diciembre de 1983. Desde la perspectiva de Bildu, los casos de tortura no se limitaron a la dictadura franquista, sino que continuaron durante los primeros años del proceso democrático, afectando a quienes, según ellos, defendían la consolidación de ese nuevo régimen.