El Gobierno busca chivatos para que no quede ningún símbolo franquista sin retirar de las fachadas

El Gobierno se encuentra en proceso -por el trámite de urgencia- para poner en marcha un «catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática», que buscará la simbología franquista en edificaciones, escudos, insignias, placas u otros elementos adosados a edificaciones o construcciones para instar a su retirada.

El Ejecutivo prepara un real decreto que recoge, igualmente, que «cualquier persona podrá comunicar a la Dirección General responsable de la gestión del catálogo el incumplimiento de la obligación legal de no exhibir públicamente símbolos o elementos contrarios a la memoria democrática».

El Gobierno apela al artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática -aprobada en 2022 gracias al voto de Bildu- que establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática «las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública» en los que «se realicen menciones conmemorativas de la sublevación militar y de la dictadura». Asimismo, prosigue, como de dirigentes, participantes, organizaciones, unidades militares o civiles «en el sistema represivo» de la dictadura o de «las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial».

Una comisión de 13 personas

El Gobierno considera que en las administraciones territoriales autonómicas y locales -o en bienes de titularidad privada- aún persisten «dificultades para el cumplimiento de este mandato legal». Por ello, les advierte que son las responsables, en el ejercicio de sus competencias y territorio, de tomar «las medidas oportunas» para la retirada de elementos contrarios ya sean en ubicaciones de carácter público, privado o religioso.

Asimismo, el Gobierno destaca que existen «múltiples casos» en los que dichos elementos se encuentran en bienes protegidos por las leyes del patrimonio histórico o cultural», por lo que será una «comisión técnica» la que determine si son elementos contrarios a la memoria democrática o, en su caso, su eventual retirada o eliminación.

Esta «comisión técnica» estará integrada por 13 personas. Ocho de ellas serán «expertos en memoria democrática», con una «acreditada trayectoria, cualificación profesional, publicaciones y participación en proyectos de investigación», según el Gobierno. Además, habrá únicamente dos personas en representación de las comunidades autónomas.

Propiedad privada

La Ley de Memoria Democrática establece que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación».

En este sentido, «carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura» y «a tal efecto, no podrán mostrarse en lugares representativos y, en particular, despachos u otras estancias de altos cargos, espacios comunes de uso, ni en áreas de acceso al público».

Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos».

Multas de 10.000 euros

La ley precisa que esta obligación «no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley». Se considera que concurrirán razones artísticas «cuando se trate de elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español» y «únicamente se considerará que concurren razones arquitectónicas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación».

En su artículo 37, la ley establece además que si no se produce la eliminación de estos símbolos, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para su retirada. La administración podrá imponer multas -hasta diez sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 a 1.000 euros- «según la entidad del elemento a retirar». El incumplimiento está considerado una infracción grave, con sanciones totales de hasta 10.000 euros.