El Gobierno oculta al Congreso la ‘Gestapillo’ anti-bulos de Marlaska para perseguir las noticias críticas

El Gobierno evita dar detalles del dispositivo encargado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para vigilar los «bulos» que provoquen «desafectos» con la gestión del coronavirus. El Ejecutivo, en varias preguntas por escrito, se remite únicamente a la comparecencia del ministro Marlaska, el 21 de abril en el Senado y un día después, en el Congreso, pero sin entrar en detalles sobre las cuestiones planteadas y, por tanto, esquivando la respuesta.

En concreto, desde Vox se preguntó al Ejecutivo por datos concretos sobre «los medios y efectivos que ha dedicado el Gobierno a tal actividad».

En su pregunta, los diputados Macarena Olona, Francisco José Alcaraz, Javier Ortega-Smith y Luis Gestoso, se referían a las «estremecedoras declaraciones» de Marlaska, el 12 de abril, «en las que insinuó que su Ministerio iba a hacer funciones de una especie de ‘Gran Hermano’ controlador de las redes sociales».

Caza al disidente

«Estas declaraciones no fueron inocentes. Respondían a la campaña de desinformación y caza al disidente, iniciada unos días antes por la izquierda contra los bulos, queriendo desacreditar, acusando de falsedad, cualquier discrepancia con la ‘verdad oficial’, y las constantes mentiras del Gobierno», proseguía en la pregunta.

Los parlamentarios se referían en este contexto a «la campaña en redes sociales del PSOE donde se instaba a denunciar ante la Policía y la Guardia Civil cualquier tipo de lo que sus simpatizantes considerasen bulo, tratando de generar así terror y confusión a cualquiera que quisiese expresar en libertad sus críticas a la nefasta gestión de esta catástrofe por el Gobierno, al que pertenece el señor Marlaska y, por otro lado, mayor generador de bulos y ‘fake news’ durante la alarma».

Asimismo, se remitían a los «precedentes» del PSOE en la gestión del Ministerio del Interior: «Recordemos sólo a los GAL, el caso Faisán -que el ministro conoció tan bien- el caso de los fondos reservados y todos los escándalos  y atentados a las libertades que han perpetrado otros en su puesto».

«Dedicar un sólo efectivo de Interior, quitándolo de la protección de los españoles en esta tragedia, ya sería un escándalo mayestático», avisaban desde Vox. «Dedicarlo a perseguir la libertad de expresión de los españoles sería totalitario y propio de los paíes comunistas que el vicepresidente Iglesias anhela», proseguía el partido de Abascal.

En otra pregunta, registrada también por el mismo grupo parlamentario, se preguntaba al Gobierno si «se han intervenido telecomunicaciones de particulares a tal fin» y, en su caso, «con qué autorización judicial». Y en otra, se pedían datos específicos sobre «a cuántas personas se ha monitorizado» y «si pertenecían a algún partido concreto». Ninguna pregunta encontró respuesta por parte del Gobierno.

Vigilancia digital

El 22 de abril, en respuesta a una interpelación de Vox en el Congreso, Grande-Marlaska admitió una «vigilancia digital» para rastrear redes sociales y «evaluar posibles amenazas», que serían notificadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «para que investiguen y actúen».

«Cuando hablamos de amenazas, no hablamos de opiniones personales, no hablamos de críticas a la gestión del Ejecutivo», rebatió el ministro.

La diputada Macarena Olona ironizó con que el Gobierno no resultaba «original» con su iniciativa que, recordó, se aplicó en España «durante la II República».

«¿Quién fija qué es o no es bulo, señor Marlaska? ¿Quién fija la mentira oficial? En primer lugar y en primera instancia, desde luego el Gobierno. Todo lo que se aparte de esa mentira oficial habrá de ser considerado bulo y, por supuesto, represaliado», reprochó Olona.

La ‘caza’ de las informaciones críticas con el Gobierno trascendió cuando, en una rueda de prensa del comité técnico del coronavirus, el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, admitió que desde el cuerpo trabajaban para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». 

Orden a la Guardia Civil

La orden, como publicó OKDIARIO, fue remitida por escrito, a través de un mail, a las comandancias de la Benemérita.

En el mensaje, enviado entre los días 15 y 16 de abril, se solicitaba a los responsables de la Guardia Civil la “identificación, estudio y seguimiento de […] campañas de desinformación», así como «bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno” en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Dos días después de las polémicas declaraciones, el general, en una intervención ensayada, defendió que la monitorización de las redes sociales trataba «de identificar bulos de origen incierto que pueden generar alarma social», pero no «crítica política».

«El seguimiento de los bulos y desinformaciones no implica más que detectarlos para advertir y disminuir el estrés social», explicó. El asunto generó una profunda crítica de los partidos de la oposición y malestar entre la Guardia Civil.

El número dos de la Benemérita afirmó entonces que la lucha contra los bulos buscaba proteger a las «instituciones del Estado».  Sin embargo, en el documento enviado a las comandancias, se hablaba textualmente de «instituciones del Gobierno».