El Gobierno pacta con sus socios allanar la tramitación de los Presupuestos, la Ley Celaá y la reforma del CGPJ

Negociación y acuerdo exprés del Gobierno con sus socios separatistas y nacionalistas para que los tiempos de tramitación parlamentaria de algunas de las leyes más importantes y de las proposiciones que han presentado se reduzcan a la mínima expresión. Así lo han trasladado a OKDIARIO, a última hora de este miércoles, fuentes socialistas que reconocen un acuerdo del Gobierno con ERC, EH Bildu, el PNV, Más País – Compromís y otros partidos minoritarios para que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado y la Ley Celaá se puedan aprobar de forma inmediata en los próximos días y que su anhelada reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda tramitarse reduciendo los plazos en el Congreso, con el aval único necesario de la presidenta de la cámara, la socialista Meritxell Batet.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se ve fuerte ahora por la mayoría holgada de la aprobación de las cuentas públicas, quiere aprovechar esa alineación de fuerzas para lograr el mayor avance en sus intenciones de legislar de espaldas a una mayoría de la ciudadanía. Este martes, tras la llamada fallida entre el presidente y el líder del PP, Pablo Casado, para intentar acordar la renovación del CGPJ, el secretario general socialista dio instrucciones a su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, para registrar en el Congreso la petición para tramitar su proposición que limite las funciones del órgano de gobierno de los jueces por la vía de urgencia. De esta forma se reduce a la mitad el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos, de la misma forma que la de redacción del informe de la ponencia.

Lastra y el portavoz de Podemos en la cámara baja, Pablo Echenique, con la ayuda de la vicepresidenta primera y Ministra de Relaciones con las Cortes, Carmen Calvo, han pilotado una negociación delicada con sus socios para asegurarse que sus objetivos se cumplirán sin bajarse del autobús. La gran incógnita, ahora, será ver qué contrapartidas han ofrecido los partidos de la coalición, a separatistas y nacionalistas, a cambio de facilitarles de esta manera la gobernabilidad en el legislativo. Además de esta reducción de plazos, al ser presentada por dos partidos y no por el Gobierno, como debería haber sido, el Ejecutivo evita que los órganos consultivos del Estado tengan que emitir su informe sobre la voluntad de Sánchez e Iglesias. Como Europa, el Consejo de Estado, muy probablemente no avalaría esta reforma.

El Partido Socialista es el principal interesado en que todas estas leyes y proposiciones se puedan aprobar cuanto antes. La relación entre ambos partidos es cada vez peor y aplazar mucho tiempo votaciones claves puede poner en peligro los planes del presidente del Gobierno. Y es que con las cuentas públicas validadas, algo que ocurrirá el martes que viene, en Moncloa habrá movimientos de carácter organizativo. El propio Sánchez se lo avanzó a Iglesias hace unas semanas, tal como adelantó este periódico, presionado por sus compañeros de partido y tras las múltiples salidas de tono del vicepresidente segundo.

Pulso de Podemos

En Ferraz temen que tras ese golpe de autoridad del jefe del Ejecutivo, que sitúan a finales de año o principios del año que viene, los ministros de Podemos puedan aumentar sus pulsos a los socialistas y poner en riesgo cuestiones tan sensibles en las que existen aún muchas diferencias entre los dos socios de Gobierno. Precisamente en el PSOE achacan al miedo de Iglesias a una eventual crisis ministerial, que por ahora descartan de forma inminente en el entorno del presidente, la actitud que ha adoptado en las últimas semanas al atacar constantemente a sus compañeros para marcar perfil propio. Por ese motivo, en el cuartel general socialista, hay una cierta prisa para que antes de las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, y de ese aumento de las tensiones internas por asuntos como las pensiones o el salario mínimo interprofesional, se puedan dejar solucionados todas las cuestiones que preocupan a Sánchez.

Además de las reformas ya mencionadas, socialistas y podemitas, también analizan cómo poner fin a la interinidad de Radio Televisión Española, en manos de la administradora única Rosa María Mateos desde hace ya unos años, o el Defensor del Pueblo. En el caso del ente público los dos partidos del Gobierno contarían con el beneplácito del Partido Nacionalista Vasco, según fuentes de Sabin Etxea consultadas por este periódico, para reformar la Ley poniendo fin al concurso público que promovió el actual presidente al poco tiempo de llegar a Moncloa, en 2018, tras la moción de censura contra el ex presidente Mariano Rajoy.